El Canal de Isabel II asume el fracaso de su expansión internacional y busca vender sus filiales para abandonar América

Cero. Nada. Eso es lo que quiere mantener el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, de las empresas que el Canal de Isabel II fue comprando o participando a principios de siglo para expandirse por todo América. La sentencia que entierra el proyecto es pronunciada el jueves por el consejero Carlos Novillo. “Vamos mejorando en las operaciones en el exterior, y nuestra intención es ir reduciéndolas a cero”, dice en la Asamblea, donde la oposición pide explicaciones sobre el agujero económico. Y así, con esas palabras, se oficializa el final de una apuesta alimentada por la ambición y el boom del Madrid de inicios del siglo XXI; investigada en el caso Lezo de corrupción; y que ahora tiene a la empresa pública enfangada en sendos pulsos judiciales con las autoridades de Colombia y República Dominicana. Un fracaso que el gobierno intenta aminorar con la promesa de ingresos por ventas y laudos favorables que aún no llegan.

“Calculamos que han perdido más de 100 millones de euros pagados con nuestros impuestos”, afirma Ana Cuartero, de Vox, que lleva varias legislaturas persiguiendo la pista del dinero. “No vamos a permitir que el PP pase página sin explicar claramente cuánto dinero hemos perdido por sus fraudes en Latinoamérica”, añade. Y advierte: “Con la sentencia de Lezo pendiente no basta con separar a Ignacio González [expresidente regional] de la vida política. Es imprescindible que el Gobierno de Ayuso explique las pérdidas acumuladas desde el inicio de las operaciones en Latinoamérica”.

El Gobierno actual gestiona la herencia recibida en medio de una situación compleja. Bajo el mando de Ayuso, el Canal ha subido las tarifas que pagan los consumidores por primera vez en un decenio: así espera engordar sus cuentas con 600 millones de euros para financiar su plan de inversiones. Al tiempo, la baronesa conservadora ha autorizado al Canal a endeudarse en cientos de millones. También se ha puesto en marcha un proceso de subasta de viviendas, oficinas y parcelas propiedad de la compañía, con el que se espera obtener más de tres millones de euros, según documentación consultada por este diario en el portal de transparencia. Pero mientras la compañía busca nuevos ingresos con avidez, y mantiene el reparto de dividendos entre sus accionistas, también sigue sangrando por una vía de agua abierta: la expansión americana, sus costes reputacionales y su impacto económico.

“Se espera el cobro de un importante laudo a favor de nuestra filial en Panamá, por un importe que podría alcanzar los 11,6 millones de euros, si se cobran los intereses, y que permitiría recuperar a Canal de Isabel II parte de las inversiones realizadas en Iberoamérica”, dice Novillo en el pleno del jueves, donde se emplea a fondo para asegurar que hay ingresos que equilibrarán el balance deficitario de la aventura. “Tenemos en marcha la venta de la filial brasileña, Emissao”, añade sobre la empresa clave para la trama corrupta que se investiga en el caso Lezo. “Canal podría ir recuperando gradualmente parte de sus inversiones en sus filiales en los próximos años, a la espera de un laudo favorable del gran activo expropiado, la Triple A”.

La intervención produce estupefacción en una fuente conocedora de las finanzas de la empresa pública. Las de Novillo son, viene a decir, algo así como las cuentas de la lechera. Castillos en el aire. Deseos, no hechos.

“Decir que Emissao está a la venta; que de Colombia esperan recuperar una parte de la inversión; y lo del laudo de Panamá, que lleva a la espera de cobro ya unos cuantos años, me parece una tomadura de pelo”, sentencia este interlocutor. ¿La razón? Que, según explica, el laudo data de 2015, no se ha cobrado en un decenio, y cuando se haga habrá que descontar los gastos jurídicos en los que se ha incurrido para lograr una resolución positiva. Este diario solicitó al Gobierno regional que aclarara esos detalles, sin obtener respuesta.

“Además, por mucha diferencia de cambio que haya, Colombia y Brasil doblan pérdidas [en 2024] con respecto al ejercicio anterior, que para no tener casi actividad es mucho decir”, ironiza este interlocutor conocedor de las interioridades de la compañía, que en el último ejercicio también ha registrado pérdidas en República Dominicana, y solo ha sumado números verdes en Ecuador.

Y así, la expansión americana del Canal acumula otra polémica.

2001. Alberto Ruiz-Gallardón preside la Comunidad de Madrid. Es una época de optimismo sin límites. Las empresas públicas de la región (también el Metro) se ponen a hacer negocios en el extranjero. Y el Canal compra Inassa, en Colombia, para apuntalar su internacionalización, que le lleva hasta Brasil, Ecuador, República Dominicana, México o Uruguay.

Los días de vino y rosas acaban en 2017, cuando el caso Lezo estalla con la detención de Ignacio González y exdirectivos de la compañía pública. Casi un decenio después, el expresidente y otras seis personas están a la espera de juicio por presuntamente haberse repartido cuatro millones de euros en mordidas logradas a través del sobreprecio pagado por la compra de la compañía brasileña Emissao. El proceso de compra se dilató entre 2012 y 2014, cuando González era presidente regional.

En paralelo, esta empresa, que Novillo describió el jueves como en proceso de venta, está al borde de la quiebra, según dos auditorías entregadas por Ernst & Young al gobierno regional, y adelantadas por EL PAÍS, pues se enfrenta a “una incertidumbre material que podría generar una duda significativa acerca de la capacidad de la Compañía para continuar en operación”.

Finalmente, el Canal, que perdió un contrato millonario en Santo Domingo (República Dominicana) por “lesionar” los intereses estatales, está pendiente de una reclamación en la Corte de Arbitraje contra el Gobierno de Colombia por la expropiación de una filial del Canal de Isabel II aplicando una ley antinarco. El laudo correspondiente no llegará, como pronto, hasta finales de 2027, según documentación de la propia empresa.

“A la vista de lo que estamos viendo, con cierre de empresas, un entramado societario complejo..., parece que el motivo de la expansión no era tener un impacto positivo en la ciudadanía de esos países”, ironiza Diego Cruz, diputado del PSOE. “Hay operaciones que en algunos casos no solo han sido un desastre económico y una vergüenza, con un daño reputacional tremendo para Canal de Isabel II, sino también un refugio donde ha anidado la corrupción y la máxima desvergüenza en la gestión pública”, sentencia.

Son palabras que resumen la larga lista de fiascos que recogen en detalle las últimas cuentas anuales publicadas por la empresa, y correspondientes a 2024. El Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional investiga las operaciones llevadas a cabo para la compra de las mercantiles Canal Extensia América, S.A. y Emissâo por Canal de Isabel II, S.A., M.P. y su grupo empresarial. Hay pleitos de distinto tipo en Uruguay, Brasil, Panamá o Perú. Se busca el reequilibrio económico de la concesión de la gestión del agua de Cáceres (Extremadura), vigente hasta 2039. Y Canal Gestión Lanzarote también está en problemas.

Reestructuración

Por todo ello, el ejecutivo regional adereza con lenguaje burocrático una decisión que lo dice todo: vender sí o sí las filiales... si es que se encuentran compradores. Porque en México, por ejemplo, directamente se ha optado por la liquidación de dos filiales de Canal Extensia, la empresa con la que el Canal controla sus marcas en el extranjero.

“[El cierre de las empresas mexicanas] entra dentro del proceso de racionalización de las estructuras societarias de Canal que se viene realizando en los últimos años para ganar eficiencia, ya que habían perdido la finalidad con la cual se crearon en su momento”, asegura un portavoz gubernamental. “En la actualidad no tienen actividad y desde un principio de buena organización empresarial, se autoriza su liquidación como parte de la estrategia general de la compañía de centrarse en la inversión y la gestión del ciclo del agua, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid”, añade. “Hace años se autorizó también la liquidación de otra empresa, Aguas de Tumbes”, sigue. Y recalca: “Actualmente, se está en un proceso de reorganización centrado en la Comunidad de Madrid”.

Traducido: hay que volver a casa, a Madrid, tras el fiasco de la expansión internacional.