Estados Unidos va tras el lavado de dinero a través de criptomonedas para el narco en México

La Administración de Donald Trump no busca solamente ver tras las rejas a los narcotraficantes, quiere derribar sus estructuras a través de uno de sus pilares más importantes: el dinero. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha puesto la mira en los operadores financieros que, según los fiscales, se han adaptado a una aplicación intensificada de la ley, ya que han hallado modos cada vez más frecuentes para enviar las ganancias de la droga a través de criptomonedas desde ciudades estadounidenses a los líderes de los carteles en México.

Al poner el objetivo sobre presuntos operadores financieros, en lugar de solo sobre los que mueven la droga en pequeña y mediana escala, se estaría apuntando a un cuello de botella que consideran esencial. La idea del Departamento de Justicia es hacer un corte al dinero que permite a las organizaciones criminales mantener sus operaciones, a medida que la presión de las fuerzas de seguridad aumenta sobre las rutas de las principales drogas que cruzan de México a EE UU.

“Si se corta el acceso al dinero, se perjudica a los carteles, y eso es lo que intentamos hacer”, afirmó A. Tysen Duva, fiscal general adjunto a cargo de la división penal del Departamento de Justicia, en una entrevista con The Associated Press.

El giro en la estrategia contra los carteles en México se dio a raíz de los más de 90 presuntos criminales vinculados al narco entregados por México a Estados Unidos en el último año, como parte de la estrategia de cooperación bilateral en seguridad. Los miembros de estas estructuras criminales, a las que la Administración Trump ha designado como organizaciones terroristas, ​​eran buscados por la Fiscalía estadounidense por delitos como narcotráfico, tráfico de personas y lavado de dinero.

Los últimos traslados a EE UU han incluido a presuntos intermediarios financieros con sede en México, quienes, según las autoridades de ese país, supervisan el movimiento de las ganancias del narcotráfico y se quedan con un porcentaje del dinero que regresa a los carteles como comisión, según precisan documentos judiciales. Duva explica los intermediarios se encargan de la recogida de efectivo en ciudades de todo Estados Unidos y lo ocultan para cruzar la frontera, a menudo mediante activos digitales, ya que las fuerzas del orden han cortado otros métodos.

El fiscal general adjunto afirma que los investigadores del Departamento de Justicia “quieren saber cómo funciona el sistema de distribución, quiénes están involucrados y solicitar acusaciones adicionales, y en cuanto al lavado de dinero, qué métodos utilizan exactamente para sacar el efectivo de Estados Unidos a través de los bancos en este país”.

“Existe un contrabando de efectivo masivo que ha existido desde tiempos inmemoriales, y también la nueva tendencia de robar el efectivo, comprar criptomonedas y luego negociar con ellas”, complementó Duva.

Altos funcionarios del Departamento de Justicia afirman que extraditar a cabecillas de los carteles a Estados Unidos tiene como objetivo algo más que un mensaje disuasorio. No es solo que permita acusaciones formales contra otros cabecillas si los acusados cooperan, si no que posibilite a los fiscales llegar a niveles más altos de liderazgo de estas organizaciones criminales. Duva ha resaltado que bajo la Administración republicana, el Departamento de Justicia ha reestructurado la División Penal para integrar a fiscales de narcóticos con expertos en antilavado de dinero para combatir mejor a los carteles enfocándose también en los sistemas financieros.

Un ejemplo de lo anterior son las extradiciones de Eduardo Rigoberto Velasco Calderón, Eliomar Segura Torres, Manuel Ignacio Correa, estos tres incluidos en el último envío de 37 presos a EE UU; así como la detención de César Linares-Orozco, aprehendido el pasado 23 de enero en el condado de Clark (EE UU), quienes enfrentan cargos de conspiración para el lavado de dinero en las acusaciones presentadas en la Corte federal de Kentucky. Los casos de estos cuatro acusados, añade Duva, ofrecen una visión de las redes de lavado de dinero que permiten a organizaciones como el Cartel Jalisco Nueva Generación seguir introduciendo drogas en las comunidades estadounidenses.