EL PAÍS entrega al Vaticano un informe con testimonios contra 13 acusados de pederastia en la Iglesia de Colombia

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es

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La investigación sobre la pederastia en la Iglesia católica latinoamericana que lleva al cabo EL PAÍS en los últimos años ha recopilado ocho testimonios que acusan a 13 sacerdotes y religiosos de Colombia. Forman parte de un dosier, con un total de 21 testimonios y acusaciones contra 24 clérigos y laicos en ocho países de América, que este diario ha entregado al Vaticano para que los investigue y, sobre todo, dé una respuesta a las víctimas. Colombia es el país con más casos en el informe, más de la mitad, y en al menos tres de los relatos recogidos estas personas lo denunciaron a las autoridades eclesiásticas, sin obtener respuesta.

Este dosier, elaborado con testimonios de las personas que han escrito al correo electrónico de denuncia de este diario (abusosamerica@elpais.es), sigue en el continente americano el trabajo de EL PAÍS en España, donde ha realizado ya seis informes con 841 testimonios. El sexto ha sido entregado en la Santa Sede junto al nuevo volumen de América, de más de 100 páginas. En él, no se revela la identidad de las personas que han aportado su testimonio, pero este diario la facilitará a las autoridades eclesiásticas cuando abran una investigación, y si los interesados dan su consentimiento.

Un caso especialmente grave es el de Marco Rakower, pues fue víctima de múltiples abusos sexuales cuando era un niño y acusa a cuatro personas distintas. Ocurrieron, según su testimonio, en la década de los noventa en Bogotá por parte de dos sacerdotes y un diácono. No recuerda sus nombres, algo frecuente en estos delitos, pero sí los detalles de las agresiones, los lugares donde sucedieron los abusos y, sobre todo, el dolor que sintió durante muchos años. “Eso no se olvida nunca”, dice por teléfono a EL PAÍS, desde su casa en Austin, Texas, en Estados Unidos, donde vive desde hace años. Se fue de Colombia para tratar de sanar sus heridas y rehacer su vida. En el informe entregado en el Vaticano hay algunos casos donde no consta la identidad del agresor, pero se aportan detalles que ayudan a averiguarlo.

El primero de los abusos ocurrió cuando tenía diez años, según su relato. Fue en la iglesia de San Francisco, en el centro de Bogotá, mientras un cura lo preparaba para hacer la primera comunión. Cree recordar que se llamaba Carlos: “Me acuerdo de que la tercera vez que fui a las sesiones de preparación, el cura se acercó y empezó a besarme en los labios. Yo estaba tenso. Congelado”. Volvió a los pocos días a otra sesión y el mismo sacerdote lo besó de nuevo, metió sus manos debajo de su pantalón y tocó sus partes íntimas. Eso pasó dos o tres veces más. “No sabía cómo decirle a mi mamá lo que estaba pasando. Tenía miedo”, relata. La última vez, el cura hizo lo mismo hasta que un guardia de la iglesia se dio cuenta de que algo estaba pasando y entró. El abusador se echó para atrás y le dijo que se fuera.

Rakower no volvió nunca a esa iglesia, pero tiene en la memoria el olor de las sillas de madera del lugar, la música que sonaba en la sacristía y los momentos en los que el sacerdote lo apretaba fuerte en una pequeña bodega del templo de San Agustín, donde sucedieron todos los abusos.

Dos años después, cuando tenía 12 años, señala que fue víctima de un jesuita del Colegio Mayor de San Bartolomé, también en el centro de Bogotá. Había ido para hacer un examen de admisión y el sacerdote encargado de prepararlo abusó de él: “Cuando empezamos a estudiar, me explicó unos temas, pero a los pocos minutos se paró de su silla y comenzó a acercarse mucho. Me hablaba al oído, muy cerca. Me acuerdo de su aliento mientras me decía cosas. Luego me comenzó a tocar. De nuevo, yo estaba petrificado”. Eso pasó tres o cuatro veces, cuenta Rakower, pero cada vez iba escalando. En una ocasión, el cura lo obligó a hacerle sexo oral. Perdió el examen.

Su madre, sin estar al tanto de las agresiones, decidió enviarlo al seminario menor de la arquidiócesis de Bogotá para que terminara el bachillerato. Afirma que allí sufrió los peores abusos. Refiere que un diácono mucho mayor que él lo abusó de manera sistemática en su oficina. Lo mandaba a llamar, se desnudaba, lo besaba y lo obligaba a hacerle todo tipo de aberraciones sexuales. Una vez, incluso, lo hizo participar en un trío con otro cura del seminario. Tenía solo 12 años. Salió de esa institución porque una profesora le dijo a su madre que no era el mejor lugar para un niño.

Ahora, casi treinta años después, Rakower ha decidido contar su historia para ayudar a que eso no siga ocurriendo: “A mí me quitaron la oportunidad de conocer el amor y el afecto físico cuando era niño. Me enseñaron que solo había abusos y violaciones. Ese daño no se repara nunca”.

El caso de Marko Rakower no es aislado en Colombia. Aunque no hay cifras oficiales y la Iglesia católica nunca ha reconocido públicamente cuántos ni cuáles de sus sacerdotes y religiosos están denunciados por pederastia, una investigación periodística liderada por Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán reveló en 2023 los nombres de al menos 800 sacerdotes denunciados por abusos sexuales a niños en el país.

Esa cifra, sin embargo, es solo la punta del iceberg. “Enviamos 137 derechos de petición a todos los obispos y superiores de comunidades religiosas de Colombia. De esos, solo 17 respondieron y de ahí salen los nombres de los 800 curas acusados e investigados por abuso sexual a menores”, cuenta Barrientos por teléfono. Los otros 120 no han entregado la información, pese a que en 2025 la Corte Constitucional emitió una sentencia que los obliga a revelar los “archivos secretos” de la Iglesia a quien los solicite. El pasado viernes el alto tribunal notificó dxa sentencia.

Barrientos explica que, si la tendencia se mantiene en el resto de congregaciones y arquidiócesis de Colombia, la cifra de abusadores podría llegar a 4.000 sacerdotes de los 8.000 del país. “Esto no es un caso atípico o fortuito, es una conducta delictiva y sistemática. Hay un modelo que viene desde el Vaticano que permite y fomenta los abusos y que ha permeado todas las jerarquías de la Iglesia”, dice.

Ante la pregunta de cuántas víctimas sexuales del clero puede haber en Colombia, Barrientos explica que, aunque no haya cifras oficiales, varios estudios muestran que un pederasta puede abusar de entre 40 y 60 menores en su vida. “No tenemos un consolidado y hay muchas víctimas en silencio y en el anonimato a las que les da miedo denunciar”, explica.

En este momento hay un proyecto de ley en el Congreso de Colombia, liderado por la red de sobrevivientes de abuso sexual clerical, que busca crear una comisión de la verdad de abusos a menores de sacertodes de todas las denominaciones religiosas que operan en el país. Debe pasar su primer debate en la Cámara Baja antes del 20 de junio para no hundirse. La Iglesia católica y sus partidos aliados se han opuesto al debate.

Barrientos explica que uno de los mayores problemas es que, después de las denuncias, los curas suelen contar con el respaldo de los superiores que los encubren y siguen ejerciendo con total impunidad: “Recuerdo el caso de un cura en Medellín que abusó sexualmente de una niña, la dejó en embarazo y la obligó a abortar, y hoy sigue dando misa pese a estar imputado en el derecho canónico”.

Un caso cerrado en falso en Nueva Pamplona

Uno de los casos en el que las víctimas han sido maltratadas por la Iglesia y permite que sacerdotes acusados sigan ejerciendo es el de D. A., en la arquidiócesis de Nueva Pamplona. Ella recuerda estar tirada desnuda sobre una estera en el suelo, dentro de una habitación oscura, y ver cómo la luz se colaba por debajo de la puerta. Tenía seis años. El seminarista Said Antonio Echavez Sánchez se la había llevado a casa de su familia en Guamalito, un pueblo pequeño del departamento Norte de Santander. Cree que ese abuso lo tiene más grabado porque pasó lejos de su casa. Los de dentro de la vivienda, en Pamplona, están más borrosos, pero fueron “sistemáticos, repetitivos”. Duraron dos años, entre 1991 y 1992, desde que Echavez llegó a dar catequesis al Colegio Domus, una escuela laica, en Pamplona, donde ella cursaba primero de Educación Primaria.

La eligió muy rápido como víctima: “Mi mamá acababa de separarse de mi papá, después de una vida horrible de violencia intrafamiliar y golpes, estaba sola con nosotras”. La mujer luchaba por mantener a sus dos hijas con un trabajo que no le daba para pasar el mes. En ese escenario apareció Echavez, en el que su madre, muy religiosa, depositó toda su confianza: el seminarista prácticamente vivía en su casa, podía llevarse a D.A. de viaje, dormía incluso con ella, le decía que era su padre. “En el colegio marcaba mis tareas con mi nombre y los apellidos de él”, relata esta mujer colombiana, ahora de 41 años.

Una tarde, Echavez decidió llevarse a la niña al Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino. Cruzaron la verja principal, el jardín y el templo, pasaron por una sala con cabezas de animales disecados, subieron al segundo piso. Al llegar a la habitación de él, D.A. se sentó en la cama. Ahí estaba cuando entró otro seminarista, Gildardo Valderrama: “Recuerdo una conversación burlona, una risita tonta entre ellos. Me dieron algo de tomar, que era como vino. Después de beberlo empecé a sentirme muy mal”. Lo siguiente que recuerda es que Echavez la estaba llevando en brazos hacia su casa, porque ella no podía caminar. La dejó de pie en la puerta de la vivienda. Su madre abrió y D.A. solo pudo hacerse pis encima.

Durante dos años, la niña lidió con frecuentes infecciones urinarias, también con incontinencia. Los abusos cesaron cuando una tía de ella llegó sin avisar a su casa y vio a Echavez besándola. Su familia lo amenazó y él huyó de Pamplona. “Tenía mucho miedo, mucha vergüenza, mucha culpa, porque sientes que eres la niña fea, la niña mala, la que es diferente, intentas seguir caminando con eso, pero sabes que tienes la mancha”, relata. Los abusos estuvieron durante años en su cabeza, hasta que con 38 años empezó a ir a terapia, acudió a la Fiscalía colombiana y también se decidió a abrir un proceso canónico ante la Conferencia Episcopal.

El 21 de noviembre de 2024, el Consejo Nacional para la Cultura del Cuidado de la Conferencia Episcopal de Colombia se pronunció y determinó “la responsabilidad total del exseminarista Said Echavez en los hechos de abuso sexual cometidos en los años 1991 y 1992”. Sin embargo, Echavez nunca terminó de ordenarse, por lo que la Iglesia católica adujo que él no pertenecía a ninguna jurisdicción eclesiástica y por tanto que sus acciones “no la representaban”. La Conferencia Episcopal también estableció “la responsabilidad por omisión del entonces seminarista y hoy presbítero Gildardo Valderrama, al haber tenido presunto conocimiento de la situación sin efectuar denuncia”, aunque se precisó “la imposibilidad de establecer participación directa en actos de abuso sexual por falta de elementos probatorios suficientes”, según se lee en un documento al que ha accedido EL PAÍS.

Este pronunciamiento —explica el documento— no era un acto sancionatorio ni un proceso penal, “sino un acto administrativo pastoral y evaluativo”. La Iglesia consideró que el caso prescribió en 2023 —un año antes de que D.A. denunciara— por lo que ordenó el cierre “definitivo” del expediente. Eso implicó que la anotación en la hoja de vida eclesiástica de Gildardo Valderrama por el encubrimiento “tuvo carácter informativo sin implicar sanción”. Así pudo volver a su ejercicio habitual. La Iglesia identifica por escrito que es párroco en activo de la parroquia San Antonio de Padua en la localidad de Herrán, también en el Norte de Santander. El caso en la justicia penal también prescribió en 2023.

“Está el acceso a la justicia pero también el acceso a la verdad. Yo no solo quiero las consecuencias de lo que pasó, quiero que la Iglesia católica me ayude a saber bien qué pasó. ¿Hasta cuándo estuvo vinculado Said Echavez con ellos? ¿Por qué razón salió del seminario? Ellos simplemente niegan tener archivos de él, pero es imposible que no puedan hacer una investigación”, relata D.A. desde Argentina, donde vive ahora. “Para mí es importante saber si hay más víctimas”, concluye. Pese a las resoluciones de la Conferencia Episcopal y su participación en el proceso, consultada ahora por este periódico, la Arquidiócesis de Nueva Pamplona rechaza tener registro de una denuncia contra Said Echavez y Gildardo Valderrama.

Ignorada por el obispado de Ipiales durante 11 años

Este diario también ha recogido el testimonio de una persona que acusa a dos clérigos de la arquidiócesis de Bogotá, de iniciales J. A. B. N. y P. R. S., y asegura que si bien se reunió con él algunos responsables, no ha vuelto a tener noticias del caso. Preguntado al respecto esta semana, el arzobispado no ha respondido.

La Iglesia también ha dado la espalda a otra mujer, que denunció al obispo de Ipiales, Arturo de Jesús Correa Toro, y 11 años después aún espera justicia. En el juicio abierto en los tribunales por este caso, acusa al sacerdote Aníbal Marcial Belalcázar Rodríguez de un delito de “acceso carnal violento y abusivo con menor de 14 años agravado”. Detrás de ese tipo penal se juzga en Colombia el abuso sexual durante un año a una niña de 12 años.

En 2014, este cura era párroco de la Iglesia del Señor de los Milagros, del barrio Centenario, del municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño. Esta mujer era acólita en su iglesia, atravesaba un momento complicado con su familia y tenía en el centro religioso su único grupo de amigos. Según relata, Belalcázar aprovechó su posición durante un año para llamar a la menor con cualquier excusa, darle una hoja dominical, bajar la urnas o llevar las limosnas. Esperaba a que la cocinera o la sacristana hubieran salido o estuvieran comiendo, y la guiaba hasta su habitación. El párroco, señala su denuncia, pasó de los tocamientos a las violaciones. Al terminar los abusos, acostumbraba a silbar en la puerta de su cuarto para avisar a la niña de cuando podía salir.

La mujer explica que consiguió su silencio durante un año al amenazarla con que nadie la creería, que él era un buen sacerdote y la acusaría de ladrona, de robarse las limosnas de los fieles. Los abusos cesaron cuando ella se asustó porque temía estar embarazada y se lo contó a su madre. Relata que su familia, cercana a la iglesia, consiguió llevar el caso en 2015 ante el obispo Correa Toro. Afirma que él les pidió que lo mantuvieran en “bajo perfil” porque estaban enfrentando varias acusaciones de pederastia. Les pidió confianza, dijo que iniciaría un proceso canónico. La investigación, definida como “mediocre” por los que la siguieron, ni siquiera recogió la declaración de la niña. El párroco quedó libre. La diócesis no informó al Vaticano del caso, como era su obligación según las normas vaticanas contra la pederastia aprobadas en 2001, precisamente para evitar que se encubrieran casos a nivel local.

El caso se enterró hasta 2020. En esos cinco años a Belalcázar lo movieron de parroquia hasta Guaitarilla (también en Nariño), de ahí pasó a estudiar Comunicación Social a la Universidad Mariana de Pasto, una de las más costosas del país, y finalmente llegó a la iglesia San Pedro Apóstol de Tuxtepec. Ahí estaba celebrando misa, retransmitida online por la pandemia, cuando la víctima ofendida decidió poner una denuncia penal en la Fiscalía de Colombia en 2020. En noviembre fue detenido y el caso salió a la luz. En 2021 fue trasladado a prisión. Solo cumplió dos años encarcelado y ahora afronta el proceso penal en libertad.

La diócesis de Ipiales, en un comunicado en video, solo ha señalado en este tiempo: “Se han venido siguiendo las directrices emanadas por el papa Francisco para abordar estos casos actuando como lo pide el debido proceso canónico y se respetan las competencias de la autoridad civil”. Contactada por este diario, explica que el caso “se encuentra en estado de suspensión, a la espera del pronunciamiento definitivo de la jurisdicción civil”. En cuanto al sacerdote, asegura que “permanece con restricción del ejercicio del ministerio sacerdotal” y sin contacto con menores.