Un juez federal dictamina que el ICE no puede realizar arrestos sin orden judicial en Oregón

En una decisión que redefine los límites del poder migratorio federal en Oregón, el juez federal Mustafa T. Kasubhai dictaminó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no podrán realizar arrestos sin orden judicial a menos que determinen, de manera concreta, que exista un riesgo inmediato de fuga. El magistrado calificó las prácticas de los agentes como “violentas y brutales” y advirtió que continúan causando un daño “grave, significativo y severo” a individuos, familias y comunidades enteras.

La resolución, emitida el miércoles tras una audiencia que se extendió durante todo el día en la corte federal de Portland, es una orden judicial preliminar y se produce en el marco de una demanda colectiva contra el Departamento de Seguridad Nacional. Con ella, Oregón se suma a Washington, D. C., y Colorado en imponer restricciones a los arrestos migratorios sin orden judicial.

Kasubhai afirmó que existe “amplia evidencia” de un patrón sistemático en el que agentes federales detienen personas sin evaluar si realmente podrían huir antes de que se obtenga una orden. “Las consideraciones sobre la probabilidad de fuga no se están haciendo a gran escala”, dijo desde el estrado, a la vez que alertó sobre redadas que terminan en arrestos de personas que ni siquiera eran el objetivo de los operativos.

Durante la audiencia, el juez revisó videos de múltiples detenciones realizadas por el ICE en el Estado, los cuales describió como perturbadores. En ellos aparecen agentes apuntando con armas de fuego, personas tiradas al suelo y esposadas por infracciones civiles. “El modo en que estos demandantes fueron detenidos no es una acción teórica”, afirmó. “Es violento, es brutal, y el uso de la fuerza es excesivo. Eso desafía la decencia humana”.

El caso fue impulsado por Innovation Law Lab, una organización legal sin fines de lucro con sede en Portland. Su director ejecutivo, Stephen Manning, describió la política impugnada como un sistema de “arrestar primero y justificar después”. En la corte, advirtió que comunidades enteras viven en un estado constante de miedo. “Ir al trabajo, volver a casa, manejar por la carretera o comprar pan no son amenazas existenciales para la mayoría de nosotros”, dijo. “Pero para inmigrantes —o personas percibidas como inmigrantes— sí lo son”.

Entre los testimonios con más impacto estuvo el de Victor Manuel Cruz Gómez, un trabajador de construcción de 57 años, abuelo y residente de Oregón desde hace más de dos décadas. Cruz Gómez relató entre lágrimas cómo fue detenido en octubre pasado mientras regresaba de trabajar, a pesar de contar con permiso laboral válido y haber sido aceptado preliminarmente para una visa U como víctima de un fraude. Pasó tres semanas detenido en un centro del ICE en Tacoma, Washington.

“Me dijeron: ‘Sigues siendo ilegal”, recordó mientras se cubría el rostro con la mano. Durante su detención dijo haber sufrido ansiedad extrema y miedo constante. Al regresar a casa, su familia pasó semanas sin abrir la puerta por temor a que el ICE volviera. “Cada vez que veo a un oficial, me lleno de ansiedad”, afirmó.

Otro caso citado fue el de una mujer identificada como MJMA, arrestada sin orden judicial mientras se dirigía a su trabajo. En la audiencia se reveló que un supervisor del ICE firmó una orden de arresto después de que ella ya había sido detenida. Para el juez, estos hechos representan una violación directa al debido proceso garantizado por la Constitución.

La orden dicta que cada arresto hecho por agentes federales sin orden deberá ser “documentado en forma narrativa”, detallando por qué se consideró que existía riesgo de fuga, junto con información sobre vínculos familiares, empleo y arraigo comunitario de la persona detenida.

Abogados del Gobierno federal argumentaron que en una directiva reciente, el director interino del ICE, Todd Lyons, ya recordaba a los agentes que solo pueden realizar arrestos sin orden cuando exista una probabilidad real de escape. Sin embargo, Kasubhai se mostró escéptico: “No creo que ese memorando refleje la realidad en las calles”.

Al conceder también el estatus de demanda colectiva, el juez amplió el alcance del fallo a miles de personas en Oregón potencialmente expuestas a detenciones arbitrarias. “Esto es una exigencia básica”, afirmó Manning al salir de la corte. “Que el gobierno respete la ley, la dignidad humana y el debido proceso”.

Desde el año pasado, Oregón se ha convertido en uno de los principales escenarios de las operaciones migratorias intensificadas por el Gobierno federal, con agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza desplegados en calles, carreteras, complejos de apartamentos y zonas rurales del Estado después de que se realizaran protestas en instalaciones del ICE en Portland, una ciudad santuario. En septiembre, el presidente Donald Trump describió a la urbe como “anarquía” y como “destruida por la guerra”, después de lo cual anunció un plan para enviar a la Guardia Nacional, el cual fue cancelado el 31 de diciembre.

Organizaciones civiles y abogados han documentado un aumento de detenciones, así como ingresos a propiedades privadas sin orden judicial, como parte de una estrategia de control migratorio más agresiva a nivel nacional que ha generado protestas que han durado meses, demandas y una creciente tensión entre autoridades federales y comunidades locales.