El Vaticano siempre tuvo información de los casos de pederastia en el mundo, sabe mucho más de lo que admite y nunca ha dicho lo que sabe. Lo demuestran los papeles hallados por una investigación internacional del diario alemán Correctiv, en colaboración con EL PAÍS, junto a The Boston Globe de Estados Unidos, Observador de Portugal y Casa Macondo de Colombia. Arrojan nueva luz sobre los archivos vaticanos del dicasterio de Doctrina de la Fe y el antiguo Santo Oficio, aún cerrados a los investigadores y accesible a muy pocas personas. “Entrar ahí es imposible”, confirma un sacerdote canonista que lo ha intentado en varias ocasiones. Es más, diversas fuentes señalan que hay un archivo aún más secreto que custodia los casos más graves y delicados.

El cuadro que emerge indica que el Vaticano siempre ha tenido más información de los abusos en cada país de la que admite, aunque ha mantenido que durante décadas apenas llegaron casos a Roma y solo empezó a recibirlos a partir de 2001. Fue el año en que, ante la magnitud del escándalo, nuevas normas vaticanas obligaron a las diócesis de todo el mundo a remitirlos. Pero esta investigación muestra que algunos sí llegaban, ocultos bajo asuntos que hablaban de otra cosa, como dispensas y prohibiciones de confesión.

Los documentos más antiguos que ahora se desvelan en exclusiva son de los años treinta en Alemania. Ante el riesgo de que los expedientes de curas pederastas cayeran en manos de los nazis, enemigos de la Iglesia católica, la orden fue clara: “Quemad todo”. Los papeles más relevantes son del caso Ratzinger, destapado en 2010 por The New York Times, porque demuestran que está lejos de haber sido aclarado: una misteriosa carta del futuro Benedicto XVI, fechada en 1986, cuando era prefecto de Doctrina de la Fe, revela que ya entonces tenía información de que un sacerdote de su anterior diócesis, Múnich, era un pederasta peligroso. Además la tramitó de forma reservada al margen del protocolo. Este cura siguió en parroquias y agredió a 23 menores, hasta que el caso salió a la luz en 2010. Este caso abre más interrogantes que esperan una respuesta.

En agosto de 2025, Correctiv envió a León XIV una serie de preguntas, junto a los documentos hallados. El Papa las remitió a la Comisión Pontificia de Protección de Menores, que las rebotó al Dicasterio de Comunicación, que no contestó. Doctrina de la Fe también guardó silencio tras 20 consultas. El pasado 27 de enero, las preguntas le fueron entregadas de nuevo al Papa, esta vez en persona, cuando salía de Castel Gandolfo. Aún no ha respondido.

Con todo, la llegada del nuevo Pontífice ofrece la oportunidad de un cambio de actitud del Vaticano, para dar el paso hacia una auténtica transparencia sobre todo lo que sabe y qué hay en sus archivos. León XIV ha mostrado en su trayectoria sensibilidad con las víctimas de la pederastia y ha apoyado el trabajo de los periodistas. En varios países, en aras de la verdad, la Iglesia ha asumido auditorías internas, pero el Vaticano no, cuando es el mayor centro de información del escándalo.

Abrir los archivos, o revelar su contenido, o emprender un estudio propio y ofrecer datos, sería un gesto decisivo para mostrar la voluntad real de León XIV de que se conozca toda la verdad sobre el escándalo. “Cada paso hacia adelante en este camino es un paso hacia Cristo y hacia una Iglesia más evangélica y auténtica”, dijo este lunes ante la Comisión Pontificia para la Protección de Menores.

Las historias que cuentan estos papeles rastreados en varios países son de ocultación, lentitud y negligencia. Algunos son inéditos y otros ya eran públicos, pero estaban dispersos en investigaciones realizadas a nivel local. Unirlos ofrece una visión de conjunto. Por ejemplo, desvelan cómo se ocultó en Portugal el caso de un fraile denunciado en 1972 y que en los años noventa aún seguía activo. Lo mismo ocurre en otros más recientes, ya bajo Benedicto XVI. En Colombia, un obispo y el Vaticano encubrieron un caso conocido en 2004 hasta que el cura fue arrestado en 2010. En Italia, otro caso fue ocultado durante décadas hasta 2010. También hay casos flagrantes en dos diócesis de EE UU, Oakland y Springfield, y en Australia. Son solo la punta de un iceberg de documentos que siguen ocultos en los archivos del Vaticano.

En unos meses se cumplirán 25 años desde que el escándalo de la pederastia del clero estalló en enero de 2002 en Estados Unidos con la investigación de The Boston Globe. Desde entonces, ha ido surgiendo en todos los países católicos. En España, con la investigación de EL PAÍS a partir de 2018. El Vaticano y los últimos papas, obviamente, han estado siempre en el centro del escándalo, pero la exigencia de transparencia a la Iglesia sobre miles de casos ha sido una batalla periodística librada en cada país.

El resultado es que hoy por hoy el Vaticano nunca ha revelado la información que tiene. Fuentes vaticanas e historiadores admiten que en realidad en los archivos del Santo Oficio están todos los casos conocidos en Roma al menos en casi todo el siglo XIX y el XX. Hay que tener en cuenta que en 1810 Napoleón se llevó los archivos y solo volvieron una parte.

Sin embargo, el Vaticano nunca ha dado datos. En una histórica comparecencia de dos representantes vaticanos en 2014, el Comité de la Convención de los Derechos del Niño de la ONU exigió información detallada a la Santa Sede y luego nadie más lo ha hecho.

En 2010, el promotor de justicia (fiscal) de Doctrina de la Fe, Charles Scicluna, estimó que habían llegado a Roma cerca de 3.000 casos. Esa cifra se ha ido actualizando en contadas declaraciones, esporádicas y de forma confusa. En 2014, según se reportó a la ONU, constaban 3.420 casos de 2004 a 2013. En 2021, la última estimación conocida de Doctrina de la Fe indicaba 9.000 desde 2001. Pero es una cifra poco fiable si se considera que solo en España EL PAÍS ha contabilizado hasta ahora 1.572 acusados, con casi 3.000 víctimas.

Lo que está claro es que nadie habla de las décadas anteriores a 2001, es un misterio aún mayor. En realidad el Vaticano tiene el que es probablemente el mayor archivo de pederastas impunes del mundo. Esta investigación arroja luz sobre ello.

1. El Vaticano, en 1938 ante la llegada de los nazis: “Quemad todo”

Los documentos más antiguos hallados en esta investigación se refieren a un momento crucial de la Iglesia católica alemana, el ascenso del régimen nazi, con Pío XI. Están en los archivos del Santo Oficio y la Secretaría de Estado, en la parte abierta a los investigadores, y han sido aportados por el historiador Davide F. Jabes. Son muy significativos porque revelan que ya entonces había comunicación fluida entre el Vaticano y los obispos sobre casos de pederastia, y que para la Iglesia era una información peligrosa que se debía ocultar.

El Santo Oficio instruyó siempre estos procesos desde el siglo XVI y Roma centralizaba todos los casos, aunque las diócesis podían ocultárselos. En la época moderna empezó a estar regulado por la instrucción de 1922, actualizada en 1962, Crimen Sollicitationis, para los abusos sexuales en el ámbito de la confesión, y que en su capítulo 5 (Crimen pessimum) citaba expresamente la pederastia. Según los historiadores, esta norma se hizo en parte porque en un país europeo surgieron muchos casos a principios del siglo XX, con “impresionante frecuencia”, según el Santo Oficio: fue en España.

En la Alemania de los años treinta, esta información era muy peligrosa si caía en manos de los nazis. El régimen de Hitler acosó a la Iglesia con campañas de desprestigio y el abuso de menores era una de las acusaciones más utilizadas. Esto está muy estudiado, pero mucho menos cómo se movió la Iglesia internamente.

La documentación señala que ya en agosto de 1936, el obispo de Colonia escribe al Santo Oficio pidiendo permiso para incumplir las normas y resolver en la propia diócesis cuatro casos de curas pederastas, siguiendo el código canónico, sin tener que dejar nada por escrito ni enviarlo a Roma. Es importante destacar que es un momento en que al frente de la Iglesia están también dos futuros papas, que ya entonces dirigen estas gestiones. Uno es el secretario de Estado, el cardenal Eugenio Pacelli, que se convertiría en Pío XII de 1939 a 1958, y el otro es su número dos, Giovanni Battista Montini, que será elegido como Pablo VI en 1963, tras el breve mandato de cuatro años de Juan XXIII, y que encabezará la Iglesia hasta 1978.

Pacelli, que había sido nuncio en Alemania, apoyó la solicitud del obispo de Colonia, que en enero de 1937 pide que este sistema se aplique a todos los casos. En la respuesta, el Santo Oficio le da permiso tras consultar a Pío XI, que da su visto bueno. Hay que fijarse en un detalle que será importante en todos los documentos sucesivos: el número de protocolo, 421/1936. La primera cifra indica el número de expediente del año en que se abrió y la otra, el año. Esta numeración es el hilo en el laberinto de los casos archivados:

"Por medio de las cartas de esta Suprema Sagrada Congregación del 6 de agosto de 1936, n. 421/1936, se había concedido a Su Eminencia Reverendísima que, respecto a cuatro casos ocurridos en la Archidiócesis de Colonia, se pudiera instruir los procesos conforme a la norma de los sagrados Cánones, dejando de lado la nota de la Instrucción de esta Sagrada Congregación.

Ahora bien, dado que han ocurrido otros casos y existen las mismas razones que aconsejan que se adopte el mismo modo de proceder, mediante las cartas del 3 de enero del presente año, Su Eminencia Reverendísima solicitó que se pudiera seguir gozando de la facultad previamente otorgada para solo cuatro casos, y que esta se extendiera mientras perdure la actual condición entre la Iglesia y el régimen civil.

Por lo tanto, habiendo informado al Sumo Pontífice sobre esta solicitud en la audiencia con el Excelentísimo Señor Asesor el pasado 5 de febrero, el Beatísimo Padre se dignó acceder benignamente a la solicitud mencionada".

La situación empeoró rápidamente y se tomaron medidas extremas. Varios documentos indican cómo, ante la anexión de Austria por los nazis, la Anschluss de 1938, se dio orden a los obispos de este país de deshacerse de la documentación comprometida sobre abusos sexuales del clero. El 14 de marzo de 1938, al día siguiente de la anexión, el obispo austriaco Alois Hudal, que por otro lado tenía afinidades con la ideología nazi, fue al Vaticano y dejó una nota manuscrita urgente a monseñor Montini:

"Solicito que quizá con un telegrama cifrado se envíe una notificación a la Nunciatura en Viena para que todo el material relativo a casos de inmoralidad por parte de sacerdotes, conservado en las curias episcopales y en los archivos de congregaciones y órdenes religiosas en Austria, sea inmediatamente destruido y sin excepción, y que también se eliminen los números de protocolo correspondientes. (...) El asunto es extremadamente delicado, pero muy urgente".

La orden, que subraya la importancia de destruir los números de protocolo, el rastro documental, se transmitió rápidamente, como refleja otra nota manuscrita interna. Se informó de inmediato al Papa:

"Anoche, Su Excelencia Monseñor Ottaviani instruyó a Monseñor [ilegible] para que pidiera a Su Excelencia Monseñor Montini que fuera inmediatamente al Santo Padre para proponerle, en nombre de la Sagrada Congregación del Santo Oficio, el envío a Viena de una persona de confianza, que informe al Nuncio de hacer llegar inmediatamente a todos los ordinarios de Austria la Orden del Santo Oficio de quemar inmediatamente todo el material que existiera en las respectivas Curias, acerca de los casos de inmoralidad, sin excepciones de sacerdotes y religiosos.

Los Ordinarios tendrán cuidado de conservar solo los nombres de las personas cuyas posiciones sean destruidas en una lista que debe hacerse para esta circunstancia, tendrán cuidado además de destruir también los protocolos relativos...".

Estas notas no tienen número de protocolo porque no son documentos oficiales, sino apuntes internos de trabajo. Sin embargo fueron archivadas después con un número a lápiz. El más alto de la serie es 29, pero solo hay seis documentos, luego faltan la mayoría.

En los papeles de la Secretaría de Estado, ya bajo Pío XII, aparece también un registro de esa directriz, con fecha de 1935, el año en que se abrió el expediente:

"Viena: Orden de quemar todo el material de archivo concerniente a casos de inmoralidad de religiosos y sacerdotes".

Destruir documentos comprometidos era una práctica que la Santa Sede aplicó en momentos críticos, tras la traumática experiencia del expolio de Napoleón. En la Segunda Guerra Mundial decisiones similares se tomaron en los países del Este ante la llegada de las tropas soviéticas. Casi todos estos documentos son inéditos y muy desconocidos. Este asunto apenas ha salido de círculos científicos. “Han sido examinados por académicos, pero generalmente en el marco de debates internos dentro de la Iglesia y nunca se ha analizado en detalle para responder a una pregunta fundamental: ¿cómo funcionaba realmente el sistema institucional encargado de juzgar los casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes?“, explica Jabes.

“Lo interesante es que, pese a todas las reglas y el derecho canónico, al frente de la Iglesia hay entonces personas que deciden que todo eso no importa, porque la Iglesia está en peligro y hay que hacer cualquier cosa para defenderla”, observa Jabes. Apunta que Pacelli dijo claramente a los obispos que hicieran como quisieran y ya no hubo más procesos. ”Dice literalmente: ‘Haced como os inspire el Espíritu Santo”, resume Jabes.

Una nota en otro documento de abril de 1938 indica la preocupación por no dejar rastro: “No enviado porque ayer, 11 de abril, el obispo de Münster acudió al S.O. (Santo Oficio) y manifestó que prefería la comunicación verbal para no conservar documentos de este tipo”.

“La principal preocupación no era el reconocimiento de la violencia sufrida por las víctimas, sino la preservación del orden eclesiástico y la protección de la reputación del clero”, opina el historiador. Jabes cree que también se debe a que, en la óptica de esos años, “tanto la víctima como el agresor eran culpables, porque se trataba de un acto impuro, no había víctima, había dos pecadores, y se podía hacer la vista gorda”. “La marginación de las víctimas no fue solo el resultado accidental de circunstancias políticas difíciles, como las del régimen nazi, sino más bien una consecuencia estructural de la forma en que el problema fue definido y abordado dentro de la cultura jurídica e institucional de la Iglesia”, señala.

Una nota del 7 de marzo de 1946 muestra que Pío XII mantuvo esta línea en los primeros años de la posguerra: “Rem remittendam esse prudentiae Episcoporum" (El asunto debe dejarse a la prudencia de los obispos).

Este episodio, dentro de la excepción bélica, indica que sobre estos procesos había intercambio de información entre Roma y las diócesis del mundo. Fue la práctica habitual hasta que todo cambió a partir de 1965, con el Concilio Vaticano II, que modernizó la Iglesia. En parte se debió a un joven sacerdote alemán llamado a tener un gran protagonismo en el futuro, Joseph Ratzinger. Era asistente del cardenal Frings, y con él fue uno de los impulsores de la reforma del Santo Oficio, que pasó a llamarse Congregación de Doctrina de la Fe, para que abandonara su perfil inquisidor por un enfoque más pastoral. Se pensaba más bien en el debate teológico, pero el resultado fue que el organismo dejó de ser un tribunal y de hacer procesos penales de los llamados delitos reservados. En realidad, la instrucción Crimen Sollicitationis siempre siguió en vigor, pero era tan secreta que era muy desconocida. Se pasó a afrontar los casos de pederastia de forma descentralizada y “terapéutica”.

Es en esas décadas en las que se fragua el gran escándalo de la pederastia, que crece en cada diócesis sin ser atajado. Lo curioso es que es el propio Ratzinger quien después, como prefecto de Doctrina de la Fe desde 1982, se dio cuenta de que el sistema era equivocado. Pero lo cierto es que él mismo fue también parte de ese sistema.

2. El caso Ratzinger, aún por aclarar: el misterio de un zumo de uva

La gestión de Ratzinger cuando era arzobispo en Múnich, entre 1977 y 1982, se empezó a cuestionar con un artículo del New York Times, en marzo de 2010: informó de que en 1980 presidió una reunión en la que se admitió en la diócesis a Peter Hullermann, un cura pederasta trasladado desde Essen, donde había recibido tres denuncias de abusos, para que recibiera terapia, y que luego volvió a agredir a menores. Ratzinger, que ya era papa como Benedicto XVI, negó haber sabido los detalles del caso.

El asunto se complicó en enero de 2022 cuando una auditoría interna encargada por la diócesis de Múnich al bufete de abogados Westphal Spiker Wastkl (WSW) señaló que Ratzinger había conocido al menos cuatro casos de curas pederastas. En concreto, en el de Hullermann, el informe le acusaba de no haber dicho la verdad a la comisión investigadora al declarar que no estuvo en aquella reunión de 1980. Ratzinger, que para entonces ya había dimitido como papa y vivía retirado en el Vaticano, admitió luego un error “no intencionado” en su respuesta. Lo atribuyó a un colaborador, reconoció que en realidad sí había asistido al encuentro y pidió perdón a las víctimas por los posibles errores. Murió en diciembre de ese año.

Pero en la auditoría de 2022 había otro elemento de interés, que recibió poca atención. El vicario general de Múnich en 1980, Gerhard Gruber, fue quien asumió en 2010 la responsabilidad de haber reincorporado al cura pederasta, pero una década después, en su declaración a WSW, afirmó que se vio obligado a ello: “Tuve que asumir la responsabilidad exclusiva de proteger al Papa”. Dijo que fue “presionado para emitir la declaración”.

Poco después, en febrero de 2023, Correctiv y Bayerische Rundfunk (BR) desvelaron un curioso documento hasta entonces desconocido y que tampoco tuvo eco fuera de Alemania: demostraba que, en realidad, Ratzinger ya sabía en 1986 que ese sacerdote era un pederasta. Estaba en Roma, era desde 1982 prefecto de la Congregación de Doctrina de la Fe, y respondió a una petición del arzobispado de Múnich. Le habían preguntado si Hullermann podía oficiar la misa con zumo de uva, en vez de vino, por sus problemas de alcoholismo. Ratzinger dio su permiso:

...el capellán mencionado tiene permiso para celebrar la Santa Misa individualmente con jugo de uva natural, ya sea fresco o fermentado por congelación u otros métodos que no alteren su naturaleza.

Es responsabilidad de Su Eminencia asegurarse de que el producto utilizado cumpla con las directrices aquí establecidas. (...) Todas las normas establecidas en esta carta son válidas únicamente mientras dure la enfermedad.

Pero en realidad, como menciona el documento, este cura tenía otros “problemas”: la carta que llegó a Roma adjuntaba un informe que relataba sus abusos sobre menores y que había sido condenado pos tribunales alemanes meses antes. Tras dar Ratzinger su permiso para que Hullermann siguiera en activo, fue destinado a la atención de ancianos pero ya en octubre de 1987 volvió a ejercer con normalidad hasta 2010, cuando se jubiló tras la información de The New York Times.

Tras reincorporarse, agredió sexualmente a varios menores en su siguiente destino, Garching an der Alz, en la Alta Baviera, donde estuvo 20 años, hasta 2008, año en que fue trasladado a Bad Tölz. Hasta la fecha, se han documentado 23 víctimas de este sacerdote. Se han abierto dos procesos por demandas de sendas víctimas, en 2022 y 2024, en Traunstein y Essen. El primero, en el que la víctima demandó también a Ratzinger, aún sigue en marcha. El segundo se saldó en primera instancia con una indemnización de 40.000 euros al demandante.

El contexto de aquella carta es clave: en 1986, el sacerdote acababa de ser condenado en Ebersberg a un año y seis meses de prisión, aunque no llegó a entrar en la cárcel, por abusar de menores bajo los efectos del alcohol. Un psiquiatra recomendó a la archidiócesis que le prohibiera el alcohol y lo mantuviera lejos de menores. Sin embargo, se planteaba el problema de cómo celebrar la misa sin vino. De ahí la solicitud a Roma de un permiso especial. El portavoz de la archidiócesis de Múnich ha confirmado que la petición que enviaron a Ratzinger explicaba los delitos sexuales del sacerdote.

La carta de 1986 con la respuesta de Ratzinger ha estado siempre en el expediente de Hullermann de Múnich, y quien lo consultara en 2010 al estallar el escándalo tuvo que verla. Pero se guardó el secreto. Si hubiera salido a la luz entonces quizá el impacto en el pontificado de Benedicto XVI habría sido mucho mayor.

La misiva tampoco se hizo pública en la auditoría de 2022. El despacho de abogados WSW solo apuntó que Hullermann se reincorporó con autorización de Roma. Tras descubrirse el documento, ha alegado a Correctiv que no incluyó la carta en su estudio porque su mandato “era únicamente examinar al cardenal Ratzinger en su trabajo para la archidiócesis de Múnich y Freising, no su trabajo posterior”.

Pero las revelaciones de esta carta no han terminado. Había un detalle extraño: no tenía número de protocolo. Todas las fuentes vaticanas y canónicas consultadas indican que es totalmente anómalo. Ratzinger era muy escrupuloso, es difícil que se tratara de un olvido y se trata más bien de un documento reservado. De nuevo, permite sospechar que no todos los casos se contabilizaban por la vía habitual y algunos quedaban al margen, en secreto.

Por eso, oficialmente, el Vaticano solo sabe de este caso en 2010, cuando lo desvela The New York Times y la diócesis de Múnich lo comunica a Roma: el año del número de protocolo del expediente de Hullermann es 2010. Es como si en Doctrina de la Fe solo se hubieran enterado entonces. Pero esta carta revela que Ratzinger lo conocía al menos desde 24 años antes. Además se movió rápidamente: respondió a los tres meses. Como se verá a continuación, contrasta con otros casos de Doctrina de la Fe en los que tarda años en contestar.

Preguntado por esta carta, el Vaticano no ha respondido. Tampoco lo ha hecho el que fue secretario personal de Ratzinger, Georg Gänswein, que en un medio alemán consideró este documento “insignificante”. En 2023 explicó en una entrevista que destruyó todas las cartas privadas de Ratzinger, según le indicó en su testamento. Al preguntarle cómo supo qué destruir, respondió: “Benedicto XVI era un hombre muy metódico, también en lo que respecta al archivo. Tenía muy claro a qué se refería con cartas privadas“.

Uno de los asesores de Benedicto XVI, Stefan Mückl, replicó en 2022 que el prefecto de Doctrina de la Fe puede firmar documentos “sin tener un conocimiento profundo de su contexto”. En su opinión, que Ratzinger firmara esa carta no quiere decir que conociera los abusos de Hullermann. “Al prefecto se le presenta regularmente una carpeta de firmas, más o menos extensa, que contiene solo los documentos que concluyen el procedimiento, pero no los expedientes correspondientes”, afirmó. Fuentes vaticanas lo niegan. Por otro lado, si esa era la rutina se explica menos todavía que la carta no tenga número de protocolo.

Este caso forma parte de ese periodo de confusión, de 1965 y hasta 2001, en que la praxis generalizada era que cada diócesis resolvía por su cuenta los casos de pederastia y no los comunicaba a Roma. Es llamativo el contraste con la eficacia y contundencia que sí mostraba Ratzinger en Doctrina de la Fe para perseguir y castigar a teólogos disidentes. Pero lo cierto es que sí llegaban casos, como demuestra este episodio, y algunos se mantenían al margen de la contabilidad oficial.

3. Expedientes que tapan abusos: un caso oculto durante décadas en Portugal

Los documentos hallados son solo unas pocas piezas de un mosaico en el que faltan miles, pero perfilan un cuadro general de cómo ha actuado la Iglesia durante décadas. El propio Vaticano admite que ha sido una gestión llena de errores. En 2010, cuando emergió el caso Ratzinger, publicó una Introducción histórica al problema donde señala: “El período comprendido entre 1965 y 1983 (año de publicación del nuevo código de Derecho Canónico) estuvo marcado por la divergencia de opiniones entre los canonistas (...). Se prefería una actitud pastoral hacia la conducta inapropiada; algunos consideraban anacrónicos los juicios canónicos. El modelo terapéutico prevaleció a menudo en el tratamiento de los casos (...). Se esperaba que el obispo fuera capaz de sanar en lugar de castigar, (...) a veces sin considerar adecuadamente la posibilidad de reincidencia”.

Ese año también el propio Benedicto XVI reconoció lo mismo en su libro-entrevista con el periodista Peter Seewald: “Desde mediados de los años sesenta (el derecho penal canónico) dejó simplemente de aplicarse. Imperaba la consciencia de que la Iglesia no debía ser más Iglesia del derecho, sino Iglesia del amor, que no debía castigar (...) En ese entonces se dio también entre gente muy buena una peculiar ofuscación de pensamiento”.

Por todo ello, el Vaticano aseguraba que tras el Concilio Vaticano II, “fueron presentados a la Congregación de Doctrina de la Fe pocos casos” de pederastia. “Algunos estaban ligados al abuso del sacramento de la penitencia; algunos otros pueden haber sido enviados entre las peticiones de dispensa de las obligaciones sacerdotales o del celibato”, explicó.

Es decir, había al menos dos vías por las que llegaban casos de abusos, ocultos bajo otro asunto: cuando surgían en el contexto de la confesión y cuando eran el motivo para pedir el abandono del sacerdocio. El primero de estos supuestos es el trasfondo, por ejemplo, de una carta en latín enviada por Ratzinger en 1991 al arzobispo de Lisboa, Antonio Ribeiro, inédita hasta ahora:

Este documento tiene fecha del 11 de septiembre de 1991, pero el número de protocolo (174/72) revela que se trata de un expediente abierto en 1972, es decir, un caso conocido 19 años antes, pero que no ha sido denunciado a las autoridades.

"En carta del 16 de julio de 2016, Vuestra Eminencia Reverendísima solicitó la rehabilitación del Padre [identidad anonimizada], OFM, para escuchar las confesiones de los fieles.

A este respecto, le informamos con gran placer que este Dicasterio, tras haber considerado debidamente todas las circunstancias del caso y haber atendido la información pertinente difundida por Su Eminencia, ha emitido el siguiente Decreto: "Para la gracia de que, según las oraciones, el Rev. [identidad anonimizada], sacerdote de la Orden de los Frailes Menores, pueda ser rehabilitado para oír confesiones de los fieles, limitándose, sin embargo, a los territorios eclesiásticos del Patriarcado de Lisboa".

Cuando comunique esta decisión al interesado, Su Eminencia tendrá a bien exhortarlo a que se esfuerce por corresponder a la bondad de la Santa Sede con una auténtica vida sacerdotal".

Está firmado por Joseph Ratzinger.

Como en otros casos, el número de protocolo es revelador: el expediente fue abierto en 1972, nada menos que 19 años antes. Se deduce que a este franciscano, J. E. B. O., se le prohibió confesar tras recibir acusaciones de abusos en aquellas fechas.

Es un caso que salió a la luz en la investigación encargada por la Iglesia de Portugal publicada en 2023. En el informe aparece con datos anónimos, pero corresponde al testimonio de una mujer, que en 1956 tenía 6 años y contó cómo este fraile la agredió sexualmente en Torres Novas. Pero también aseguró que nunca lo denunció en el arzobispado de Lisboa. Es decir, habría sido una segunda víctima desconocida.

El arzobispado de Lisboa ha respondido que no tiene ninguna información del caso en sus archivos. Los franciscanos de Portugal aseguran que la orden no lo conoció hasta 1972, y fue a través del arzobispado. Pero es que incluso señalan que quien era su ministro provincial en 1991, Antônio Montes Moreira, se enteró ese año de las acusaciones contra el fraile, porque se lo dijo otro religioso “que mantenía contactos con los dicasterios de la Santa Sede”. Le recomendó pedir que se revocara la prohibición de confesión y por eso escribió al arzobispo de Lisboa, que a su vez se dirigió a Ratzinger.

Este caso ilustra cómo había casos de pederastia que llegaban a Roma, aunque no lo hicieran explícitamente por ese motivo. Pero, si hay que creer las explicaciones de la orden, eran trámites tan secretos que hasta un superior de la orden podía no estar al corriente. Con lo que no se comprende bien cómo se podía vigilar la aplicación de esas órdenes.

En una entrevista de marzo de 2010, el promotor de justicia de Doctrina de la Fe, Charles Scicluna, colgada en la web del Vaticano, afirmó que “entre 1975 y 1985 no consta que se haya sometido a la atención de nuestra Congregación ningún aviso de casos de pederastia por parte de clérigos”. Es más, explicó que tras la promulgación del Código Canónico de 1983 “hubo un período de incertidumbre acerca de la lista de delicta graviora (los delitos más graves) reservados a la competencia de este dicasterio y solo con el motu proprio de 2001 el delito de pederastia volvió a ser de nuestra exclusiva competencia”.

Pero los papeles demuestran que había casos que sí llegaban. ¿Cuántos fueron, cuántos están archivados en el Vaticano? Hay otros casos como el de Portugal, ocultos en expedientes que hablaban de otra cosa. La otra fórmula que los escondía, la petición de dispensas para que un cura o religioso dejara el sacerdocio, también era muy usada.

4. Encubrimiento y burocracia: California, Illinois, Australia

Como apuntó Scicluna, la permisividad hacia los casos de pederastia tampoco terminó con el código canónico en 1983. Estableció que los procesos penales eclesiásticos se hacían en las diócesis; las apelaciones, en la Rota Romana; y los recursos contra los decretos, en la Congregación para el Clero, donde por tanto también se oculta numerosa información.

Doctrina de la Fe seguía quedando fuera, pero se dedicaba a las peticiones de dispensa del sacerdocio, cada vez más abundantes. En los años ochenta empezaron a crecer vertiginosamente los casos de pederastia en la Iglesia de EE UU, que se arreglaban con acuerdos extrajudiciales e indemnizaciones, y ante los numerosos casos de reincidencia los obispos recurrían a pedir la dispensa, para resolver el problema.

“Queriendo eludir las complicaciones técnicas de los procedimientos establecidos, (...) se recurría a que el culpable pidiera ‘voluntariamente’ abandonar el ministerio sacerdotal. De esta manera se llegaba al mismo resultado ‘práctico’ de expulsar al sujeto del sacerdocio, evitando al mismo tiempo ‘engorrosos’ procedimientos jurídicos”, reconoció en 2010 en un artículo en el Osservatore Romano el español Juan Ignacio Arrieta, del Opus Dei, entonces y aún hoy secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos.

Ratzinger, al frente de Doctrina de la Fe desde 1982, comprendió que de ese modo no se hacía justicia. Por eso empezó a negar las dispensas que le llegaban, sobre todo, de EE UU, aunque eso significara dilatar aún más la solución del problema. Como en esta carta suya de 1985 sobre el caso del cura Stephen Kiesle, en Oakland, California:

"Excelencia, Tras recibir su carta del 13 de septiembre, relativa al caso de dispensa de todos los deberes sacerdotales del reverendo Stephen Miller Kiesle, de esta diócesis, me veo en la obligación de comunicarle lo siguiente.

Este Dicasterio, si bien considera de suma importancia los argumentos aducidos para la dispensa solicitada en este caso, considera necesario considerar el bien de la Iglesia Universal junto con el predicador, y por lo tanto no puede subestimar el perjuicio que la concesión de una dispensa pueda causar a la comunidad de fieles cristianos, especialmente considerando la joven edad del predicador.

Por lo tanto, es necesario que esta Congregación someta estos casos a un examen más minucioso, lo que necesariamente requerirá un período más largo.

Mientras tanto, Su Excelencia no debe descuidar el seguimiento paternal del predicador...".

Está firmada por Joseph Ratzinger.

En el número de protocolo hay un detalle distinto: una letra “s” al final del número. Según las fuentes consultadas, significa “sacerdoti”, sacerdotes, e indica precisamente los expedientes que trataban de dispensas. Que en muchos casos, en realidad, se referían a casos de pederastia. Y el número indica que era el expediente número 469 que se abrió en 1981, aunque no todos tenían que ser por la misma razón y se contabilizaban junto a otros abiertos por motivos disciplinarios.

Esta carta fue revelada en abril de 2010 por Associated Press, y causó escándalo por la actitud de Ratzinger, que decía buscar el bien de la Iglesia y pedía un “seguimiento paternal” al cura. El Vaticano se limitó a responder que “no es extraño que haya documentos aislados con la firma del cardenal Ratzinger” y que la carta estaba sacada de contexto. El contexto era este galimatías legal vaticano, en el que de todos modos, burocracia aparte, se encubría a los curas pederastas y no se les denunciaba.

En este caso el cura pederasta ya había sido denunciado y condenado a tres años de libertad condicional en 1978. Aun así, la diócesis tardó tres años en pedir a Roma que le suspendiera, como indica la fecha de apertura del expediente, 1981. El propio cura deseaba dejar el clero, pero la lentitud vaticana retrasó la respuesta hasta 1985, y encima fue negativa. Por fin el Vaticano lo expulsó en 1987. Pero entretanto las medidas de control del sacerdote fallaron y siguió trabajando con menores hasta 1988. En 1995 fue condenado a seis años de prisión y a partir de 2000 salieron a la luz numerosas víctimas de abusos de los años anteriores, cometidos mientras el Vaticano meditaba si le echaba o no.

Lo mismo ocurre en el siguiente intercambio de cartas en 1989 entre la diócesis de Springfield, en Illinois, y Ratzinger. El obispo explica con detalle el historial delictivo de un sacerdote, Alvin Louis Campbell, pero el futuro Benedicto XVI vuelve a negar la dispensa:

Más tarde, en 1985, Alvin Campbell fue acusado formalmente en el Tribunal de Circuito del Condado de Christian por Varios delitos de conducta sexual inapropiada con menores. Se declaró culpable de esta acusación. Fue sentenciado a catorce años de prisión y ahora se encuentra encarcelado.

Las circunstancias que llevaron a la separación de Alvin Campbell de su capellanía en el Ejército de los Estados Unidos se describen en la documentación adjunta. La conducta sexual inapropiada con menores ocasionó sus bajas posteriores a su regreso a la Diócesis después de su capellanía. Mi predecesor, el obispo Joseph A. McNicholas le proporcionó terapia psiquiátrica a Alvin Campbell, pero no fue eficaz para prevenir las actividades que llevaron a su arresto en 1985.

Mi predecesor, el obispo El P. Joseph A. McNicholas le proporcionó terapia psiquiátrica a Alvin Campbell, pero no fue eficaz para prevenir las actividades que llevaron a su arresto en 1985.

Debido a estas demandas civiles y otras derivadas de la actividad similar de Walter Weerts, a quien el Santo Padre otorgó recientemente una dispensa del estado clerical (CDF/342/88s), el Tribunal de Springfield, Illinois, ha tenido que pagar más de un millón quinientos mil dólares.

En resumen, temo que la Diócesis sufrirá aún más daños pastorales y de relaciones públicas, por no hablar de un mayor daño financiero.

Respuesta de Ratzinger: "Esta Congregación ha recibido su carta con sus diversos anexos en relación con la petición que ha presentado en nombre del Reverendo Alvin Louis Campbell, sacerdote de su Diócesis, para que se le dispense de las obligaciones de la ordenación sacerdotal. En respuesta, este Departamento debe informar a Su Excelencia que la petición en cuestión no puede ser admitida, ya que carece de la solicitud del propio Padre Campbell, tal como exige la normativa vigente.

Para eximir a la Diócesis de responsabilidad por este sacerdote, puede proceder de acuerdo con las normas del Derecho Canónico, que incluyen el delito de pederastia entre quienes están sujetos a sanciones penales específicas, sin excluir la reincorporación al estado laico.

Algunos opinan que, tras la aplicación de una pena tan definitiva, las consecuencias de cualquier otra conducta delictiva del Reverendo Campbell no se imputarían a la Diócesis".

El número de protocolo, con otra “s”, indica que el expediente se abrió en Roma en 1989, pero en realidad Campbell ya había sido arrestado en 1985 y luego condenado a 14 años de prisión. El cura se negaba a pedir la dispensa personalmente, como indicaban las reglas, y eso impedía dársela. Por eso Ratzinger invita a procesarlo canónicamente. De cualquier modo, la cronología no deja dudas: la diócesis lo supo años antes del arresto del cura, porque había sido capellán castrense y fue expulsado por abuso de menores del ejército, que informó al obispo.

Además del encubrimiento a nivel local, casos como este ponen en evidencia que en Roma se conocía perfectamente el problema y no se actuaba. Pocas veces se denunciaba a las autoridades y se llevaba en secreto. Y, una vez más, la conclusión es que toda esta información también está archivada en el Vaticano y nunca ha sido admitida ni revelada.

Es interesante observar que, en caso de duda, Doctrina de la Fe seguía recordando que la vieja instrucción de 1962, Crimen Sollicitationis, seguía vigente. Se comprueba en un caso de Australia, en la copiosa documentación que ha sacado a la luz la Comisión Real de Investigación. El obispo de Wollongong escribe a Ratzinger en enero de 1998 para preguntar por el procedimiento a seguir en un caso, sin especificar cuál, porque no sabe si las normas de 1962 se aplican solo para los abusos en el ámbito de la confesión. Le respondió el secretario de Doctrina de la Fe, Tarcisio Bertone:

"En su carta del 28 de enero de 1998, relativa al caso de un sacerdote acusado de abusar sexualmente de una menor, usted preguntó si debía seguirse el procedimiento de la 'Instructio de modo procedendi in causis sollicitationis' o si estos procedimientos se referían únicamente a acciones presuntamente ocurridas en el contexto del Sacramento de la Confesión.

Esta Congregación responde que, en el caso mencionado, debe seguirse el procedimiento de la Instructio, tal como se indica en el quinto capítulo del documento (De crimine pessimo)".

Es interesante observar el número de protocolo, con una nueva variante: “NR”. Quizá corresponde a “Non Registrato” (No Registrado), porque lo cierto es que Doctrina de la Fe no abrió un expediente propio. Era el caso del cura John Gerard Nestor, un trámite que pasó años saltando de un despacho a otro. Doctrina de la Fe no abrirá un protocolo hasta 2008, con número 539/2008, abierto en septiembre con la comunicación del obispo australiano, lo que vuelve a dar idea de la cantidad de casos que llegaron ese año. Al menos entonces el Vaticano tardó solo un mes en expulsar al cura. Pero habían pasado 15 años desde que la diócesis australiana conoció en 1993 las primeras denuncias contra el sacerdote, que fue arrestado en 1996.

En medio hubo una larga serie de cartas que evidencian el caos burocrático vaticano: tras su consulta a Roma, el obispo apartó al cura en 1998, pero él recurrió y el dicasterio del Clero le dio la razón en 2000. Ordenó “restituirlo inmediatamente”. El prefecto era el cardenal colombiano Darío Castrillón Hoyos, que al año siguiente ―algo que se supo en 2010― felicitó a un obispo francés por no haber denunciado a las autoridades a un cura pederasta. Era una actitud extendida en las altas esferas vaticanas en los años de Juan Pablo II. La Signatura Apostólica, equivalente al Supremo vaticano, determinó en 2006 que todo se había hecho mal. Aun así pasaron otros dos años hasta que el caso acabó por fin en Doctrina de la Fe.

Este era solo uno de los cientos de casos que llegaban a Roma cada año, mal gestionados y mal resueltos. La oleada de casos de EE UU era imparable, y el propio Ratzinger se daba cuenta de que se afrontaba de forma equivocada con las dispensas. Lo prueba una carta que escribió en 1988 a la comisión encargada de aclarar la aplicación de las leyes, la Pontificia Comisión para la Interpretación Auténtica del Código de Derecho Canónico: “Este Dicasterio, al examinar las peticiones de dispensa de los compromisos sacerdotales, encuentra casos de sacerdotes que, durante el ejercicio de su ministerio, se han hecho culpables de graves y escandalosos comportamientos”.

Señalaba que la dispensa era una gracia en favor del solicitante, cuando en realidad había que hacer justicia. No le hicieron caso. No obstante, el escándalo iba en aumento. En 1994 Juan Pablo II aprobó medidas especiales para EE UU, y en 1996 las amplió a Irlanda, para que los obispos pudieran expulsar más fácilmente a los curas pederastas. Pero no fue hasta abril de 2001 cuando Ratzinger convenció a Wojtyla para que centralizara todas las causas en Roma, con una nueva legislación. Era tarde: ocho meses después, en enero de 2002, estalló el escándalo del Boston Globe.

5. Con Benedicto XVI las cosas no cambiaron tanto: dos casos en Colombia e Italia

En 2005, Ratzinger se convirtió en Benedicto XVI. Perfeccionó la legislación contra la pederastia, pero siguieron las inercias de décadas. Aún se daba prioridad a salvar la imagen de la institución y a tapar los casos. Muchas diócesis todavía hoy siguen sin comunicarlos a Roma, sin consecuencias.

El Vaticano anunció en 2010 un paso fundamental: cuando un obispo o superior religioso conociera un caso debía denunciarlo a las autoridades. En realidad, la Santa Sede aseguró que esa norma ya se había comunicado internamente y se aplicaba desde 2003, aunque no aclaró por qué no lo había hecho público antes. En todo caso, se seguía desobedeciendo. Además, la mentalidad tradicional también resistía en Roma, como queda en evidencia en documentos inéditos de un caso en Colombia, el de esta carta de 2010 de Doctrina de la Fe al obispo de Pereira, Tulio Duque:

Esta carta de la Congregación de Doctrina de la Fe a un obispo de Colombia es de septiembre de 2010, pero el número de protocolo indica que el expediente se abrió en 2004, seis años antes. En la carta, el dicasterio recuerda que autorizó en 2006 la apertura de un procedimiento penal por pederastia, pero no ha vuelto a tener noticias de él.

En este documento hay otro detalle extraño, dos números de protocolo distintos sobre un mismo expediente. En cualquier caso, una vez más, revelan que han pasado seis años desde la apertura del expediente, en 2004, y cuatro desde que Doctrina de la Fe autorizó en 2006 el procesamiento del sacerdote, Jairo Alzate Cardona, sin que haya vuelto a tener noticias del caso. El obispo respondió diciendo que había tomado medidas preventivas y todo iba muy bien. No lo denunció a las autoridades y en 2008 permitió al cura volver a una parroquia y a dar clases en un colegio. Doctrina de la Fe dio el caso por cerrado.

En realidad, la Fiscalía arrestó poco después al sacerdote, que acabó condenado a siete años de cárcel por el primer abuso, de 2002, y una nueva agresión en 2008, mientras el obispo pensaba que lo tenía bajo control. Duque tuvo que dar explicaciones en un juicio en 2012 y admitió el encubrimiento del caso. Según él, con el consenso del Vaticano, como muestra el vídeo de la vista publicado en 2025 en Colombia por Casa Macondo:

05:25

La declaración del obispo Tulio Duque en la que admite haber protegido a un cura abusador sexual de menores

Las palabras del obispo demuestran que en muchas diócesis ha seguido vigente el enfoque “terapéutico” del delito de pederastia y la ocultación a las autoridades. En julio de 2025, la Corte Constitucional colombiana declaró responsable civil a la diócesis de Pereira y la condenó a indemnizar a una familia. Pero además, en una decisión histórica en el país, ordenó a la Fiscalía investigar al obispo Tulio Duque por encubrimiento.

Otro caso reciente, esta vez en Italia, demuestra la misma negligencia institucional y falta de sensibilidad hacia las víctimas. Es el del sacerdote Nello Giraudo, un caso que llegó a Doctrina de la Fe en 2003, aún con Ratzinger al frente del dicasterio:

"... presento con ánimo lleno de sufrimiento el caso de don Nello Giraudo, sacerdote de esta diócesis. (...) Al momento el sacerdote ha dejado la parroquia de Feglino y ha cerrado la comunidad de acogida 'La Lanterna' a petición mía. Actualmente ha sido trasladado a la parroquia de Noli y confiado al sacerdote don Pinetto. La documentación adjunta permitirá conocer mejor los detalles: pido la cortesía de un consejo sobre la actitud a tener, pues el sacerdote pretende continuar su labor pastoral. En lo posible, me propongo evitar que tenga responsabilidades que lo pongan en contacto con niños o adolescentes".

Aunque la diócesis de Savona lo comunicó a Roma en 2003, el historial de acusaciones de abusos contra este cura venía de lejos. Lo admite el informe adjuntado a la carta: “el primer serio inconveniente” se produjo en 1980 y fue apartado. Pese a ello, “para vencer su dolorosa soledad” se le permitió abrir una casa de acogida para menores y organizar campamentos juveniles.

Doctrina de la Fe no respondió a la carta del obispo hasta 2006, tres años después, y lo sorprendente es que, pese a la narrativa oficial de ese momento y la teórica evolución normativa, la solución que se le propuso al cura fue la misma de siempre: pedir la suspensión o afrontar un proceso canónico. Pero como el sacerdote no quería dejar los hábitos, la diócesis simplemente no hizo nada. Tampoco lo denunció. Se dedicó al acompañamiento espiritual y psicológico del cura. El obispo, Domenico Calcagno, fue ascendido a cardenal.

El caso por fin salió a la luz en 2010, solo cuando una víctima lo hizo público en los medios. El cura fue denunciado por abusos cometidos en 1986 y 1994, pero habían prescrito. Con otra denuncia posterior, de otro caso de 2005, sí pactó una pena de un año y medio de cárcel. El auto de archivo del primer caso, en 2012, fue contundente al considerar probado el encubrimiento sistemático en la diócesi bajo tres obispos: “Resulta, es triste decirlo, que la única preocupación de los dirigentes de la curia fue salvaguardar la imagen de la diócesis antes que la salud física y psíquica de los menores”.

Solo cuando surgió el escándalo en los medios en 2010, el entonces prefecto de Doctrina de la Fe, el español Luis Ladaria, escribió a Savona para preguntar, cuatro años después de la última comunicación, qué había pasado con el caso. Y solo entonces el cura pidió la dispensa, tras “un periodo de reflexión sobre la propia vocación”.

Italia es el único gran país católico en el que aún no se ha abordado el escándalo, ningún medio ha afrontado una gran investigación. La víctima que sacó a la luz el caso de Savona, Francesco Zanardi, está al frente de la organización Rete L’Abuso, una de las principales en Italia de denuncia de casos de pederastia del clero, pero no es optimista: “Aquí no cambiará nunca nada”. Sobre los documentos internos del Vaticano señala un detalle: “Si te fijas, nunca hablan de las víctimas, son lo último que les importa”.

Benedicto XVI dimitió en 2013, desbordado por el escándalo de la pederastia, entre otros. Francisco, pontífice hasta 2025, impulsó normas más severas. Pero el sistema se siguió resistiendo a cambiar, muchas diócesis siguen ocultando sus casos a Doctrina de la Fe y las denuncias que llegan allí a menudo se empantanan.

En algunos países la Iglesia sí ha asumido dolorosas operaciones de transparencia, como Irlanda, Francia, Alemania y Portugal. Otros, como España, las siguen evitando. Pero la gran paradoja es que el Vaticano, de donde parten los llamamientos oficiales a la verdad y la transparencia, sigue sin revelar lo que sabe. León XIV tiene la oportunidad de dar un giro histórico.