La Suprema Corte allana el camino de la justicia en la desaparición de la activista Claudia Uruchurtu en Oaxaca

El camino a la justicia en el caso de Claudia Uruchurtu se despeja, tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este lunes de anular la absolución de uno de los presuntos responsables de su desaparición, Jhoan Ricardo Matus. Uruchurtu desapareció en marzo de 2021, en su pueblo, Asunción Nochixtlán, en Oaxaca. Ocurrió tras una manifestación en la que participó contra el equipo de Gobierno municipal, en manos de Morena. Las sospechas apuntaron enseguida al Ejecutivo local, pero el paso por los juzgados no ha sido el que esperaba la familia de la víctima.

Uruchurtu nunca apareció, ni viva ni muerta. Al poco de iniciar las investigaciones, las autoridades en Oaxaca detuvieron a la alcaldesa, Lizbeth Huerta. Luego cayeron varias personas de su equipo, Antonio Hernández, su escolta, autor material de la desaparición y del asesinato posterior de la mujer, y también Nelci Yanet Vázquez y Rolando Aquino, que ayudaron a Hernández a mover el cuerpo el día después del ataque. Más tarde cayó Matus, pareja entonces de la alcaldesa Huerta, condenado en primera y segunda instancia por la autoría intelectual de la desaparición, a 50 años de cárcel.

Nada anticipaba las decisiones posteriores de la justicia. Mientras los tribunales confirmaban sentencias de 60 años contra Hernández, y de 45 contra Vázquez y Aquino, redujeron la de la alcaldesa Huerta, descafeinada la acusación en su contra, de desaparición forzada a obstrucción a la justicia. Huerta cumplió una condena de cuatro años y salió de prisión. Lo siguiente fue peor. En tercera instancia, un tribunal colegiado anuló la condena contra Matus y lo dejó libre, decisión que se tomó en agosto.

El tribunal argumentó entonces que las evidencias no eran suficientes para la condena, que las pruebas circunstanciales -la gente que había visto cómo metieron a Uruchurtu en una camioneta roja el día de su desaparición, por ejemplo- no desterraban toda duda razonable sobre la participación de Matus. La familia y los abogados de Uruchurtu, que había sido muy crítica con la gestión de Huerta en Nochixtlan, recurrieron la absolución, que llegó a finales de año a la SCJN para determinar el estándar probatorio necesario en casos así.

Este lunes, por fin, los ministros de la Suprema Corte votaron y decidieron anular la absolución. “El Pleno [de la SCJN] advirtió que el tribunal colegiado omitió analizar la gravedad, complejidad y naturaleza del delito de desaparición forzada, así como el carácter de defensora de derechos humanos de la víctima”, ha dicho el Alto Tribunal en un comunicado. “[El tribunal] se limitó a cuestionar la credibilidad de un testigo colaborador sin considerar el contexto del caso ni la validez de la prueba circunstancial, la cual resulta fundamental ante la clandestinidad que caracteriza este delito y las dificultades estructurales para obtener pruebas directas”, ha añadido.

José Juan Julián, parte del equipo de abogados de la familia, ha celebrado el fallo, aunque se ha mostrado cauto. En conversación con EL PAÍS, ha dicho: “Jhoan está libre. Después de su amparo, en agosto, de 2025 salió en libertad. Él fue el enlace en cuanto a la autorización de los vehículos que fueron empleados para la desaparición. También en el tema de las comunicaciones, para que la presidenta estuviera enterada de los hechos. Era el enlace con la presidenta, encargado de autorizar los movimientos de los autores materiales”.

El caso fue muy sonado durante la administración pasada, con Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en la presidencia. El caso de Uruchurtu suponía el primero que ligaba a funcionarios públicos de Morena con la desaparición forzada de una defensora de derechos humanos. El mismo López Obrador se refirió al caso en sus conferencias de prensa matutinas, señalando que no habría impunidad, cayera quien cayera. El mandatario salió de Palacio Nacional, con la justicia todavía en el horno. La decisión de este lunes devuelve el caso a su cauce.

Ahora, la familia deberá esperar. Entre que la sentencia sale de la SCJN y vuelve al colegiado pasarán un par de semanas. Lo que tarde después el tribunal en volver a dictar sentencia, acatando los criterios que ha establecido la Corte es un misterio. “Para la absolución de Jhoan tardaron 10 días”, dice, irónico, el abogado Julián, “esperaría que ahora no tarden más de 15 días”, añade. Otro frente es el caso de la alcaldesa Huerta, cuya pequeña sentencia recurrieron los abogados de Uruchurtu. “Ante su condena solo por obstrucción, nosotros promovimos un amparo, antes incluso que el amparo de Jhoan. Eso fue en enero de 2025 y el tribunal colegiado aún no resuelve. De hecho, nosotros solicitamos que la SCJN atrajera también ese caso, y estamos a la espera”, zanja Julián.