Nicaragua excarcela al menos a 20 presos políticos tras la presión de Estados Unidos

Las llamadas comenzaron en la madrugada de este sábado. Familiares de presos políticos fueron despertados, en distintas zonas de Nicaragua, por comisionados policiales que, sin ofrecer mayores explicaciones, les ordenaron presentarse a primera hora en las cárceles. Algunos teléfonos habían sonado ya la noche del viernes, pero fue de madrugada cuando la instrucción quedó clara: debían acudir a los centros penitenciarios porque habría excarcelaciones. “Será una buena noticia para la familia”, dijo un policía a uno de los parientes, según relataron varias fuentes consultadas. Al menos 20 presos políticos abandonaron las prisiones, según ha confirmado EL PAÍS, en un operativo que el régimen reconoció horas después con un comunicado oficial.

Madres, esposas y hermanos esperaron desde temprano frente a los portones, en especial en Managua, la capital, en el del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, mejor conocido como La Modelo. Allí estaba la mayoría de 62 presos políticos confirmados por organismos de derechos humanos en Nicaragua. El ambiente era de zozobra porque no había listas oficiales ni confirmaciones públicas, solo quedaba esperar. La excarcelación se ejecutó con un acto que fue difundido por la propaganda oficialista.

Poco después de las diez de la mañana, el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo difundió un comunicado anunciando “el retorno a sus hogares y familias de decenas de personas que permanecían en resguardo de las autoridades pertinentes”, sin detallar cifras ni identidades.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua también ha confirmado la salida de 20 personas presas políticas, pero siguen chequeando más casos. Esa veintena “ya se encuentra fuera de los centros de detención y regresando a sus hogares, tras períodos de detención arbitraria que causaron un profundo impacto en ellas y en sus familias”, afirmó la ONG que contabiliza la prisión política en Nicaragua.

A diferencia de otras ocasiones, la Administración sandinista organizó además el acto oficial de entrega, en el que funcionarios del Gobierno presentaron la excarcelación como un gesto humanitario y acompañaron la salida de los presos políticos junto a sus familiares, en un formato cuidadosamente controlado.

La salida de los presos políticos llegó un día después de que la embajada de Estados Unidos en Managua hiciera público un mensaje inusualmente directo: “Más de 60 personas siguen injustamente detenidas o desaparecidas” en Nicaragua. El pronunciamiento contrastaba la situación nicaragüense con Venezuela, donde —según Washington— se habían producido excarcelaciones tras la caída de Nicolás Maduro, y remataba con una frase inequívoca: “La paz solo es posible con libertad”.

Aunque el comunicado del régimen no mencionó a Estados Unidos ni a Venezuela, la secuencia temporal fue elocuente. Las salidas de los presos políticos en Nicaragua se producen en medio de un reacomodo regional abierto tras el derrocamiento de Maduro en Caracas, ocurrido hace una semana, y bajo señales crecientes de presión desde Washington hacia los regímenes aliados de Managua y La Habana. En su versión oficial, Ortega y Murillo aseguraron que la medida es “símbolo de nuestro compromiso invariable con el encuentro, la paz y el derecho de todas las personas a una convivencia familiar y comunitaria, respetuosa y tranquila”.

El contexto interno, sin embargo, ha sido el opuesto. Tras la caída de Maduro, el régimen nicaragüense atravesó 14 horas de silencio antes de reaccionar con tres comunicados tibios. Luego, activó una fase de alerta máxima: redobló la vigilancia en los barrios, intensificó el control de redes sociales y se registraron más de una decena de denuncias por arrestos de personas que celebraron públicamente el colapso del chavismo. Las salidas de la cárcel convivieron así con un endurecimiento del aparato represivo.

Las advertencias desde Washington no tardaron en amplificar ese clima. El senador republicano Rick Scott aseguró que Cuba y Nicaragua también “serán arregladas”, una frase que circuló con rapidez en los círculos de poder del orteguismo. Para analistas, ese mensaje funcionó como catalizador de una respuesta defensiva: excarcelaciones parciales hacia afuera, mayor control hacia adentro.

Para Eliseo Núñez, exdiputado opositor y analista político en el exilio, los gestos del régimen responden a una estrategia de doble carril. “Por un lado, buscan enviar señales de distensión a Estados Unidos, que ha demostrado que va en serio contra estas dictaduras. Por el otro, refuerzan el control interno para evitar cualquier fisura”, explica.

“Lo que le preocupa a Ortega y Murillo no es tanto un ataque militar de Estados Unidos, sino una infiltración exitosa, como sucedió en las filas del chavismo”, sostiene Núñez. La entrega de Maduro por parte de su propio entorno, añade, funciona como espejo incómodo para un régimen que gobierna con menos recursos y menor margen de maniobra. “Si en Venezuela pudieron hacerlo, donde había mucho más para repartir lealtades, en Nicaragua puede ser más fácil quebrar la columna vertebral de los cuerpos de seguridad”, afirma.

Para las familias, el cálculo político quedó en segundo plano frente al reencuentro. La mañana del 10 de enero de 2026 quedó marcada por abrazos contenidos y salidas vigiladas, bajo la mirada de funcionarios y policías. Los presos políticos excarcelados no gozarán de libertad plena, ya que deberán presentarse diario a las comisarías de su ciudad a firmar un documento, algo que ya había sido implementado con otros reos políticos.