La justicia suspende el traslado de 2,6 millones de pacientes a la Nueva EPS

El Tribunal Administrativo de Antioquia ha frenado este miércoles el traslado de millones de colombianos entre distintas Entidades Promotoras de Salud (EPS). Lo ha hecho al dictar medidas cautelares que suspenden un decreto por el que el Gobierno de Gustavo Petro modificó las reglas de operación de las aseguradoras públicas y privadas que administran el sistema de salud. La sociedad civil calculaba que las disposiciones implicaban que seis millones de usuarios debieran cambiarse de EPS y que 2,6 de ellos llegarían a la estatal Nueva EPS, intervenida por el Gobierno y la de mayor tasa de reclamos. El magistrado Daniel Montero consideró que la medida “podría dar lugar al colapso” de la aseguradora y “afectaciones generalizadas y potencialmente irreparables” en los servicios que presta.

El Ministerio de Salud emitió el decreto a finales de febrero. Estableció que las EPS solo podrían operar en los municipios en los que tuvieran afiliados al menos al 3% de la población. Además, habría un máximo de aseguradoras en gran parte del país: desde solo una en lugares con menos de 20.000 habitantes hasta un máximo de cinco en las ciudades de entre 100.000 y 500.000. En la práctica, esto significaba que gran parte de las EPS tendrían que entregar sus afiliados a otras. El Gobierno justificaba que era necesario para mejorar la atención a los pacientes: “En zonas dispersas, marginadas o de baja densidad poblacional, el Estado debe adoptar medidas razonables, eficaces, progresivas y continuas que aseguren a sus habitantes opciones de acceso oportuno e integral a los servicios de salud que requieran”.

Víctor Raúl Palacio, representante de la Asociación de Usuarios de Sanitas (una EPS privada) en Medellín, instauró la demanda contra el decreto. Argumentó que las nuevas reglas implicarían traslados obligatorios de seis millones de usuarios y que una gran parte iría a la Nueva EPS, que “está intervenida, no cumple las exigencias de capital mínimo ni patrimonio adecuado para operar como EPS, no reporta estados financieros completos y presenta barreras de acceso y aumento considerablemente progresivo de quejas”. Según la demanda, esto amenaza los derechos fundamentales “no solo a los usuarios que serían trasladados, sino también de quienes actualmente son usuarios de dicha EPS”. La Nueva EPS, que ya tiene 11,5 millones de afiliados (el 25% del sistema), pasaría a más de 14 millones. Sería la única operadora en 502 municipios, la mitad del país.

El magistrado retomó los argumentos de Palacio y consideró que la medida busca beneficiar a la Nueva EPS, en detrimento de las otras aseguradoras públicas y privadas. “Pasa de ser una elección libre del afiliado, para convertirse, en la práctica, en una imposición derivada del nuevo esquema”, cuestionó. Señaló, además, que esto produciría “un perjuicio irremediable”, ya que ni siquiera se ha demostrado que la EPS tenga la capacidad para absorber tantos pacientes. “[El decreto] no ofrece una justificación técnica seria que explique por qué una EPS con más del 20% de afiliados a nivel nacional e intervenida puede seguir recibiendo usuarios”, se lee en el texto. El tribunal añade que el decreto no explica de dónde surgen los umbrales poblacionales para restringir las operaciones de otras EPS.

La decisión judicial enfatiza que las medidas cautelares son necesarias para evitar daños irremediables. “El modelo de aseguramiento cambiará y los efectos de una eventual sentencia de condena serían nugatorios por la irreversibilidad de los efectos materiales del cambio de modelo”, apunta. Por ello, ordena al Ministerio de Salud y la Superintendencia del sector que “se abstengan de materializar las disposiciones del decreto reglamentario 182 de 2026, hasta que se defina de fondo la controversia mediante sentencia”.

La decisión frena la política del Ejecutivo de reforzar el papel del Estado en el sistema de salud, un camino para implementar su debatida reforma legal vía decretos. El proyecto de ley que ha rechazado dos veces el Congreso se ha convertido en una de las banderas centrales del saliente presidente, Gustavo Petro.