La Fiscalía imputa a Juliana Guerrero por falsedad en sus títulos universitarios

Los líos judiciales de la poderosa Juliana Guerrero, muy cercana al presidente Gustavo Petro y fallida candidata a viceministra de Juventud, siguen creciendo. La Fiscalía General de la Nación ha radicado en la mañana de este lunes una solicitud formal de audiencia de imputación de cargos contra ella, por la presunta falsedad en sus títulos universitarios obtenidos en la Fundación San José. La fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, la señala de los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público y ha informado que pedirá la prisión domiciliaria preventiva para la exfuncionaria del Gobierno.

El proceso también avanza en contra de Luis Carlos Gutiérrez, antiguo secretario general de la Fundación, señalado de ser quien gestionó los títulos para Guerrero en la institución educativa. Hace unos meses, Gutiérrez asumió la responsabilidad en un acta interna en la que reconoce que Guerrero se graduó sin los requisitos necesarios, un trámite que ella necesitaba para poder ser nombrada viceministra por Petro. La Fiscalía lo investiga por los mismos delitos que a ella, y también pedirá casa por cárcel para el exdirectivo. Ni Guerrero ni Gutiérrez se han referido a la noticia.

El caso viene desde el año pasado, cuando denuncias de distintos medios de comunicación y de la congresista Jennifer Pedraza mostraron que Guerrero no presentó nunca el examen Saber Pro, necesario para graduarse, y que tampoco asistió a clases para obtener sus títulos de técnica y profesional en contaduría pública. Por eso, el presidente tuvo que retirar la postulación de la joven de 23 años al alto cargo en el Ejecutivo. Pese al escándalo, la joven sigue siendo la delegada del Gobierno en el consejo directivo de la Universidad del César, departamento del que es oriunda, y mantiene poder en círculos íntimos del presidente. Hace dos semanas, Petro nombró como nueva directora del Departamento Administrativo de Presidencia a Nhora Yhanet Mondragón, cercana a Guerrero.

Juliana Guerrero tuvo un ascenso vertiginoso y difícil de explicar en las altas esferas del poder en Colombia. En pocos meses, pasó de ser una militante del movimiento estudiantil de la estatal Universidad Popular del Cesar, a controlar recursos públicos y puestos claves en distintas entidades del Ejecutivo. Su cercanía con el presidente la llevó a ocupar cargos en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, ser enlace territorial del Ministerio del Interior y finalmente ser jefe de gabinete de la misma cartera sin haberse graduado de la universidad ni tener ninguna experiencia relacionada.

En paralelo, la Fiscalía investiga si el caso de Guerrero es aislado o representa un problema sistemático. De acuerdo con las denuncias de la representante a la Cámara Catherine Juvinao, del Partido Verde, la Fundación Universitaria San José graduó de forma irregular al menos a 24 funcionarios y contratistas actuales del Gobierno, incluida una secretaria del despacho del presidente. Seis de esos trabajadores recibieron su título de técnicos, tecnólogos o profesionales sin presentar el examen Saber Pro. Los 18 restantes presentaron el examen semanas o meses después de recibir el diploma, una falta que también invalida cualquier título de acuerdo a la Ley 1324 de 2009 y al Decreto 4216 de ese mismo año, que establecen que esta prueba “es un requisito previo y obligatorio para la obtención de un título profesional”.

El asunto más grave es que, en varios de estos casos, las personas lograron ser contratadas en las entidades públicas gracias a los títulos irregulares, lo que podría causar un detrimento patrimonial. “Ocurre en los casos en los cuales, sin el título, no cumplían los requisitos para posesionarse”, dijo Juvinao en diálogo con EL PAÍS. De acuerdo con la investigación de la congresista por Bogotá, los contratos adjudicados a estas personas entre 2023 y 2025 le costaron al país más de 1.100 millones de pesos.

Según la denuncia, que Juvinao entregó a la Contraloría y a la Procuraduría, 10 funcionarios trabajan en el SENA, 2 en la Unidad Nacional de Protección, 2 en el Invima, 2 en el DANE, 2 en la Aerocivil. Con un caso aparecen otras entidades: los ministerios de Salud y de Transporte, la DIAN, la Superintendencia de Servicios, la Presidencia, la Corporación Aeronáutica Colombiana y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El Ministerio de Educación anunció que también está evaluando a la universidad para ver si cumple o no con los estándares de calidad necesarios. Se espera que se publiquen los resultados de la investigación en las próximas semanas.