La fallida intervención de la Nueva EPS ilumina las dificultades para reformar el sistema de salud en Colombia

Poner a flote a la Nueva EPS era una de las grandes prioridades del Gobierno de Gustavo Petro. No solo es la más grande de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las aseguradoras públicas o privadas que administran un sistema de salud al borde del colapso. También tiene un fuerte valor simbólico para la militancia de izquierdas. Es el resabio del antiguo sistema, en el que el Estado tenía un rol más central. La EPS absorbió hace 18 años a los afiliados del antiguo Instituto del Seguro Social, la entidad estatal a la que estaban afiliados los trabajadores colombianos antes de una reforma en 1991, y el Gobierno retiene una amplia participación accionaria. Inmersa en una larga crisis, Petro prometió rescatarla y la intervino en abril de 2024 “para frenar el desangre”. Dos años después, las intervenciones han fracasado. El remedio ha sido peor que la enfermedad.

La prórroga de la intervención por un año más, firmada por el Gobierno el 10 de abril, reconoce el deterioro de la EPS. Entre las fundamentaciones de la Superintendencia de Salud para mantener la administración, señala que las deudas han subido de 18,4 billones (unos 5.100 millones de dólares) en diciembre de 2024 a 26,1 billones de pesos (alrededor de 7.200 millones de dólares) en noviembre de 2025. El número frío tiene un efecto muy tangible para 11,5 millones de colombianos. Son habituales las noticias de la falta de cirugías, citas con especialistas o medicamentos. La crisis es evidente en “un incremento sostenido en las inconformidades, especialmente durante el periodo de prórroga”: según la resolución del propio Ejecutivo, su crecimiento anual es del 14,3%.

Néstor Álvarez, vocero de la Asociación de Usuarios de la Nueva EPS, relata por teléfono los cambios en los últimos años. “Indiscutiblemente, el sistema ha tenido una permanente crisis, porque cada Gobierno no ha asignado los recursos que eran necesarios, pero nunca habíamos visto algo así”, comenta. “Antes peleábamos por un medicamento que no nos entregaban en 10 o 20 días, máximo un mes. Ahora vemos que faltan durante dos, cuatro, seis meses. Y ya no son solo los de alto costo, sino también los genéricos”. Según cuenta, el asunto de los medicamentos ahora afecta al 40% o el 60% de los pacientes. Cree que el número de peticiones, quejas y reclamos (PQRs) está subestimado: “Hay gente que ya ni siquiera pone quejas porque ha detectado que no se soluciona nada”.

Mientras tanto, la inestabilidad en los altos cargos evidencia que la EPS no encuentra su rumbo para resolver estos problemas. “Cada interventor llega con su gente, dice que el anterior era corrupto y cambia todo”, dice Álvarez. Desde enero de 2024, han pasado dos presidentes —antes de la intervención— y tres interventores. El Gobierno echó esta semana a Luis Óscar Gálvez y designó a un cuarto interventor, Jorge Iván Ospina, un médico y exalcalde de Cali con varias causas de corrupción. El nombramiento lo firmó la superintendenta ad hoc para la Nueva EPS, Luz María Múnera, que dejará esa función luego de solo seis meses: su puesto quedó obsoleto porque también cambió esta semana el superintendente de todo el sistema, Bernardo Camacho, quien tenía un impedimento puntual para esta EPS por haber sido uno de sus interventores.

La incertidumbre se completa con el caos político y administrativo. Caracol Radio reveló esta semana una carta en la que varios funcionarios de la Superintendencia denuncian ante la Procuraduría que la prórroga de la intervención fue ilegal por haberse saltado controles internos y que Ospina no cumple con los requisitos para ser interventor. La EPS, según el escrito, debería volver a sus dueños: el Estado y seis cajas de compensación. En simultáneo, el recambio administrativo se produce con dudas persistentes sobre la contabilidad. Múnera reconoce que, con corte a febrero, solo se han procesado 3 de los 15 billones de pesos de cuentas rezagadas. “No se sabe por qué las cobraron, no hay un sustento”, explica durante una entrevista en su despacho. A diferencia de las demás EPS, los balances financieros de 2023 y 2024 siguen sin presentarse.

El Gobierno, por su parte, eleva la apuesta mes a mes. Pese a la crisis en la Nueva EPS, a finales de febrero emitió un decreto que modificaba las reglas de operación de las EPS y que hubiera implicado que la aseguradora más grande, con presencia en todo el país, absorbiera a unas tres millones de personas adicionales. Un tribunal lo tumbó en marzo tras considerar que “podría dar lugar al colapso” de la Nueva EPS y “afectaciones generalizadas y potencialmente irreparables” para todos los pacientes. El presidente no se echó para atrás: unos días después, ordenó en un Consejo de Ministros que se liquiden las EPS que están en quiebra, lo cual implicaría un traslado masivo a las que sobrevivan.

¿Mala gestión o desfinanciamiento?

La superintendente Múnera señala a los interventores anteriores, designados por el Gobierno, por los fracasos. Para ella y el presidente, el dinero alcanza, pero está mal gestionado. La contratación por eventos, dice, hace que los prestadores cobren cada procedimiento “al precio que les da la gana”. Los interventores, además, indican cada mes a qué prestador se le debe pagar y cuánto, en vez de cancelar el mismo porcentaje de las facturas a todos. Desde su perspectiva, es posible resolver la crisis si se cambian estas prácticas y se nombran funcionarios adecuados. Rechaza que la alternativa sea “entregar más plata para que se pierda”.

Para Múnera, la crisis de la Nueva EPS no es la más profunda. “Cuando revisas los PQRs [peticiones, quejas, reclamos] per cápita, la Nueva no es la primera, sino la tercera, luego de Sura y Sanitas [privadas]. Pero es la que está en el centro de un debate electoral porque atacarla es atacar a Gustavo Petro”, dice. El centro de pensamiento Así Vamos en Salud reconoce, en un documento, la validez de estos datos. Sin embargo, la afectación es descomunal por el tamaño de esta aseguradora y porque la crisis se profundiza: hubo 518.199 PQRs en 2025, un 45% más que el año anterior y un 116% más que en 2022. Asimismo, el centro de pensamiento comenta que puede haber un subregistro en zonas rurales, donde la Nueva EPS tiene una amplia cobertura, porque la población suele tener menos información sobre la posibilidad de presentar estos recursos.

Augusto Galán, exministro de Salud y director de Así Vamos en Salud, rechaza en una conversación telefónica que el problema se deba a funcionarios específicos que incumplen las orientaciones del presidente. Cree que hay una deficiencia estructural con las interventorías. “No funcionan porque lo primero que hacen es quitar los órganos de control internos de las entidades. Desaparecen la asamblea y la junta directiva. Todo queda en manos de un reyezuelo que, en el caso de la Nueva EPS, maneja dos billones de pesos mensuales [unos 550 millones de dólares]”, explica. Asimismo, señala que “la mala gestión clínica”, que la OMS asocia a ineficiencias del gasto de un 20% o 40% en todo el mundo, no alcanza para explicar la crisis. “Si hay tanta corrupción como dicen, ¿por qué no la han denunciado?”, apunta.

Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social, añade que uno de los mayores errores fue que se cambiaran una gran parte de las redes de prestadores. Esto rompió la continuidad de los tratamientos de muchos pacientes. Asimismo, es opaca la información sobre cuáles han sido los criterios de la contratación para los nuevos proveedores, que a veces no tienen la misma calidad que los anteriores. Tampoco es claro cómo se establece a quién se le paga y cuándo. Aunque este es un punto en común con la superintendente, señala que corregirlo no resolverá la crisis de fondo. “Los recursos seguirán siendo insuficientes”, apunta.

Los contradictores de la política sanitaria del Gobierno insisten en que el problema principal viene del bajo monto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la suma que el Estado le paga a las EPS por cada afiliado. La Corte Constitucional declaró en enero de 2025 que el Gobierno debía reajustarla, incluso con rezagos que vienen desde 2021. El Ejecutivo no solo se ha negado a hacerlo, sino que ha mantenido los ajustes anuales por debajo de lo que piden las EPS. Es difícil calcular el impacto financiero en la Nueva EPS, que no presenta balances financieros, pero es evidente en las otras 27. Salvo algunas excepciones, los análisis de Así Vamos en Salud muestran un deterioro acelerado: el patrimonio neto de las EPS pasó de 110.000 millones de pesos en 2021 a -16,9 billones de pesos en 2025. El panorama es aún peor en las intervenidas, que pasaron de un patrimonio de -2,1 billones de pesos en 2021 a uno de -13,3 billones de pesos en 2025.

Incluso el nuevo interventor Ospina señaló, en sus primeras entrevistas esta semana, que enfrentará el problema de la falta de recursos del Estado. “No creo que la UPC alcance para la Nueva EPS (...). La población está pasando a una pirámide con más adultos mayores, más demandantes por enfermedades crónicas”, declaró en Blu Radio. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, no ocultó su enojo ante esa declaración. “¿Qué sabe el doctor Ospina? No tiene ni idea de los parámetros”, dijo a Caracol Radio. Insistió en que el gran problema son los malos manejos: “Que se dedique a administrar porque, Ave María, que sí tiene trabajo con la corrupción que hay”. Una vez más, negó su responsabilidad por los interventores anteriores. “Yo no soy el que los nombro”, en una crítica velada al presidente. Mientras tanto, los pacientes siguen sufriendo.