La inseguridad marca la agenda en una Colombia que entra en elecciones

Los violentos ataques de las disidencias de las extintas Farc durante esta semana consolidan la seguridad como la gran preocupación de los colombianos de cara a las elecciones de 2026. El asesinato de 13 policías en Amalfi, Antioquia, tras la explosión de un helicóptero antinarcóticos, y la fatal muerte de al menos seis civiles por la explosión de un camión bomba en Cali, han vuelto a poner en el centro del debate público a la fallida política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro. A los dos últimos ataques se suma el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que falleció dos meses después de que un joven sicario le disparara mientras estaba en un acto de campaña en un parque de una zona residencial de Bogotá. Las masacres y el asesinato de líderes sociales siguen aumentando vertiginosamente. Según la organización Indepaz, en lo que va corrido del año han muerto de forma violenta 103 líderes sociales y se han registrado 50 masacres.

La última encuesta Invamer, que se publicó en junio pasado, ya registraba la importancia para muchos colombianos de recuperar el orden público. El documento muestra que el 36% de los ciudadanos considera que la seguridad es el peor problema del país. Por encima del 22% de los encuestados que cree que el asunto más grave es el sistema político (22%). En el orden de preocupaciones siguen la economía con el 16%, la corrupción con el 9% y las necesidades básicas insatisfechas con el 8%. También en las principales ciudades es la seguridad el principal problema. En Barranquilla lo es para el 62% de los encuestados, en Bogotá para el 57,8%, en Cartagena para el 53% y en Cali para el 48%.

En la medición anterior, de abril de 2025, la seguridad también era la principal preocupación de los colombianos con el 28%. Era mucho más baja al comienzo del Gobierno de Gustavo Petro y se ha disparado en los dos últimos años, en paralelo con el recrudecimiento de la violencia. Lo más probable es que con los hechos terroristas que conmocionaron al país en las últimas semanas la preocupación de los colombianos por la seguridad siga creciendo.

La última medición también revela que el 72% de los encuestados considera que la política que el Ejecutivo bautizó paz total, con la que buscaba negociar en simultáneo con todos los grupos armados, tiene poco apoyo. El 89% de los consultados considera que la inseguridad está empeorando.

El notorio deterioro del orden público ha despertado críticas al Gobierno de los representantes de sectores políticos independientes o de oposición y comentarios de las cabezas de las instituciones más importantes del Estado. Todos coinciden en la urgencia de recuperar el control territorial y atacar decididamente a los grupos delincuenciales.

En la tarde de este viernes, el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, expresó su preocupación por los ataques violentos: “Nos estamos devolviendo en temas de paz, tranquilidad, convivencia y respeto a las instituciones”, dijo el magistrado. También hizo un llamado para que el Gobierno garantice en todo el territorio “el derecho a la vida, a la convivencia pacífica y la seguridad nacional”. El procurador general, Gregorio Eljach, también se pronunció en el mismo sentido y rechazó los atentados ocurridos en Antioquia y Valle del Cauca. “Es imperativo someter al narcoterrorismo a la ley, de forma implacable. La ley debe ser dura porque es la ley, el arma más eficaz para proteger la democracia”.

Los partidos políticos, que se aprestan para las elecciones legislativas de marzo y presidenciales de mayo, también se pronunciaron sobre lo ocurrido. El opositor Centro Democrático, que este viernes anunció que Miguel Uribe Londoño, padre de su exsenador Miguel Uribe Turbay, será precandidato presidencial, emitió un comunicado de prensa en el que culpa al Gobierno del recrudecimiento del conflicto. “Estos hechos son responsabilidad no solo de los terroristas de las disidencias de las FARC y el ELN, sino también de un Gobierno que ha debilitado a la Fuerza Pública mientras privilegia y protege a los criminales”. La colectividad liderada por el expresidente Álvaro Uribe denunció que “la liberación de alias Calarcá, responsable del ataque en Amalfi, por decisión de la Fiscalía y el Ejecutivo, demuestra cómo la política de impunidad hacia cabecillas se traduce en nuevas masacres contra colombianos y contra nuestra Fuerza Pública”.

El exjefe negociador de paz y exsenador independiente Humberto de la Calle insistió en que cualquier política de paz tiene que estar acompañada de una política de seguridad y cuestionó el uso de drones por parte de las disidencias. “Las antiguas guerrillas trataron mil veces de comprar misiles, tierra, aire, y nunca pudieron. Con esto de los drones, me parece que estratégicamente sí estamos en un punto que hay que anular la manera como en el aire estamos siendo objeto de ataques. Eso no había pasado nunca en Colombia”, escribió De La Calle.

Incluso políticos más cercanos al Gobierno han hecho un llamado a retomar la ofensiva militar. El precandidato Roy Barreras, antiguo embajador de Colombia en Reino Unido, lamentó lo sucedido. “Eso es lo que hay que hacer! Ir por los terroristas, someterlos, castigarlos y devolverle la tranquilidad a las familias colombianas”. Y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien aspira a ser candidato del partido de Petro, el Pacto Histórico, también cuestionó lo sucedido: ”Los narcoterroristas no pueden arrodillar al país a punta de bombas".

En este momento ningún sector político está defendiendo la salida negociada al conflicto con estos grupos criminales. El presidente Gustavo Petro también parece haber tomado la decisión de priorizar la ofensiva militar en vez de continuar con la búsqueda de la paz total con estas disidencias. En sus últimos mensajes en X ha mostrado lo que está haciendo el Ejército para enfrentar a los criminales: “Desde ayer el grupo que fue capaz de derribar el helicóptero de la policía está bajo fuego de artillería”. Pero parece que ya es tarde, la bandera de la seguridad, que históricamente ha ondeado la derecha, parece esquiva para la izquierda y será determinante en las próximas elecciones.