La denuncia del ministro de Justicia por supuesto espionaje abre un nuevo capítulo del uso de Pegasus en Colombia

El sistema israelí de espionaje Pegasus es el último protagonista de las disputas internas en el Gobierno de Gustavo Petro. El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, denunció la semana pasada que, supuestamente, su teléfono estuvo intervenido por este software. Según la investigación de una compañía forense contratada por el funcionario, al menos 2,3 gigas de información fueron extraídas del dispositivo y se registraron más de 8.000 acciones remotas, incluida la activación del micrófono en 134 ocasiones. Idárraga acusó al Ministerio de Defensa, liderado por el general en retiro Pedro Sánchez, de dar la orden para espiarlo. Aunque el ministro rechazó el señalamiento, al asegurar que Pegasus no funciona en Colombia desde 2022, otro miembro del Ejecutivo ha revivido una denuncia similar. “En mis teléfonos está Pegasus”, afirmó el fin de semana el jefe del Interior, Armando Benedetti.

Las denuncias han llegado a la Casa de Nariño. El presidente Gustavo Petro convocó el lunes una reunión de alto nivel en la Casa de Nariño con la cúpula militar y los ministros Idárraga y Sánchez para analizar la situación y rebajar la tensión entre su gabinete. Fue cancelada a última hora. La nueva grieta que abre esta disputa deja cada vez más débil la unidad en el Ejecutivo, en el que hace poco renunció la directora de Presidencia, Angie Rodríguez, tras un enfrentamiento directo con Carlos Carrillo, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Se suma a otros casos, como los altercados entre Benedetti y el exministro de Justicia Eduardo Montealegre, o la pelea entre el líder de Interior y Augusto Rodríguez, jefe de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La supuesta intervención del dispositivo de Idárraga habría ocurrido entre agosto y noviembre, cuando trabajaba como secretario de Transparencia de la Presidencia, un cargo dedicado a denunciar irregularidades y diseñar políticas contra la corrupción. Durante esa época, antes de recibir el encargo del presidente como ministro de Justicia, investigó las posibles alianzas de militares con las disidencias de las FARC, tanto las de Iván Mordisco como las de Iván Márquez. También indagó las posibles advertencias a los criminales sobre operaciones en marcha para que pudieran escapar a tiempo.

Sánchez negó cualquier implicación con el supuesto espionaje a su colega. “Jamás se ha ordenado desde el Ministerio de Defensa o desde cualquier fuerza hacer un seguimiento como esa información falsa que le hicieron llegar a nuestro ministro de Justicia”, manifestó. El jefe de Defensa también defendió al sargento Darwin Ramírez, acusado directamente por Idárraga. “Exponer el nombre y las imágenes del sargento lo pone en riesgo y viola su privacidad. También afecta el debido proceso y el buen nombre de este suboficial”, señaló.

Ante la denuncia de Idárraga, Benedetti manifestó su solidaridad. “Sé de la rabia y la impotencia que produce ser objeto de esa bajeza. ¡Solo tengo sospechas de quién me lo tiene aún puesto en mi teléfono celular! ¡Qué cobardes y miserables son estas personas!”. El ministro había denunciado en diciembre haber sido víctima de Pegasus. En ese momento afirmó que, al ser tan costoso el software, solo “lo tienen los gobiernos”, por lo que cerró la puerta a que se tratara de cualquier grupo criminal. Para Benedetti, “la gran pregunta” es “responder si [Pegasus] está en las agencias del Estado o si hombres del Estado lo están manipulando”.

La adquisición de Pegasus por el Estado colombiano ha sido polémica desde septiembre de 2024, cuando Petro informó que su predecesor, Iván Duque, lo había comprado en 2021. Según denunció el presidente en una alocución, el anterior mandatario pagó por él 11 millones de dólares, en efectivo, originados en fondos de Estados Unidos y en medio del estallido social. Muchos sugirieron que el político conservador lo obtuvo con el fin de espiar a los gestores de las manifestaciones que pusieron en jaque a su Gobierno. Pese a esas denuncias, de altos cargos del Estado, la Fiscalía ha mantenido que no existen certezas de que el programa se hubiera usado en el país.

Petro reveló entonces que fue la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) la entidad que realizó la compra a NSO Group, la compañía israelí que desarrolló Pegasus. El software es muy cuestionado y ha sido objeto de denuncia como elemento clave en abusos de agencias de seguridad en varios países, como España. Basta tener el número de un abonado a la telefonía celular para interceptar los dispositivos electrónicos, acceder a sus cámaras y micrófonos en cualquier momento y conocer la geolocalización de los teléfonos.

La Ley de Inteligencia y Contrainteligencia colombiana establece que los organismos del Estado deben respetar el derecho a la privacidad y a la protección de información personal. Por eso, exige que todas las intervenciones a líneas telefónicas o dispositivos tecnológicos deben estar cobijadas por una orden judicial previa, y que un juez solo puede dar ese aval en el marco de una investigación y con motivos fundados.

Para sustentar que no hay ningún tipo de espionaje contra Idárraga, Sánchez convocó una Junta Extraordinaria de Inteligencia Conjunta que incluyó a los jefes de las Fuerzas Militares, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial, entre otros. En la reunión se concluyó que “las entidades del sector defensa no poseen ni utilizan este software”. Además, el Ministerio de Defensa negó que se emita cualquier orden de espionaje sin aval judicial de parte del sector.