La batalla de Estefany Rodríguez, la periodista que cubría migración en Tennessee y terminó detenida por el ICE
Los abogados de la reportera colombiana alegan que fue perseguida por su labor crítica con la política migratoria de Trump y que fue arrestada sin orden judicial


La detención por parte de agentes migratorios de la reportera colombiana Estefany Rodríguez en Tennessee es el último caso en el que se entrelazan la intensificada política antiinmigrante del Gobierno de Donald Trump y un creciente enfrentamiento con la prensa. Aunque las autoridades afirman que el arresto del miércoles pasado se debe a su supuesto estatus migratorio irregular, los abogados de la periodista, que está casada con un ciudadano estadounidense y tiene su petición de asilo en proceso, aseguran que su captura no fue rutinaria, sino una detención dirigida en represalia por su trabajo cubriendo operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el marco de la ofensiva de deportaciones sin precedentes emprendida por la Administración del republicano.
El equipo legal que está representando a Rodríguez presentó un recurso de habeas corpus ante el juez federal que lleva su caso el fin de semana pasado, alegando que había sido detenida sin una orden judicial. Y el lunes, lo volvió a presentar, agregando que su arresto estaba violando sus derechos bajo la Primera y Quinta Enmienda de la Constitución, que garantizan la libertad de expresión y el debido proceso. El juez de distrito Eli Richardson ha dado hasta este jueves para que la Administración se pronuncie sobre el porqué de la detención de Rodríguez, y ha fijado una primera audiencia para el próximo 17 de marzo.
Rodríguez, de 35 años, es reportera del medio en español Nashville Noticias, creado en 2016 para informar a la creciente comunidad hispanohablante de Tennessee sobre asuntos locales, política, seguridad y cultura. Allí, Rodríguez había centrado gran parte de su cobertura reciente en los operativos y redadas del ICE en la capital del Estado sureño. El miércoles pasado por la mañana, mientras iba con su esposo, Alejandro Medina, en un vehículo claramente marcado con el logo del medio, fue arrestada.

De acuerdo a los testimonios de Medina y los abogados, salieron de su casa después de que su hija de siete años se montara al bus escolar. Luego fueron rodeados por varios vehículos sin marcar, de los cuales salieron agentes que se acercaron a la ventanilla. Inicialmente, Rodríguez no entendía lo que estaba sucediendo, pero rápidamente quedó claro. Los agentes sabían perfectamente quién era la pareja y detalles de su vida personal. Sabían que Medina había nacido en Estados Unidos y que Rodríguez había solicitado recientemente la green card, o residencia legal. También conocían su historial migratorio, que había ingresado legalmente con un visado de turista y posteriormente había solicitado asilo; este le otorga un permiso de trabajo temporal, en lo que se resuelve el caso. A pesar de ello, la arrestaron, alegando que no tiene “estatus migratorio legal”, y más adelante fue trasladada a un centro de detención en Alabama.
Dos órdenes de arresto y otras inconsistencias
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ante reclamos populares, de organizaciones sociales y políticos, ha sostenido su versión y ha asegurado que el hecho de tener una solicitud de residencia o permiso de trabajo en trámite no otorga automáticamente derecho a permanecer en el país. La agencia argumenta que Rodríguez había violado las condiciones de su visado original al no abandonar Estados Unidos cuando este expiró.
Más allá de su estatus migratorio, sin embargo, la defensa ha centrado su estrategia legal hasta ahora en caracterizar la detención como arbitraria y disputar si los agentes tenían o no una orden válida de arresto. Los abogados sostienen que la periodista fue detenida sin una orden judicial y señalan que el documento que el Gobierno ha presentado posteriormente presenta inconsistencias. Asimismo, apuntan a que el informe interno del propio ICE indica que, desde el momento en que los agentes se acercaron al vehículo hasta que fue trasladada a la oficina de la agencia, nunca se le mostró una orden.
El DHS publicó el sábado en X una fotografía de lo que describió como la orden emitida el 4 de marzo. Sin embargo, la versión del documento presentada ante el tribunal, según los abogados, tiene fecha del 2 de marzo, no incluye el número de registro migratorio de Rodríguez y contiene secciones sin completar. Para la defensa, estas inconsistencias refuerzan el argumento de que la periodista fue detenida primero y que la orden fue emitida después.
THIS IS FALSE.
— Homeland Security (@DHSgov) March 7, 2026
Here’s the warrant.
It’s embarrassing when sanctuary politicians fall for these obvious hoaxes peddled by the media. We look forward to you correcting the record.
Next time ask us and we will get you the facts. https://t.co/h3ECpz5NSF pic.twitter.com/ZeHxOZoik5
Pero la disputa legal no se limita a la cuestión administrativa. El último recurso presentado por los abogados de Rodríguez sostiene que el arresto constituye además una represalia planificada por su trabajo periodístico, en particular sus reportajes sobre la ofensiva migratoria de Trump.
La periodista había tenido contacto reciente con el ICE por su propio caso migratorio. En enero recibió una carta solicitando que acudiera a la oficina local para un proceso administrativo, pero la cita tuvo que ser cancelada después de que una tormenta de hielo paralizara la ciudad y cerrara la oficina. Entonces recibió una nueva fecha para el 25 de febrero, pero después de que su abogado y esposo acudieran a las oficinas del ICE para consultar si Rodríguez podía entregar los documentos requeridos sin presentarse en persona —temiendo ser detenida en la oficina, como se ha denunciado en numerosas ocasiones que está ocurriendo en juzgados migratorios de todo el país—, la cita fue retrasada una vez más, hasta el 17 de marzo.
Amenazas de muerte en Colombia y detención migratoria en Estados Unidos
Antes de llegar a Estados Unidos en 2021, Rodríguez había construido una carrera como reportera en Colombia. Allí trabajó para RCN y otros medios nacionales investigando agencias gubernamentales y casos de corrupción en la región del Caribe. Con el tiempo, empezó a recibir amenazas de muerte relacionadas con su trabajo. Las denuncias ante la policía llevaron a que las autoridades le asignaran temporalmente escoltas de seguridad. Pero el dispositivo fue reducido con el tiempo. Cuando su hija cumplió un año, Rodríguez decidió abandonar el país y buscar protección en Estados Unidos.
Ingresó a EE UU con un visado de turista y, antes de que expirara, presentó una solicitud de asilo político. Desde entonces vive en Nashville, donde se casó y ha formado una familia, mientras su caso sigue pendiente en los tribunales migratorios.
Su detención ha provocado una movilización inmediata en la ciudad. El alcalde de Nashville, el demócrata Freddie O’Connell, defendió públicamente a la reportera. “Estefany Rodríguez ha contribuido a hacer de Nashville una comunidad mejor al mantenernos informados”, dijo en un comunicado. Y la comunidad ha organizado bancos de llamadas, en las que se han puesto en contacto con sus representantes directos, solicitando que recojan la bandera y defiendan a Rodríguez en Washington.
Asimismo, el caso ha generado llamados por parte de organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa. “Con su detención, las autoridades federales han silenciado una importante perspectiva sobre el terreno y han enviado un mensaje escalofriante de que las informaciones críticas con la Administración pueden ser objeto de represalias”, reza un comunicado de la Sociedad de Periodistas Profesionales.
Amnistía Internacional también se ha mostrado clara al respecto: “La detención de la Sra. Rodríguez es otro ejemplo más de los ataques cada vez más intensos y recurrentes contra los derechos a la libertad de expresión, la libertad de prensa y los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos”, ha declarado Justin Mazzola, director adjunto de Investigación de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Nadie debería vivir con miedo a las represalias por sus reportajes. Mediante el aumento de las prácticas autoritarias, el presidente Trump busca crear este miedo y este efecto intimidatorio. Nunca permitiremos que se normalice este despiadado ataque contra los periodistas que cubren la verdad”.
La detención de Rodríguez sigue el manual del arresto y eventual deportación de Mario Guevara, periodista salvadoreño afincado desde hacía décadas en Atlanta, Georgia, el verano pasado. Guevara también era una cara conocida que cubría temas migratorios en y para las comunidades hispanas locales. Asimismo, también comparte elementos con la acusación del expresentador de la CNN Don Lemon, que fue arrestado casi dos semanas después de que a este se le viera en una protesta en una iglesia de Minneapolis.
En el caso de Rodríguez, la última palabra la tendrán los tribunales. Primero, el Gobierno tiene que explicar por qué fue detenida, si estaba cumpliendo correctamente su proceso migratorio y no presentaba ningún peligro para la comunidad ni tiene antecedente criminal alguno. El lunes, ambas partes volverán a verse ante el juez. Pero el caso ya es algo más que una disputa migratoria: es la más reciente batalla pública entre el aparato migratorio del Gobierno Trump y quienes se dedican a contar lo que hacen.
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