El atascado reembolso de 600 millones de dólares a Florida por Alligator Alcatraz que definirá el futuro de la cárcel migratoria

Florida está entre la espada y la pared; o más bien entre los cocodrilos de los Everglades y una factura astronómica. El Estado construyó el centro de detención de inmigrantes Alligator Alcatraz esperando recibir más de 600 millones de dólares en reembolsos del Gobierno federal para cubrir los costos. Pero siete meses después, el dinero no ha llegado, y las dudas de si alguna vez llegará han arrojado una nueva capa de oscuridad sobre la sombría instalación.

La controversia sobre el reembolso, que lleva varios meses de idas y vueltas, está en el centro de una demanda de grupos medioambientalistas. Estos aseguran que el Gobierno violó leyes federales de conservación cuando construyó el centro en solo ocho días a finales de junio con carpas de lona y baños portátiles en medio de una reserva natural en el territorio ancestral de los indios Miccosukee. Las autoridades de Florida dijeron en ese entonces que el Estado iba a pagar la factura —que estimaron inicialmente en unos 450 millones de dólares— echando mano de sus fondos estatales destinados a situaciones extremas como huracanes, pero que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) lo reembolsaría.

Los grupos de protección al medioambiente demandaron enseguida, señalando que el proyecto requería revisión federal bajo la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA). Una jueza les dio la razón en agosto y ordenó el cierre del sitio. Pero el Estado apeló bajo el argumento de que una entidad estatal —la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM)— es la que administra el lugar, y por tanto no tiene que regirse por la ley federal. Y desde entonces, el centro sigue en funcionamiento.

Ahora, los fondos federales que no acaban de llegar podrían echar por tierra ese razonamiento. Nuevos registros obtenidos por los grupos de protección medioambiental muestran que el Estado de Florida y FEMA se pusieron de acuerdo desde el principio sobre el reembolso bajo el Programa de Subvenciones de Apoyo a la Detención de FEMA. Los documentos incluyen decenas de correos electrónicos y otros archivos que muestran que Florida inicialmente pidió más de 1.400 millones de dólares de financiamiento, y que desde al menos el 23 de junio los funcionarios de ambas agencias trabajaron en conjunto en los detalles de la solicitud de la subvención de 608 millones de dólares, con múltiples borradores que editaron varias veces. De acuerdo a las nuevas pruebas, en septiembre, funcionarios de FEMA expresaron preocupación de que la demanda de los grupos ambientalistas pudiera retrasar el reembolso, si bien indicaron que el proceso estaba casi listo, a la espera del visto bueno del equipo jurídico del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según los demandantes, los documentos confirman que Alligator Alcatraz “es un centro federal de detención de inmigrantes, concebido y construido con la promesa de financiación federal”, asegura en un comunicado Paul Schwiep, abogado de Amigos de los Everglades, uno de los grupos litigantes. “Intentar retrasar el reembolso federal para eludir el cumplimiento de la legislación ambiental federal es una artimaña que no funcionará”, agrega.

Se espera que estos registros sean un tema central en la próxima audiencia de la apelación de la orden preliminar que los grupos ambientalistas ganaron en agosto pasado, pautada para el próximo 7 de abril. El Estado ahora enfrenta el dilema de que recibir los fondos federales podría inclinar la balanza a favor de los demandantes, mientras que no recibirlos obligaría a los floridanos a asumir los cuantiosos costos.

“Los documentos confirman lo que hemos sabido todo el tiempo: que el gobierno federal decidió desde el principio que financiaría este centro de detención. La propia secretaria del DHS lo dijo y luego creó un programa de subvenciones con un solo solicitante elegible: FDEM. Y esto tiene sentido porque el centro de detención fue solicitado por el gobierno federal y aprobado por el DHS para ser utilizado para detención migratoria, que es una función del gobierno federal”, dice Tania Galloni, una de los abogados de Amigos de los Everglades en el litigio.

El gobernador Ron DeSantis ha buscado colocar a Florida a la vanguardia de la ofensiva antiinmigrante del Gobierno de Donald Trump, que ha prometido la mayor operación de deportación de la historia. Además de Alligator Alcatraz, DeSantis ha impulsado la construcción de otros centros de detención con nombres tenebrosos administrados por el Estado y ha logrado un récord de acuerdos entre los cuerpos de policía locales con las autoridades federales para arrestar inmigrantes en complejos operativos que han separado familias y creado terror en las comunidades.

Los funcionarios estatales han dado mensajes contradictorios sobre por qué no se ha recibido el dinero. Kevin Guthrie, director de la FDEM, dijo el mes pasado que, según le había dicho FEMA en un correo electrónico, el Departamento de Justicia (DOJ) estaba “aguantando” el reembolso. Pero FEMA depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no del DOJ. El DHS no respondió a una solicitud de comentario.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, por otro lado, indicó en documentos judiciales que el reembolso podría no materializarse. Pero en una conferencia de prensa a finales del mes pasado, señaló que “no tenía motivos para creer” que el Gobierno federal no reembolsara al Estado.

El tema se ha ceñido como una nube negra sobre la legislatura estatal, de mayoría republicana, que podría tener que extender su sesión regular, que concluye este viernes, para seguir debatiendo cómo manejar el fondo de Preparación y Respuesta ante Emergencias de Florida.

El fondo fue creado en 2022 como reserva para casos de huracanes y otros desastres, pero se ha convertido en tema de disputa en Tallahassee después de que el Gobierno de DeSantis utilizara 573 millones de dólares en Alligator Alcatraz y otras operaciones migratorias. Los legisladores estatales están divididos sobre si permitir que el gobernador siga usando el dinero para ese tipo de gastos. La Cámara de Representantes quiere imponer más restricciones, pero el Senado no. El mes pasado, en una extraña confrontación con el gobernador, los legisladores de la Cámara presentaron una propuesta de ley para restringir el uso del fondo exclusivamente para desastres naturales. Pero unos días después dieron marcha atrás tras duras críticas de DeSantis y Uthmeier.