Colombia se prepara para un fenómeno de ‘El Niño’ que pondrá a prueba su sistema eléctrico

Tras una primera mitad de 2026 marcada por lluvias intensas e inundaciones, especialmente en el norte de Colombia, en departamentos como Córdoba, el país enfrenta ahora el escenario opuesto: la llegada, durante el segundo semestre, de un fenómeno de El Niño que no solo traerá sequías, sino que eleva el riesgo de una crisis energética por la alta dependencia del país de la hidroelectricidad. Además de sus efectos sobre el sistema eléctrico, El Niño impacta la agricultura, la ganadería y la salud pública, aumentando la presión sobre sectores clave del país.

Las autoridades colombianas lo prevén casi como una certeza. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) elevó al 90% la posibilidad de que el fenómeno se consolide para septiembre y, junto con el Ministerio de Ambiente, emitió una alerta temprana el mes pasado. La ministra encargada Irene Vélez señaló que, aunque aún no se declara oficialmente el fenómeno, “lo responsable es informar a la ciudadanía que ya contamos con evidencia científica que confirma un creciente calentamiento del océano Pacífico”, y aseguró que estas señales permiten anticipar riesgos, activar la preparación institucional y proteger a las comunidades. Entre abril y agosto, dicen ambas instituciones, se prevé una reducción ligera de lluvias en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, donde se concentra casi el 90% de la población nacional, que podría intensificarse si se consolida El Niño.

Sin embargo, los expertos internacionales tienen ciertas dudas. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estima un 60% de probabilidad de que el fenómeno se desarrolle desde mayo y persista hasta final de año. Aunque su intensidad solo podrá confirmarse una vez se consolide, hay un 25% de probabilidad de que sea “muy fuerte”.

El Niño se produce cíclicamente y se debe a un aumento sostenido de la temperatura superficial del océano Pacífico en su región ecuatorial central. Incrementos de entre 0,5 y 2 grados Celsius durante tres meses, anticipan la intensidad del fenómeno. Si se mantienen bajo 1 grado centígrado, se prevé un fenómeno débil; de allí a 1,5 grados, uno moderado; entre 1,5 y 2 grados, uno fuerte; por encima de dos grados, muy fuerte. El monitoreo de NOAA muestra que la zona principal que se mide para declarar el fenómeno, conocida como Niño 3.4, se mantiene en valores neutrales, otras zonas del Pacífico ecuatorial registran incrementos de hasta 0,6 grados Celsius y un calentamiento sostenido debajo de la superficie.

Como sea, la probabilidad del fenómeno es alta. En Colombia, El Niño suele traducirse en menos lluvias, especialmente en la región andina, señala el profesor Juan Guillermo Saldarriaga, del departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Los Andes. Germán Poveda, profesor del Departamento de Geociencias y Medio Ambiente, de la sede Medellín de la Universidad Nacional, advierte que el fenómeno, y particularmente su posible intensificación, representan un riesgo elevado para Colombia. “Su localización ecuatorial y su dependencia casi total de la energía hidroeléctrica nos hacen extremadamente vulnerables”, señala. Apunta que se deben tomar medidas para evitar que los embalses, necesarios para el agua potable y la energía, caigan a niveles críticos e insiste en que deberían superar el 80% de su capacidad antes de agosto. “Sin ese colchón, el riesgo de racionamiento eléctrico es real”, advierte. Llama a acelerar el llenado y a garantizar que las plantas de generación de energía por combustible puedan operar a plena capacidad durante cinco o seis meses.

Poveda también llama la atención por el impacto sobre la agricultura, la ganadería y la salud pública. La disminución de la lluvia y el aumento de las temperaturas afectan el rendimiento agrícola, el caudal de los ríos y elevan el riesgo de incendios. Cultivos como el café, la caña de azúcar, el banano, el aguacate o el arroz, ese último particularmente dependiente del agua, están entre los más vulnerables, junto con hortalizas y frutales. En zonas de altitud, además, se pueden presentar heladas que impactan cultivos como la papa, la cebolla o la zanahoria. “El Niño actúa como un amplificador de vulnerabilidades”, resume el docente, y conecta la escasez hídrica con el aumento de costos, la caída de rendimientos y la pérdida de cosechas.

Las cifras del fenómeno entre 2023 y 2024, que cita Poveda, ilustran la magnitud del impacto en el sector de la ganadería: pérdidas por al menos 122.000 millones de pesos (casi 34 millones de dólares), con 105.795 millones en leche y 16.645 millones por muerte de ganado. Cerca de 9.000 animales murieron y más de 308.000 fueron desplazados, afectando 113.508 predios y más de 2,5 millones de hectáreas. La producción lechera cayó en más de 1,8 millones de litros diarios, que se tradujo en unos 2.351 millones de pesos de pérdidas al día.

La salud pública también está en riesgo, no solo por el riesgo de enfermedades respiratorias por inhalación de humo por incendios forestales, cuya posibilidad también incrementa, sino por epidemias de enfermedades como malaria, dengue y chikungunya. “Esta asociación lleva décadas documentada y aun así el país sigue sin activar mecanismos de preparación anticipada suficientes”, reprocha Poveda. El país experimentó entre 2023 y 2024 un aumento de 20,9% de casos de malaria en un contexto de cambios ambientales intensificados por el fenómeno. “Con un El Niño muy fuerte en el horizonte, las regiones del Pacífico, Amazonía, Orinoquía y Caribe, que concentran la mayor carga histórica de la enfermedad, deberían estar en alerta sanitaria desde ahora, no desde cuando aparezcan los primeros brotes”, agrega.

En ese contexto, Poveda insiste en la necesidad de fortalecer la resiliencia del país en el largo plazo a través de la diversificación energética, el fortalecimiento de la infraestructura hídrica, proteger ecosistemas como páramos y la Amazonía e incorporar un enfoque climático en la planificación territorial. Eso último resulta particularmente importante en Colombia, donde el 21% del territorio presenta sensibilidad alta y muy alta al cambio climático.

Más allá del riesgo por las condiciones climáticas, Poveda enfatiza que el problema se encuentra en la “fragilidad institucional, la desigualdad territorial y la falta de inversión sostenida en infraestructura resiliente”. Asegura que el país cuenta con el conocimiento científico y técnico, así como con el marco legal para adelantar las transformaciones necesarias, pero “históricamente ha faltado voluntad política sostenida”. En su opinión, los fenómenos climáticos como el que se avecina “son una oportunidad para aprender y actuar antes del siguiente”. La pregunta, agrega, es “si en esta oportunidad el país aprovechará esta ventana antes de que llegue la crisis”.