Colombia se prepara con cautela ante una posible migración masiva de venezolanos tras el ataque de Estados Unidos

Ante la incertidumbre que impera en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y la continuidad del chavismo en el poder, Colombia no descarta una nueva llegada masiva de personas a su territorio, en el que ya acoge a 2,8 millones de venezolanos. El Gobierno de Gustavo Petro contempla por ahora un esquema de tres fases en caso de que haya una posible emergencia migratoria, según el borrador de un plan de la Cancillería que ha revisado EL PAÍS. El vicecanciller de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo, ya aseguraba este martes ante el Consejo Permanente de la OEA que el contexto que vive Venezuela tras los ataques ordenados por Donald Trump “puede generar un flujo masivo de migración que demandaría un significativo esfuerzo en recursos y capacidades para brindar el debido apoyo y asistencia en las zonas de acogida”.

El borrador, elaborado por la Dirección de Soberanía Territorial y Desarrollo Fronterizo, detalla tres etapas “frente a una posible emergencia migratoria”. La primera es cuando el número de entradas diarias de venezolanos alcance los 73.000 y el porcentaje de no retorno sea menor al 0,01%. Es decir, cuando la mayoría de las personas que entran se quedan en Colombia. En esta primera etapa solo se hará la “identificación de necesidades” de quienes entren, una tarea que pueden responder las “capacidades locales y departamentales”.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Arriero, señaló el martes que cerca de 60.000 personas se movilizan cada día a Cúcuta, la ciudad colombiana que más flujo de venezolanos registra. Aunque Arriero manifestó que no ha habido un aumento considerable en los últimos días, admitió que la situación puede cambiar en cualquier momento. “Nuestros oficiales en los puestos de control obligatorio manifiestan incertidumbre de parte de la gente por una situación muy complicada que afectó a Venezuela y que también nos afecta a nosotros”, dijo en una rueda de prensa.

Si estos números empiezan a crecer, el Gobierno iniciará la segunda fase, de acuerdo con el borrador. Este se desplegará cuando se registren 90.000 entradas diarias, la tasa de no retornados crezca al 15% y la población venezolana con estatus irregular que desee quedarse en el país esté entre el 5 y el 15%. Es aquí cuando se superan las capacidades territoriales para atender el flujo de personas y el Ejecutivo sopesará una “posible declaratoria de emergencia”. A partir de entonces, los ministerios darán respuesta “de acuerdo con su misionalidad y capacidades” y se activarán servicios como el hospedaje, la alimentación y la atención de primeros auxilios.

El ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, que ha integrado el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta, sostuvo que “hay que estar preparados para poder atender de manera oportuna, audaz e integral a las personas que lleguen a nuestro país”. “Por el momento es muy pronto decir que sí va a aumentar o no, pero no sabemos que es lo que pase, por ejemplo, con la migración ilegal y puede estar entrando mucha gente al país”, expuso en una conversación con periodistas. El Gobierno anunció el fin de semana el despliegue de 30.000 militares en toda la frontera, que se extiende desde el mar Caribe hasta la selva amazónica, para fortalecer la seguridad territorial.

La tercera y última fase se activará si las entradas de venezolanos superan las 120.000 al día, con una tasa de no retorno mayor al 25% y la población con estatus irregular sea superior al 15%. “Esta fase superará las capacidades del Estado e incluso las medidas excepcionales”, se lee en el borrador. Para sanear la situación, el Ejecutivo plantea “activar la cooperación internacional” con el fin de cubrir las necesidades básicas de los recién llegados. Según el documento, el país cuenta con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas y otros cooperantes que “han manifestado su interés de acompañar al Gobierno (...) para atender una eventual emergencia humanitaria”.

Para 2025, la cifra de venezolanos en Colombia ascendía a 2,8 millones, de los cuales un 67% han recibido una cédula de extranjería o un Permiso por Protección Temporal (PPT), el mecanismo más usado para regularizar la situación migratoria de los venezolanos y que les da acceso a servicios básicos como salud, educación y trabajo. Según el Ministerio del Trabajo, un 71% de la población venezolana migrante estaba en edad para trabajar durante 2024 y la tasa de participación en el mercado laboral era incluso más alta que el resto de la población en el país (un 73,8% frente a un 63,5%).

Varias organizaciones humanitarias han denunciado una mala gestión de la migración venezolana durante el Gobierno de Gustavo Petro. El programa venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) publicó en octubre un informe en el que la presidencia se ha caracterizado por la “ralentización de la respuesta a la migración y el desmontaje de algunos mecanismos”. La organización pone de ejemplo el cierre de la Gerencia de Fronteras y el Registro Único de Migrantes Venezolanos, una oficina adscrita a la presidencia. “No existe en la actualidad ningún mecanismo general de regularización para quienes han ingresado después de fines de mayo de 2023”, dice el informe.

La situación también es compleja para los defensores de derechos humanos. El atentado que sufrieron los activistas Luis Peche y Yendri Velásquez en octubre mostraron las fisuras en la seguridad que reciben los exiliados políticos venezolanos en Colombia.

Muchos han exhortado el Gobierno a fortalecer los sistemas de protección y de acogida y, como muestra el borrador de la Cancillería —que se está trabajando desde inicios de diciembre, es decir, antes del ataque de EE UU en Venezuela—, es también una preocupación para el Ejecutivo, que teme, así como ocurrió hace una década, que la frontera se vuelva a desbordar.