La Defensoría del Pueblo cuestiona al Congreso por recortar aún más su presupuesto: “Tendrá un impacto gravísimo en las comunidades”

Los reclamos de la Defensoría del Pueblo para que el Gobierno y el Congreso no recorten sus recursos llegaron a oídos sordos. El Senado ha aprobado este jueves, en último debate, el proyecto de presupuesto de 2026 y le ha asignado 1,19 billones de pesos (unos 306 millones de dólares) a la entidad encargada de velar por los derechos humanos. Es una reducción de unos 60.000 millones de pesos (alrededor de 15 millones de dólares) con respecto al presupuesto actual. La defensora del Pueblo, Iris Marín, había advertido más temprano en Caracol Radio que este recorte afectará áreas críticas. “Tendrá un impacto gravísimo en las comunidades que acompañamos. No solo en temas de conflictividad armada, sino también de violencia contra la mujer, servicio penitenciario, defensa pública”, comentó.

Un aspecto llamativo es que la cifra del proyecto aprobado por el Congreso es aún menor a la que había propuesto el Ejecutivo en julio, que rondaba los 1,21 billones de pesos (unos 312 millones de dólares). El Legislativo no solo desoyó los reclamos de la Defensoría, sino que optó por hacer un recorte aún mayor. Marín expresó su frustración en varias ocasiones antes del debate final. “Es, por lo menos, desconcertante: ¿Cuál es la prioridad que le da el Gobierno y el Congreso a la labor independiente de promoción y defensa de los derechos humanos?”, cuestionó en redes sociales.

La Defensoría había pedido 1,34 billones de pesos (unos 344 millones de dólares) para el 2026. La cifra tomaba en cuenta la inflación (alrededor del 5%) y las elecciones del próximo año, que requieren de monitoreos reforzados ante los incrementos de las amenazas de violencia. La diferencia entre lo que solicitó y lo que recibirá es de 151.000 millones (alrededor de 38 millones de dólares). Implicará que el Sistema de Alertas Tempranas tendrá que reducir los seguimientos de violaciones de derechos humanos de líderes sociales y no podrá fortalecerse para monitorear los riesgos que enfrentan los candidatos y los votantes en los comicios.

Otra área afectada serán los equipos de atención a víctimas de violencia de género. “Hicimos un esfuerzo para que cada regional tuviera una dupla de una abogada y una psicóloga. Pero tendremos que recortarlas, a pesar de que está subiendo la violencia feminicida”, le dijo Marín a este periódico en septiembre. La defensora enfatizó, además, que hay inversiones pendientes en infraestructura que son indispensables. “Las sedes de San Andrés y Putumayo están en zonas en riesgo de desastres y se tienen que reubicar. Eso no es un lujo, es una necesidad”, apuntó.

La gran pregunta es si hay una intencionalidad política detrás de la reducción presupuestal: si bien hay una crisis fiscal generalizada en el Estado, los recortes no afectaron a otros entes de control, como la Procuraduría y la Contraloría. Marín, que llegó a la Defensoría en septiembre de 2024 tras ser ternada por el presidente, ha demostrado su independencia del Gobierno en varias ocasiones. Cuestionó al mandatario por referirse a algunas periodistas mujeres como “muñecas de la mafia”; expresó su rechazo al nombramiento de Armando Benedetti, señalado de violencia machista, en altos cargos del Gobierno. También denunció el debilitamiento del sistema de salud y la decisión del presidente de invitar a líderes criminales con los que negocia a un acto en Medellín. Hace unos días, refutó al ministro Benedetti respecto a que el país está preparado para enfrentar las amenazas al proceso electoral.

En sus entrevistas radiales de los últimos días, la defensora evitó responder a las especulaciones sobre una posible represalia. “No sé [si las coincidencias existen]. Hay que preguntarle al Gobierno”, comentó este jueves en Caracol Radio. Sin embargo, la tensión fue evidente. “Espero que el Gobierno pueda entender que [hacer pronunciamientos críticos] es mi función constitucional. La independencia implica unos pronunciamientos en contra de decisiones, no solo del Gobierno, sino de otros sectores”, subrayó el miércoles en W Radio. Marín, además, cuestionó que el Ejecutivo no la recibiera para dialogar. “Yo se lo planté al presidente de la República y no me respondió nada concreto. Ayer también busqué a la directora del DAPRE [Departamento Administrativo de la Presidencia] y tampoco pude hablar con ella”, añadió.