Colombia se espía a sí misma: Pegasus destapa el fuego amigo en el gabinete de Petro

El celular se quedaba constantemente sin internet. Los mensajes de WhatsApp leídos volvían a aparecer como nuevos. El iPhone 15 del ministro de Justicia de Colombia, Andrés Idárraga, empezó a hacer tantas cosas raras que decidió investigar. Ya otras señales le hacían sospechar que le estaban espiando: movimientos extraños, hombres observando sus rutinas y las de sus hijas, el mismo Chevrolet una y otra vez. A Idárraga, que antes de ser ministro investigaba los vínculos de militares con grupos armados ilegales, lo estaban siguiendo. En la calle, denuncia, pero también en el teléfono. Y no con cualquier herramienta, sino con Pegasus, el carísimo software israelí que ha protagonizado escándalos de espionaje en países como España, Francia o México. Dos vías distintas, dos vigilancias paralelas. No necesariamente de los mismos actores.

Idárraga activó entonces su propia contrainteligencia para destapar a quienes lo vigilaban, encargó informes forenses que confirmaron sus sospechas y, con todo ese material, entró en el despacho del presidente Gustavo Petro a mediados de diciembre.

—Voy a denunciarlo públicamente.

No era una consulta. Era un aviso. Desde ese momento, el caso no ha dejado de escalar.

La denuncia estalló semanas después, en plena negociación con Estados Unidos para apaciguar las tensiones acumuladas en los últimos meses, y desató una nueva tormenta en un gabinete acostumbrado al fuego amigo. Pero lo que revelaba iba más allá de las habituales riñas entre los distintos sectores de poder que rodean al presidente de izquierdas. Los seguimientos no procedían de un gobierno extranjero ni de enemigos políticos. Apuntaban hacia las entrañas del Estado, hacia supuestos aliados y compañeros. No se trataba solo de un episodio de vigilancia, sino de algo más inquietante: el poder boicoteándose a sí mismo.

Idárraga señaló directamente a los militares como responsables de infiltrar el arma cibernética más poderosa que existe en su teléfono. “Estaban armando una campaña de desprestigio en mi contra por la información que yo estaba recibiendo sobre casos de corrupción en el interior de las fuerzas militares”, explicó en su perfil de X, en referencia a su trabajo como secretario de Transparencia. Desde ese momento —aunque no lo señaló de forma directa— el ministro de Defensa, el general retirado Pedro Sánchez, pasó a situarse en el centro de las sospechas.

Sánchez —conocido internacionalmente por haber liderado en 2023 el rescate de cuatro niños perdidos en la selva tras un accidente de avioneta— ha negado todas las acusaciones. En privado, el general en retiro de la Fuerza Aeroespacial sostiene que Idárraga fue engañado. En público, ha cuestionado la veracidad de un informe reservado de la contrainteligencia militar que demostraría que se ordenaron seguimientos para identificar a los informantes del ahora ministro de Justicia. “Ese documento es falso”, aseguran fuentes militares, que han detallado a EL PAÍS las diferencias técnicas con documentos originales. El ministro de Defensa, que coordina tanto a las Fuerzas Militares como a la Policía Nacional, entregó además un informe a Petro con una conclusión tajante: no tienen Pegasus ni lo utilizan. “Consignar eso por escrito y que luego se demuestre lo contrario implica cárcel”, sostienen esas mismas fuentes.

—Pero si no han sido los militares, ni la policía, ¿quién queda?

La pregunta provoca unos segundos de silencio.

Por sus declaraciones públicas, Idárraga no tiene dudas de que los seguimientos físicos fueron obra de sectores militares, pero las acusaciones sobre Pegasus se han ido difuminando en los últimos días y el círculo de sospechas se ha ampliado. Según fuentes conocedoras del caso, la mira recae sobre otros mandos castrenses, pero también sobre policías e incluso actores civiles actuando por su cuenta. Su hipótesis es que puede haber complicidades entre grupos criminales y algunos sectores policiales que se digan: ‘Paguemos Pegasus para infiltrar al gobierno Petro y acabar con él’. Aún más en campaña electoral. Pero todos —incluso la Dirección Nacional de Inteligencia— niegan tener ese software.

Cuando la trama parecía ya lo suficientemente enredada, entró en escena Armando Benedetti, polémico ministro del Interior y principal articulador político de Petro. “En mis teléfonos está Pegasus. La gran pregunta es si está en manos de agencias del Estado o si hombres del Estado están manipulando Pegasus”, denunció hace una semana en su cuenta de X. Por orden del presidente, la policía investiga ahora el alcance de la infección de teléfonos con el software israelí.

El caso está ahora en la fiscalía. “Que investiguen, quizá eso ayude a encontrar quién y por qué está detrás de todo esto”, dice a EL PAÍS una fuente relacionada con el caso.

Mientras en el resto del mundo Pegasus se ha utilizado para espiar a gobiernos extranjeros o a quienes los Estados consideran enemigos —desde disidentes y activistas hasta periodistas—, en Colombia las denuncias apuntan hacia dentro. El caso ha expuesto de forma descarnada un mundo subterráneo de información, escuchas y operaciones de contrainteligencia ilegal que buscan acumular material para cuando resulte útil. Lo más inquietante es que nadie parece saber quién lo está haciendo. “Colombia perdió el control de Pegasus”, explican fuentes de la Inteligencia colombiana. “En su momento lo compró la Policía, pero después se perdió su rastro”.

Los pinchazos ilegales no son una novedad en el país y de ellos han sido víctimas políticos, periodistas o magistrados. Pero en septiembre de 2024, Petro reveló que el software había entrado en Colombia en 2021, con el gobierno de Iván Duque. Dijo que lo compró la Policía Nacional —con dinero de Estados Unidos—, pero se desconoce cuántas veces se renovó su licencia anual y por parte de quién. “Ese descubrimiento generó una paranoia en el Gobierno”, dice una fuente conocedora del caso.

El iPhone de Idárraga llegó a sufrir hasta 3.000 ataques diarios, según el informe de peritos expertos. El software extrajo 2,3 gigabytes de información, el equivalente a unos 500.000 correos electrónicos con archivos adjuntos. En ese teléfono estaban las conversaciones con sus denunciantes de corrupción, que le confesaron los vínculos criminales entre los cuarteles y grupos criminales. También había chats e informes que solo conocía el presidente Petro y buena parte de su vida privada, incluida la de su esposa y sus hijas. Todo quedó expuesto. Por eso estos días, aquellos que ya han caído en conspiraciones parecidas, recuerdan que desprestigiarte es también una forma de matarte.