La cocaína en el vehículo de Petro: una nueva denuncia de sabotaje reaviva la guerra en las sombras

Un nuevo episodio vuelve a agitar las sombras del poder en Colombia. Este martes, durante un extenso Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro denunció dos complots que, en un primer momento, pasaron casi desapercibidos, pero que habrían paralizado la agenda de cualquier otro país. Como sin darle mucha importancia, Petro aseguró que esta misma semana intentaron matarlo mientras viajaba en helicóptero. Según su relato, la aeronave tuvo que desviar su ruta y sobrevolar el océano durante cuatro horas hasta poder aterrizar. No ofreció detalles sobre la amenaza concreta ni sobre los responsables.

La segunda revelación tuvo aún más repercusión, por novedosa. El presidente afirmó tener información sobre una conspiración para plantarle “sustancias psicoactivas” [cocaína, según fuentes cercanas al caso] con el objetivo de “destruir la reunión con Trump”, en referencia al encuentro que sostuvo la semana pasada en la Casa Blanca. Horas después, se firmó la orden para que el general de la Policía señalado indirectamente como responsable de esa operación abandonara el servicio.

No es la primera vez que Petro denuncia un complot en su contra. Desde el inicio de su mandato ha denunciado varios planes para asesinarlo, desestabilizar su Gobierno o sabotear su imagen. “No puedo confiar en nadie, todos me traicionan”, suele decir en privado. Esa desconfianza permanente —o, para sus críticos, su manía persecutoria— tiene raíces en su pasado guerrillero, marcado por persecuciones y traiciones. En este caso, como en otros anteriores, sus denuncias abren muchos interrogantes, pero no las sustenta públicamente con evidencias ni investigaciones concluyentes.

El efecto acumulado es un clima de sospecha constante que acaba restando credibilidad a las denuncias del presidente y a las agencias de inteligencia que deberían protegerlo. El patrón sugiere el uso de aparatos de seguridad para disputas políticas. “Muchos de quienes trabajan en la alta dirección del Estado buscan la atención del presidente ofreciéndole este tipo de información, que él puede utilizar”, advierte una fuente conocedora de estas dinámicas.

EL PAÍS ha hablado con tres fuentes de inteligencia de distintos rangos y sectores, y ninguna logra aclarar el episodio. Tampoco hay coincidencia sobre el origen de la información que llegó al presidente. Dos de las fuentes apuntan a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), un organismo que depende directamente de la presidencia y que Petro ha puesto en manos de personas de su confianza, varios de ellos antiguos compañeros suyos en armas en el M-19, y que le ha servido para contrarrestar la desconfianza que mantiene hacia la inteligencia militar y policial. El propio general apartado, Edwin Urrego, ha sustentado esa tesis: “Que se investigue quién dio datos falsos sobre mí, incluida a la DNI”, le dijo a EL TIEMPO.

Otra versión señala a sectores de la inteligencia militar en colaboración con agencias extranjeras, en un contexto en el que Donald Trump puso en la mira primero a Nicolás Maduro y después a Petro como supuestos colaboradores del narcotráfico. Según esa última versión, el Ejército habría detectado ese intento de vincular al presidente —o a su entorno— con el narcotráfico, en medio de tensiones con Venezuela y despliegues en el Caribe. “La información llega a la estación de la CIA en Colombia y se le entrega directamente al señor presidente como material con cierta credibilidad”, explica una de las fuentes.

Dos de las fuentes coinciden en que, más allá de las pruebas que puedan existir, el “ruido” escaló hasta convertirse en arma política. Petro, sostienen ambas, suele capitalizar ese tipo de alertas para “tirar la bomba” y generar impacto político.

Lanzó la “bomba”, efectivamente, cuando tenía varios frentes abiertos en la política doméstica. Horas antes, la Fiscalía había anunciado que imputará cargos a Ricardo Roa, presidente de la petrolera estatal y exgerente de su campaña presidencial de 2022, por presuntamente haber superado los límites de financiación electoral, una conducta tipificada como delito en Colombia. El presidente interpreta la imputación como parte de una conspiración más amplia en su contra, en la que incluye el proceso contra su hijo Nicolás, acusado desde 2023 de haber recibido dinero para la campaña y apropiárselo, y el juicio contra su antiguo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señalado por la supuesta asignación de recursos públicos a congresistas a cambio de respaldo político al Ejecutivo.

Las versiones enfrentadas entre agencias de inteligencia no son nuevas. Sus miembros arrastran tensiones ideológicas y cuestionamientos de métodos. Los sectores más cercanos a Petro suelen acusar a los demás de conspiradores. Desde la órbita militar responden que los otros sufren de amateurismo y falta de rigor. La denuncia de la cocaína en el vehículo presidencial no ha hecho más que ampliar esas grietas. “Todo en la vida es posible. La clave está en distinguir lo probable”, sostiene una fuente escéptica ante el complot denunciado por Petro. “Es descabellado. Hay que revisarlo con pinzas”, añade, recordando que el esquema de seguridad presidencial incluye al menos seis vehículos de alta gama idénticos entre sí, lo que haría extremadamente compleja una operación para introducir drogas sin ser detectado. “Deja más preguntas que respuestas”, concluye sobre la acusación de Petro.

El caso fue escalando a lo largo de la jornada. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó a la cúpula militar y policial “fortalecer todas sus capacidades de inteligencia y contrainteligencia” para neutralizar cualquier amenaza contra el presidente. En su cuenta de X, anunció además que recopilará información sobre la denuncia para estudiarla oficialmente. “La situación es muy grave, tanto si se confirma que es cierto como si se confirma que es mentira”, lamentan fuentes oficiales.

Mientras tanto, el general Edwin Urrego, señalado indirectamente por el presidente sin que se conozcan pruebas que lo impliquen, pasó la mañana defendiéndose. Y, una vez más, las miradas volvieron a dirigirse al ministro del Interior, el polémico Armando Benedetti. “Alguien dio la orden —desde luego no nosotros— de ponerme sustancias psicoactivas en el carro”, afirmó Petro durante el Consejo de Ministros, mirando a Benedetti. “Eso tiene que ver con usted. Le allanaron su casa. Era para eso”, añadió. El presidente aludía al registro de la vivienda del ministro, el 11 de noviembre de 2025, ordenado por la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana. Benedetti acusó entonces a la jueza de extralimitarse y de actuar movida por una fijación personal. En ese momento, la Policía Metropolitana de Barranquilla, donde ocurrió el registro, estaba bajo el mando del general Urrego.

El cruce de acusaciones terminó por dominar la escena. Mientras Urrego recorría emisoras denunciando la “desinformación” que, a su juicio, ha recibido el presidente y calificaba la acusación de “locura”, Benedetti respondía en X: “El general Urrego, de forma sospechosa, quiere hacer creer que lo destituyeron por el ilegal allanamiento que me hicieron el 11 de noviembre de 2025. No señor, no sea cobarde: a usted lo botan porque hay un informe de inteligencia según el cual iba a hacerle un entrampamiento al presidente [...] Su cargo le prohíbe deliberar en política y usted tomó partido para delinquir”. La acusación de Benedetti ignora que fue el propio Petro el que vinculó públicamente a Urrego con el allanamiento.

Un día después de lanzar la bomba, el asunto no parecía preocupar más a Petro que, en torno a las 21.00, publicaba en X sobre cómo una nutrición más sana toma fuerza en Colombia.