2025, el año en que volvieron los fantasmas de la guerra y la violencia en Colombia

Este año, Colombia volvió a vivir hechos que parecían haber quedado atrás hace dos o tres décadas: un magnicidio, tomas armadas que paralizaron municipios, bombardeos repetidos sobre campamentos de grupos armados ilegales. Aunque el contexto es distinto y los actores armados se han fragmentado, en 2025 la seguridad y el orden público marcaron la agenda política y social. El balance es agrio, incluso para el mismo Gobierno de Gustavo Petro. En julio, en medio de la instalación del Congreso, el presidente admitió el fracaso de su ambiciosa política para negociar con todos los grupos armados en simultánea: “es obvio que no se ha logrado la paz total”. Aunque fue apenas una mención en un largo discurso, la declaración no pasó desapercibida. La política de paz total fue una de sus banderas desde la campaña en 2022, pero no ha tenido los mejores resultados. Iván Mordisco, el mayor enemigo público de Petro y cabeza de una de las dos grandes disidencias de las extintas FARC, ya le había declarado la guerra al Estado, el presidente lo había catalogado como integrante de la Nueva Junta del Narcotráfico y se había anunciado una recompensa de más de 5.000 millones de pesos (alrededor de 1,3 millones de dólares) por información que permita encontrarlo.

El año de las crisis humanitarias

El balance del año se puede leer desde los extremos del calendario, y desde el renacer de los grandes hechos de violencia que se convierte, como en el cambio de siglo, en enormes crisis humanitarias. Comenzó en enero, cuando una ofensiva del ELN contra el llamado frente 33 de las disidencias en el Catatumbo, en medio de la población civil, dejó más de 80.000 personas desplazadas, en la que las organizaciones de derechos humanos calificaron como la peor crisis humanitaria en la historia reciente. La última guerrilla en armas de Colombia, que mantenía diálogos de paz, amenazó a los firmantes de paz, levantó comunidades enteras y reinstaló prácticas de control armado. Y terminó en diciembre en Buenos Aires, Cauca, con una toma armada de más de nueve horas, que recuerda los episodios más duros del conflicto. En el primer episodio, el ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC se enfrentaron durante más de tres meses en medio de la población civil.

Otras regiones rurales vivieron emergencias profundas a lo largo de 2025. En el sur del departamento de Bolívar, enfrentamientos entre el ELN, el Clan del Golfo y disidencias de las FARC por el control de la Serranía de San Lucas desencadenaron desplazamientos forzados, confinamientos y amenazas. En lo corrido del año se registraron cuatro desplazamientos masivos, cinco poblaciones confinadas, homicidios selectivos, reclutamiento de menores y un aumento en el uso de artefactos explosivos improvisados, según alertó la Defensoría del Pueblo.

Los ceses de los ceses

Los ceses al fuego, como los fracasados en la segunda década de los años noventa, marcaron buena parte del debate sobre seguridad durante el año. Hasta abril mantuvo los ceses bilaterales con el ELN y con la disidencia conocida como Estado Mayor de Bloques y Frente, dirigida por Calarcá Córdoba. Sin embargo, quedaron afectados por incumplimientos reiterados: enfrentamientos entre grupos armados, ataques a la fuerza pública, extorsiones y control territorial sobre comunidades. En el caso del ELN, el Gobierno consideraba el cese como su apuesta más sólida en su política de negociación de la paz total, pero terminó erosionado por hechos de violencia contra la población civil y por la incapacidad de traducir la negociación en una reducción sostenida de la confrontación en las regiones.

Leonardo González, director de la organización de derechos humanos Indepaz, explica que esos ceses generaron alivios humanitarios en la población civil, pero ayudaron a que los grupos armados se robustecieran. “Hubo una disminución importante de las violencias en donde se implementaron, como es el caso del Caquetá y Cauca. Con todo y los incumplimientos fueron alivios. Pero cuando se levantaron, se dispararon las agresiones”, señala. Según él, para el Gobierno ha sido importante diferenciar los atentados al orden público y la política de paz total, y por eso se ha centrado en atacar al Estado Mayor Central, la disidencia que dirige Iván Mordisco. “Es un mensaje político: los que no están en la paz total, son tratados con mano dura”.

El regreso a herramientas fracasadas

Para Luis Fernando Trejos, docente e investigador del conflicto armado, este año evidenció “un desgaste irreversible de la política de paz total”. Según explica, los ataques llevaron a que, en febrero, el Gobierno de izquierda recurriera a designar a un general de la República como ministro de Defensa, una tradición superada hace más de tres décadas y criticada por el progresismo. “El Gobierno se ha visto forzado a traicionarse a sí mismo, incumpliendo promesas de campaña y principios que había fijado como bandera”, señala. Ese cambio se reflejó en revivir herramientas que parecían enterradas y que Petro había cuestionado de forma reiterada: abrió la puerta a la aspersión con glifosato y al bombardeo de campamentos de los grupos armados. En noviembre, un operativo en la selva del amazónico departamento del Guaviare que dejó ocho menores de edad muertos levantó molestia entre las bases progresistas que han respaldado al presidente porque, bajo su antecesor Iván Duque, el mismo Petro criticó que las bombas del Estado asesinara a niños y niñas que integraban los grupos ilegales.

La violencia vuelve a la política

El 7 de junio, cuando la campaña por la presidencia comenzaba a tomar forma, la violencia la tocó de frente. Un atentado contra el precandidato opositor Miguel Uribe Turbay, cuando hacía un mítin político en el occidente de Bogotá, reabrió el debate sobre la seguridad de los líderes políticos y trajo al presente una palabra que parecía enterrada desde los años noventa: magnicidio. Tras dos meses internado en la Fundación Santa Fe, el 11 de agosto murió el también senador del Centro Democrático. El crimen, del que no se conocen los autores intelectuales, obligó al Gobierno a reforzar esquemas de protección, alteró el arranque de la contienda electoral y confirmó que el deterioro de la seguridad afecta incluso al corazón del poder político.

Regresa con fuerza la guerra urbana

El segundo semestre del año estuvo marcado por una cadena de atentados potentes en grandes centros urbanos, algo que si bien no ha desaparecido, no se repetía con la misma fuerza. Cali, la tercera ciudad del país, se convirtió en el principal foco. El llamado frente Jaime Martínez, de las disidencias de Mordisco, es señalado de al menos cinco ataques: el 25 de abril, una explosión frente a una estación de Policía dejó a un uniformado herido; el 18 de mayo, otra lesionó a tres policías y a cuatro civiles, entre ellos dos menores de edad; el 10 de junio, tres atentados casi simultáneos sacudieron distintos puntos de la ciudad y dejaron una docena de heridos. Pero el episodio más grave fue en agosto, con el estallido de dos camionetas bomba frente a la base aérea, que asesinaron a seis personas. Y en diciembre, varios ataques dejaron dos uniformados muertos.

La toma por horas de un pueblo

El cierre del año revivió uno de los grandes traumas del conflicto, las tomas a pueblos. En diciembre, el municipio caucano de Buenos Aires, a solo 50 kilómetros por aire de Cali, estuvo en poder de cientos de ilegales durante más de nueve horas, en las que atacaron de forma sostenida la estación de Policía y paralizaron el casco urbano. El episodio, atribuido a estructuras disidentes de las FARC, evidenció la capacidad de algunos grupos ilegales de sitiar municipios enteros y desafiar a la Fuerza Pública en la cercanía de una gran ciudad.