Estados Unidos rebaja el rol de las FARC en su nueva imputación contra Maduro por narcotráfico

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha desdibujado ahora el papel que desempeñaba la antigua guerrilla colombiana de las FARC en el entramado de narcotráfico encabezado supuestamente por Nicolás Maduro en Venezuela. En la imputación que había construido esa misma autoridad en 2020, las FARC eran una parte esencial en la teoría del caso contra Maduro. Pero, ahora, en el documento corregido y presentado ante la justicia en un tribunal de Nueva York, esa guerrilla —y sus grupos disidentes— aparece como un actor secundario, mencionada como un grupo ilegal entre varios que algunas veces trabajaron presuntamente con miembros del Gobierno venezolano.

El cambio es sustancial, dado que apunta a una acusación bastante distinta contra el expresidente venezolano en el proceso que avanza en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. La anterior imputación buscaba sostener que Maduro lideraba un andamiaje “narcoterrorista” conformado por una dupla entre el “Cartel de los Soles” y las FARC. De hecho, en aquella imputación, además del expresidente venezolano y otros alfiles de su Gobierno, también aparecían como acusados Iván Márquez y Jesús Santrich, dos históricos líderes de esa guerrilla que retomaron las armas después del Acuerdo de Paz de 2016. En la nueva imputación, el Cartel de los Soles prácticamente ha dejado de existir, como reveló el New York Times, y las FARC pierden todo el protagonismo. Márquez ya no aparece imputado —Santrich murió en 2021—, sino que ahora se acusa a Héctor Rusthenford Guerrero, conocido como “el Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua, un nuevo enemigo en boca de Donald Trump. El documento es clave pues es la piedra angular con la que Estados Unidos defiende la operación ilegal con la que extrajo a Nicolás Maduro de Caracas, en una intervención que ha sacudido a América Latina.

La imputación revisada ha eliminado en reiteradas ocasiones las menciones que antes eran directas a las FARC. En una de ellas, por ejemplo, se afirmaba antes que “Maduro sucedió a Hugo Chávez en la presidencia de Venezuela tras su fallecimiento en 2013 y, durante su mandato, siguió participando en el tráfico de cocaína con el Cartel de los Soles y las FARC”. La nueva versión mantiene la frase muy similar, pero la termina así: “... y durante su mandato siguió participando en el tráfico de cocaína con narcotraficantes y grupos narcoterroristas”. En esos grupos ahora se incluye no solo a las FARC, sino al ELN (otra guerrilla colombiana), el Cartel de Sinaloa y los Zetas, de México, y el Tren de Aragua, originario de Venezuela. La imputación no mira a las FARC como gran aliado de Maduro, sino como uno entre muchos posibles delincuentes aliados.

La nueva acusación ha eliminado además un sinnúmero de menciones a episodios que antes consideraba fundamentales para probar la alianza del Gobierno de Maduro con la antigua guerrilla colombiana. Antes se mencionaba que, supuestamente, en 1999, “mientras las Farc pretendían negociar la paz con el Gobierno colombiano”, sus miembros habrían acordado con los líderes del supuesto Cartel de los Soles trasladar algunas de sus operaciones a Venezuela “bajo la protección del Cartel”. Esas frases ya no existen en el nuevo caso legal.

Otro de los hechos que ahora el Departamento de Justicia ha descartado hace referencia a una megaoperación de lavado de dinero que involucraría al propio Maduro y a las FARC. Supuestamente, en 2006, las FARC habrían pagado a Maduro —recién nombrado por Chávez Ministro de Relaciones Exteriores— cinco millones de dólares procedentes del narcotráfico. Estos serían lavados mediante la compra en Malasia de unos equipos de extracción de aceite de palma, y mediante el funcionamiento de unas plantaciones de palma africana en Apure. La imputación recordaba que ese año, públicamente, Venezuela había anunciado acuerdos comerciales con Malasia relacionados con el aceite de palma y la exploración de petróleo en territorio venezolano. Todo ese supuesto entramado tampoco aparece en la nueva imputación.

Esa primera imputación de 2020 se hizo pública en un momento en que en Colombia el Acuerdo de Paz se mantenía en vilo, después de que en una operación de la DEA se acusara al antiguo jefe guerrillero Jesús Santrich de una presunta conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos. En el viejo documento del Departamento de Justicia aparecía él junto a Iván Márquez como piezas claves de la operación de narcotráfico encabezada por Maduro. Hoy, ese asunto se ha eliminado de la nueva imputación.

El escrito de 2020, según el New York Times, fue supervisado por el entonces fiscal antiterrorismo Emil Bove III, quien después dirigió el Departamento de Justicia durante los primeros meses del segundo Gobierno de Trump y “tuvo un mandado turbulento”. Ese diario le atribuye el despido de decenas de funcionarios y la orden de desestimar los cargos de soborno contra Eric Adamas, entonces alcalde de Nueva York. Bove fue abogado personal de Trump y a mediados del año pasado fue nombrado en un puesto vitalicio en un tribunal federal de apelaciones.

Algunas menciones a las FARC se mantienen en la acusación, aunque ahora son menos recurrentes y limitadas a eventos concretos. Uno de ellos, una supuesta reunión ocurrida en 2020 en Medellín entre el hijo del expresidente venezolano, Nicolás Maduro Guerra, y dos delegados de esa guerrilla —ya para entonces una disidencia—. En el encuentro habrían discutido presuntamente cómo transportar cocaína y armas a través de Colombia hacia Estados Unidos y, supuestamente, la posibilidad de pagarle a las FARC con armas los cargamentos de cocaína. Ese señalamiento en la imputación también menciona el caso legal contra dos sobrinos de Maduro y su esposa, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, arrestados por la DEA en 2015, y condenados el año siguiente, por intentar ingresar ilegalmente 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. Según la acusación de la DEA contra los dos, los sobrinos dijeron a la DEA que tenían un contacto con las FARC.

En otra de las menciones, la acusación hace referencia a que a mediados de 2019, cuando antiguos jefes guerrilleros anunciaron que volvían a las armas —entre ellos Márquez y Santrich— Maduro y su ministro Diosdado Cabello hicieron una rueda de prensa en la que el entonces presidente venezolano anunció que esos líderes de las FARC “eran bienvenidos en Venezuela”. Era, sin embargo, una señal pública de apoyo político y no una alianza de negocios. La imputación también dice que, en 2007, el general venezolano Cliver Alcalá Cordones supuestamente entregó a la cúpula de las FARC cuatro cajas de armas del Gobierno venezolano, que incluían 20 granadas y dos lanzagranadas. Un juez y un jurado ahora tendrán que esperar las pruebas contra Maduro en un juicio que quizás tome varios años.