La guerra sin fin de Colombia se le desborda al presidente que prometía la paz total

La prometida “paz total” se aleja y el terror de las bombas se acerca. Colombia, un país que se desacostumbraba lentamente a las escenas de violencia extrema que antes copaban sus noticieros, atraviesa una suerte de déjà vu en el último año del cuatrienio de Gustavo Petro, el presidente de izquierdas que se proponía negociar en simultáneo con todos los grupos armados. Los cilindros bomba que disidencias de la extinta guerrilla de las FARC lanzaron este jueves contra una base aérea en Cali mataron a seis transeúntes e hirieron a otras 70 personas en la tercera ciudad del país. Otra facción disidente asesinó a 13 policías al derribar con un dron explosivo un helicóptero antinarcóticos en Antioquia, en el peor golpe contra la Fuerza Pública durante este Gobierno. Dos atentados casi simultáneos en un “día de muerte”, como lo calificó el mandatario, que han encendido todas las alarmas. La violencia no da tregua, se desborda y recrudece.

La nueva etapa del conflicto es más fragmentada, sin actores tan dominantes como en su día lo eran las desmanteladas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Cali, la capital de facto del Pacífico colombiano, es vecina del departamento del Cauca, un lugar estratégico para las rutas del narcotráfico por su salida al mar y que se ha convertido en un polvorín en el que opera un archipiélago de grupos ilegales. Entre ellos hay varias facciones disidentes, además del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla en armas, y el Clan del Golfo, una banda del narcotráfico heredera de los grupos paramilitares. Las autoridades atribuyen el atentado a uno de los grupos disidentes reunidos en el llamado Estado Mayor Central, bajo el mando de Iván Mordisco, ahora mismo el enemigo número uno del Gobierno.

El presidente Petro, quien ya lo ha tildado de “traqueto [narcotraficante] vestido de revolucionario”, subió aún más el tono. “Lo sucedido en Cali nos muestra el paso de las disidencias de Iván Mordisco hacia una acción netamente terrorista”, advirtió en un discurso en el que afirmó que los atentados son crímenes contra la humanidad, ejecutados por bandas “que se han supeditado al control de la Junta del Narcotráfico”, que —asegura— “opera internacionalmente como una confederación de mafias”, con base en Dubái. Aunque Petro ha insistido en esa confusa teoría, autoridades como la Fiscalía colombiana ponen en duda la existencia de la junta. El presidente también dijo que las disidencias de Mordisco, la Segunda Marquetalia de Iván Márquez y el Clan del Golfo de ahora en adelante “serán consideradas organizaciones terroristas, perseguibles en cualquier lugar del mundo”.

Es un marcado giro en el discurso frente a tres grupos armados con los que su Gobierno estuvo dispuesto a entablar negociaciones de paz. Mientras que Márquez y Mordisco se levantaron de sus respectivas mesas con delegados del Gobierno, esta misma semana el Ejecutivo anunciaba la reanudación de diálogos –ahora en Qatar– con el Clan del Golfo, o Ejército Gaitanista, como se hace llamar la organización armada más grande de Colombia. El proceso con el ELN sigue en un punto muerto después de una violenta arremetida a comienzos de año en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, que provocó el desplazamiento forzado de más de 60.000 personas, una crisis humanitaria de enormes dimensiones. A la ambiciosa promesa de una paz total nacional solo le quedan tres mesas regionales abiertas con pequeñas escisiones de los grupos más grandes. Para complicar aún más el panorama, el gobernador de Antioquia, el opositor Andrés Julián Rendón, atribuye el ataque al helicóptero a otra estructura disidente, la de alias Calarcá, que en teoría todavía dialoga con el Gobierno.

Los atentados de este jueves no son episodios aislados. Cali, de hecho, ya ha sido blanco de varias oleadas de ataques en este año, aunque de menor envergadura. Además, se producen pocos días después del magnicidio del senador y precandidato de oposición Miguel Uribe Turbay, quien murió en la clínica en la que pasó algo más de dos meses intentando recuperarse de los disparos que le propinó en la cabeza un sicario adolescente el 7 de junio durante un mitin político en Bogotá. Ese crimen, en particular, ha sembrado de zozobra la incipiente campaña para las elecciones legislativas y presidenciales del 2026, en medio de una polarización alarmante.

“No hay un caos de violencia en este Gobierno”, ha defendido Petro con vehemencia. Así lo hacía un par de meses atrás en una alocución dedicada en concreto al tema de la seguridad, y transmitida en televisión nacional, en medio de una cadena de asesinatos de policías y militares. Su principal argumento para desvirtuar lo que considera una “percepción” equivocada –o de plano “una mentira mediática”– es que la tasa de homicidios muestra un descenso sostenido a partir de 2002, con un leve repunte desde el 2021 –antes de su llegada al poder, en agosto de 2022–. “El balance general es que hemos sido exitosos como sociedad”, más allá de los vaivenes de los gobiernos, afirmaba entonces.

Para atajar una crisis que desconoce, Petro ya había optado por romper una arraigada tradición al posesionar en marzo como ministro de Defensa al general en retiro Pedro Sánchez, el primer militar desde la Constitución de 1991. Con su llegada, regresó el acento castrense y el tono endurecido al que los ministros del sector han acostumbrado a los colombianos. Varios analistas coinciden en que la Fuerza Pública ha recuperado la iniciativa bajo su mando, pero el deterioro de la seguridad es palpable en cualquier caso.

Colombia sufre la peor situación humanitaria de los últimos ocho años, desde la firma del acuerdo de paz con las FARC a finales de 2016, de acuerdo con el más reciente balance anual del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). La Defensoría del Pueblo, encargada de velar por los derechos humanos, por su parte, alerta sobre al menos una docena de focos de emergencia humanitaria activos a lo largo y ancho del país, desde el Catatumbo hasta el Cauca, dos zonas en las que están en marcha operaciones militares de gran envergadura. Es en ese complejo panorama en el que el Gobierno de Petro se proponía establecer negociaciones en simultáneo con todos los grupos armados. La paz total se ha desdibujado en medio de la fragmentación de los interlocutores en las pocas mesas que sobreviven, e incluso los más entusiastas de las salidas dialogadas al conflicto armado le reclaman a Petro que ha fallado en implementar con mayor decisión el acuerdo firmado de 2016.

El orden público se ha disparado entre las principales preocupaciones. Más de un tercio de los encuestados lo considera el peor problema que tiene el país en estos momentos (36%), muy por encima del sistema político (22%), la economía (16%) o la corrupción (9%), en la más reciente encuesta bimestral de Invamer –publicada después del atentado contra Miguel Uribe, pero antes de su muerte y de la oleada de atentados de esta semana–. Además, un 72% opina que la desgastada política de paz total va por mal camino y el 89% de los consultados considera que la inseguridad está empeorando. El retroceso también es anímico en una sociedad cada vez más ansiosa por doblar de una vez por todas la página de violencia.