Leguina rectifica la propuesta de la Cámara de Cuentas para que enfermos mentales graves paguen por usar el sistema público de Madrid

La Cámara de Cuentas ha rectificado el informe adelantado por EL PAÍS en el que planteaba que los beneficiarios de la atención pública por enfermedad mental grave y duradera pagaran parte del servicio para así reducir las listas de espera y compensar un déficit de inversión por parte del gobierno regional que calculó en más de 13 millones de euros solo para el periodo 2021-2022. Así consta en un escrito enviado a la Asamblea regional, y visto por este diario, del que desaparece la referencia original al copago (“a lo que podría contribuir fijar una aportación de los usuarios atendiendo a su capacidad económica”). Joaquín Leguina, expresidente regional con el PSOE, que ahora preside el ente fiscalizador gracias al PP de Isabel Díaz Ayuso, atribuye el cambio a que publicar esa propuesta fue “un error”.

“Se acordó una cosa, y luego algún funcionario, al pasarlo a limpio para enviarlo a la Asamblea, cometió el error”, asegura Leguina, de 84 años, en conversación telefónica. “Así ha sido. Se ha enviado corregido y ya está“, añade el presidente de la Cámara, donde son mayoría los consejeros propuestos por el PP. ”Yo me atengo a lo que dicen los que llevan años en estas cosas. Se consideró que eso era un error. Se cambió. Y al señor que se dedica a enviar las cosas a la Asamblea se le olvidó, o no lo vio”.

Por lo tanto, el análisis original no era un borrador. Al contrario, figuraba como oficial y definitivo en los archivos de la Cámara de Cuentas, y de la Asamblea, según constató este diario. Sobre quién impulsó el debate para borrar la referencia al copago hay versiones contradictorias. Lo que parece claro es que los miembros del Consejo propuestos por el PSOE y Más Madrid estuvieron a favor de eliminarla.

“En la noticia publicada por EL PAÍS figuraba que se incluía una recomendación de copago que debía haber desaparecido a petición de la consejera propuesta por el PSOE y creo que también de la propuesta por Más Madrid”, explica una fuente conocedora del debate. “Al quedar acordado un texto sin la referencia al copago, y publicarse otro, se tuvo que plantear una subsanación de errores”, añade este interlocutor.

De esta manera, la Cámara de Cuentas acumula una nueva polémica desde que la preside Leguina. La primera tuvo que ver con su propia elección como consejero y presidente, impulsada por el PP, lo que le procura unos ingresos de más de 100.000 euros al año. La segunda, con que fichara a su mujer como secretaria. La tercera, con que declinara explicar un informe durante una comparecencia en la Asamblea (“Mi experiencia en estos acuerdos es cero”). Y la cuarta, con la inusual rectificación de este informe, para así cerrar la puerta que se había dejado entreabierta al copago por un servicio público.

Dos hechos absolutamente infrecuentes se dan la mano en ese documento. De un lado, que la Cámara de Cuentas haya tenido que rectificar un dictamen, lo que ha obligado a enviar una comunicación oficial a la Asamblea (“habiéndose detectado error en la página 76 (...) se remite nuevo ejemplar del informe en el que se corrige dicho error”). Del otro, que el ente fiscalizador se exprese con tanta claridad en contra de la gestión del ejecutivo regional.

Así lo resume una fuente parlamentaria: “Sin esa recomendación del copago, el informe es un palo gordo a Ayuso”.

Así, el análisis supone una enmienda prácticamente a la totalidad de este programa, e incluye dar la voz de alarma sobre la falta de profesionales cualificados o el incumplimiento de los ratios paciente-profesional, “que influyen negativamente en la atención a sus usuarios y en la calidad del servicio prestado”.

La Comunidad de Madrid atiende a las personas con enfermedad mental grave a través de recursos especializados que buscan promover su rehabilitación e integración social, además de apoyar a sus familias. En los centros se trata a pacientes con esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos paranoides, otras psicosis, o trastornos graves de personalidad. A aquellos con autonomía se les intenta ayudar a integrarse en el mercado laboral. Y a los que tienen más dificultades se les incluye en un programa de apoyo social que estructure su día a día para ganar en independencia. Sin embargo, llenar de hechos tantas palabras requiere de dinero. Y no se está invirtiendo el suficiente, según los especialistas que han fiscalizado el servicio.

Acumulación de polémicas

“Los créditos consignados han sido insuficientes para prestar el servicio de asistencia social a las personas con enfermedad mental grave y duradera derivadas por los Servicios de Salud Mental de la Comunidad de Madrid, lo que origina listas de espera en todos los recursos de la Red Pública de Atención Social”, se lee en el informe de la Cámara de Cuentas, que cifra en 13.376.719 euros la inversión necesaria para absorber la lista de espera que había a finales de 2022. De ahí que en el informe original se planteara la posibilidad del copago.

Así, la Cámara detalla que la lista de espera se elevó a 1.319, 1.271 y 1.333 usuarios en los ejercicios 2021, 2022 y 2023, respectivamente, lo que refleja que “el incremento de los centros y plazas de la red no ha sido suficiente para absorber, en cada recurso”, la demanda.

La situación también muestra un incumplimiento de los propios estándares de la Administración, según se recoge en el informe, con un claro déficit de plazas en los centros de rehabilitación psicosocial (-37) y en los recursos de atención residencial (mini residencias, con -218; pisos supervisados, con -155; y plazas supervisadas en pensiones de huéspedes, con -26), en función de la ratio mínima calculada necesaria por cada 1.000 habitantes considerada por la Consejería en el Plan 2003-2006.