La defensora del Pueblo, Iris Marín, alerta sobre una crisis presupuestal en la entidad

Más de 5.000 abogados públicos y contratistas terminaron diciembre sin recibir sus honorarios debido a un retraso en los desembolsos por parte del Ministerio de Hacienda. Así lo confirmó la defensora del Pueblo, Iris Marín, tras una serie de reclamos por la ausencia de pagos en la red social X, quien, además, señaló que esta es apenas la punta de lanza de una crisis financiera que atravesará la entidad el próximo año. En el presupuesto designado para 2026, aprobado en octubre de este año, a la Defensoría del Pueblo se le recortaron al menos 60.000 millones de pesos. Y aunque el dinero para pagar los sueldos de diciembre a los miles de trabajadores de esa entidad se haría en enero, según Marín, esa serie de reveses genera numerosas dudas sobre el destino de la entidad protectora de derechos humanos.

“¿Qué significa en la práctica la autonomía presupuestal constitucional de la Defensoría del Pueblo?”, se preguntó Marín en X este fin de semana, tras denunciar de nuevo los aprietos económicos que enfrenta la entidad y que, en esta ocasión, recayó de forma particular en los abogados públicos, encargados de defender a los ciudadanos que no pueden pagar representación judicial. “Esta situación afecta de manera directa al eslabón más débil de la cadena del sistema penal, el defensor público”, reclamaron desde el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.

Marin, quien desde hace meses había encendido las alarmas, ha sido reconocida por su independencia frente al Gobierno, pese a que ella fue ternada por el mismo Gustavo Petro para llegar al cargo. Por eso, cuando en octubre se debatió el presupuesto para el próximo año en el Congreso y la Defensoría sufrió una disminución sustancial, las dudas sobre si el recorte era una afrenta por esa independencia, cobraron relevancia. “Espero que el Gobierno pueda entender que [hacer pronunciamientos críticos] es mi función constitucional. La independencia implica unos pronunciamientos en contra de decisiones, no solo del Gobierno, sino de otros sectores”, dijo en una entrevista radial hace un par de meses, reivindicando su neutralidad.

Aun así, pese a sus gritos de auxilio, la reducción siguió en firme — la diferencia entre lo que solicitó y lo que quedó establecido fue de 151.000 millones (alrededor de 38 millones de dólares) — y, ya al cierre del año, los temores empezaron a materializarse. La reducción genera mayor preocupación por el papel clave que juega la Defensoría del Pueblo en medio del cruento auge de violencia armada que atraviesa el país. En días pasados más de 250 personas fueron desplazadas en la zona del Catatumbo, ya que huían de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC.

“Esto no es un hecho aislado ni un simple retraso administrativo. Es una muestra clara del trato que el Gobierno le ha dado a la defensa de los derechos humanos”, afirmó en redes sociales Leonardo González, director del observatorio de violencia Indepaz. “Que más de 4.200 defensores y defensoras públicas no hayan recibido su pago a tiempo, pese a que la Defensoría del Pueblo hizo lo que le correspondía, muestra que esta labor no está siendo tratada como una prioridad por parte del Gobierno”, añadió.

Hasta el momento, ni el presidente ni el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se han pronunciado públicamente al respecto, y de acuerdo con declaraciones de la abogada, tampoco lo han hecho directamente con ella.