El general fulminado por Petro por un supuesto sabotaje: “Había una mala intención de querer sacarme de la Policía”

En la sala de su casa en Cali, lesionado tras una caída, el general Edwin Urrego recibió en el celular un video que terminaría por finiquitar su carrera. Al menos, de momento. En la pantalla, el presidente Gustavo Petro hablaba de sabotajes, de conspiraciones para arruinar su reunión con Donald Trump, de un supuesto plan para sembrar droga en su vehículo presidencial. E indirectamente lo señalaba. Inmovilizado, vio cómo su cargo y su reputación se desmoronaban.

“Me sorprendí, porque esa información, no importa por dónde uno la analice, carece de veracidad”, cuenta por teléfono a EL PAÍS desde ese mismo sofá donde vio el mensaje que lo llevó sorpresivamente a todos los titulares.

Urrego, que lleva dos días sin despegarse de su teléfono y sin parar de hablar con los medios, no quería dar esta entrevista. “Quienes me asesoran legalmente me han recomendado que no hable más”, se disculpa. Al final accede, aunque mide cada palabra.

El señalamiento de Petro no fue directo, pero bastaron un par de frases para que los periodistas ataran cabos. “Eso tiene que ver con usted. Le allanaron su casa. Era para eso”, dijo el presidente, mirando a su ministro del Interior, Armando Benedetti. Urrego fue quien coordinó a los oficiales que participaron en el registro de la casa del ministro en Barranquilla, en noviembre del año pasado, un episodio que enfureció a Benedetti.

“Cuando mencionó lo del allanamiento de Barranquilla, pensé: se refiere a mí”, recuerda. Dudó unos minutos. Después comenzaron las llamadas de los medios. En apenas unas horas se firmó la orden para retirarlo de la Policía. Siguió su propio caso por la prensa, sin poder hacer mucho más que atender el teléfono y ver cómo la decisión se oficializaba. Por su excusa médica no pueden notificarle su retiro, pero será cuestión de tiempo.

Urrego, hasta entonces comandante de la Policía de Cali, asegura que no daba crédito a lo que veía, aunque admite que desde hacía meses sabía que su cargo pendía de un hilo. Por esta y otras situaciones de las que, por ahora, no quiere hablar. “Lo daré a conocer cuando llegue su momento”, advierte.

Dos días después de las declaraciones del presidente comenzó a circular el informe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en el que se sustenta la denuncia de un supuesto complot. Ninguno de los medios que han tenido acceso al documento han publicado pruebas concluyentes que vinculen a Urrego con el sabotaje. El general, que lo ha leído por fragmentos filtrados en la prensa, lo considera un informe “carente de criterio”, construido sobre un anónimo “verificado de manera escueta” y sin elementos materiales probatorios.

“Ese comunicado no obedece a una realidad, es totalmente una desinformación”, insiste. Niega que haya existido un plan para sembrar cocaína en el vehículo presidencial y para responsabilizar después al mandatario o al ministro. Niega alianzas políticas. Niega cualquier acercamiento a agencias extranjeras, como sugiere el informe. “Todo es falso”, resume. Evita usar el término venganza, pero ve claro un objetivo: “No sé qué palabra quiere darle usted, pero había una mala intención de querer sacarme de la Policía Nacional”.

Junto a Urrego, también ha sido retirado del servicio el coronel Óscar Moreno Arroyave, que opera en la localidad norte de Barranquilla. También fue señalado como responsable del supuesto sabotaje.

Urrego advirtió que denunciará: “Interpondré las acciones legales que permitan esclarecer estos hechos y limpiar mi nombre”.

– ¿Contra quién?

— ¿Contra quién cree usted?

La dimensión del caso va más allá de Urrego y Moreno. La siembra de cocaína en el vehículo presidencial ha revelado en muy pocas horas nuevos episodios de cómo se mueve el poder en las cloacas. Por un lado, ha dejado de manifiesto lo fácil que es acabar con la carrera y la reputación de cualquiera, sin juicio, sin pruebas conocidas, sin dar más explicaciones. Por otro, han vuelto a quedar expuestas las tensiones entre sectores de inteligencia y cómo la información de la DNI, un organismo que depende directamente de la presidencia y que Petro ha puesto en manos de personas de su confianza —varios de ellos antiguos compañeros suyos de armas en el M-19— acaba convertida en munición política.