Meloni aprueba que la policía pueda retener 12 horas a sospechosos de potenciales altercados antes de una manifestación

El Gobierno italiano de la ultraderechista Giorgia Meloni ha aprobado este jueves varias medidas controvertidas que retocan el derecho de manifestación en un nuevo paquete de seguridad, después del que introdujo el año pasado, que extrema la mano dura en el código penal. Entre ellas, la retención preventiva en comisaría, hasta 12 horas, de potenciales autores de altercados antes de que se celebre una manifestación, ante la sospecha de que puedan causarlos por sus antecedentes o por los objetos que lleven encima.

“Seguimos añadiendo piezas a un dibujo preciso: un Estado que no gira la cabeza hacia otra parte, que defiende a quien nos defiende y que restituye seguridad y libertad a los ciudadanos”, ha tuiteado la primera ministra.

El texto del borrador dado a conocer da la facultad a la policía “de acompañar a sus oficinas y retener durante un máximo de 12 horas para las consiguientes investigaciones policiales a las personas sobre las que (...) existan motivos fundados para creer que incurran en conductas de peligro concreto para el desarrollo pacífico de la manifestación y para la seguridad pública”. La decisión, en todo caso, debe ser validada por un magistrado.

La posibilidad de la retención, prosigue el borrador, se refiere a sospechas “basadas en elementos fácticos, incluidos los que se infieren de la posesión de armas, instrumentos susceptibles de causar ofensas, el uso de petardos, cascos o instrumentos que dificulten la identificación, o de la relevancia de antecedentes penales o denuncias policiales por delitos cometidos con violencia contra las personas o las cosas durante manifestaciones públicas en los últimos cinco años”.

La oposición ha reaccionado con dureza. “Para limitar la libertad personal en un Estado de derecho se requiere un acto judicial. Poner este poder en manos de las autoridades de seguridad pública, y por lo tanto del Ejecutivo, es típico de regímenes iliberales”, ha declarado el secretario de Más Europa, Riccardo Magi. “Es un peligroso salto cualitativo en el giro represivo que este Gobierno quiere imponer al país”, concluyó. Por su parte, Arturo Scotto, del Partido Democrático (PD), ha acusado a Meloni de “vivir en la luna”. “La urgencia no son los salarios bajos, ni el encarecimiento de la lista de la compra, ni los millones de italianos que no pueden tener un médico. La emergencia para Meloni es el arresto preventivo antes de las manifestaciones”, ha acusado.

El ministro de Interior, Matteo Piantedosi, ha asegurado que “no es en absoluto una medida liberticida, está presente en casi todos los ordenamientos europeos”. También sostiene que la retención en comisaría “está vinculada a condiciones indiciarias muy importantes”.

Otra nueva medida es la posibilidad para un juez en el momento de una sentencia de prohibir participar en manifestaciones a personas condenadas por una docena de delitos violentos. Van del atentado terrorista a daños en edificios públicos e infraestructuras, o lesiones a fuerzas del orden, incluso árbitros. En las horas que se convoquen movilizaciones la persona puede ser citada para comparecer en comisaría. También se aumentan a 10.000 euros las sanciones para promotores de protestas sin aviso previo.

Prueba de las intenciones de Meloni, en la estela del clima de represión de protestas públicas que se vive en Estados Unidos, es la formulación original de la primera medida, que era mucho más severa. En un principio en el Gobierno se llegó a hablar de hasta 48 horas de “acompañamiento” en comisaría sin control judicial. Solo la intervención del presidente de la República, Sergio Mattarella, por cuyo despacho pasan antes los borradores de normas para verificar su constitucionalidad, ha suavizado los términos. Pero el intento da la idea de hasta dónde le gustaría llegar a Meloni.

Por ejemplo, también se ha caído por el camino una propuesta de Matteo Salvini, líder ultraderechista de la Liga, que planteaba exigir una fianza previa a todo aquel que convoque una manifestación, para cubrir después posibles desperfectos. Recibió una oleada de críticas, porque limitaba el derecho de manifestación a la disponibilidad económica y responsabilizaba a los organizadores de un acto de cualquier acción individual de violentos sin relación con los promotores.

En la rueda de prensa de presentación del decreto, el ministro de Justicia, Carlo Nordio, ha llegado a hacer una comparación del momento actual con el clima de los años setenta, los años de plomo del terrorismo tanto de extrema izquierda como neofascista. Ha asegurado que las Brigadas Rojas nacieron “precisamente por una insuficiente atención, también de parte del Estado, hacia estas formas de agresividad odiosa hacia las fuerzas del orden”. “Ahora estamos tratando de evitar, con actividades de prevención y represión, que esos tristes momentos se repitan”, ha concluido.

Estos son los puntos más polémicos aprobados este jueves en Consejo de Ministros de un amplio abanico de medidas repartidos en un decreto ley, que requiere motivación de urgencia y entrará en vigor de inmediato, y un proyecto de ley que debe pasar por el Parlamento.

Además, el Gobierno ha anunciado que prevé aprobar la próxima semana nuevas medidas restrictivas referentes a inmigración en otro proyecto de ley. En concreto, el llamado “bloqueo naval”, que la ultraderecha promete desde hace años. Según los borradores avanzados, prohibiría la entrada en aguas territoriales por periodos de uno a seis meses a naves que se consideren una amenaza para la seguridad en momentos de alta presión migratoria.

El decreto también endurece las penas por posesión y venta a menores de armas blancas y cuchillos, tras el impacto de algunos sucesos de agresiones entre adolescentes. Llevar una navaja de más de ocho centímetros sin justificación puede ser castigado con penas de seis meses a tres años de cárcel. También se prevén multas a los padres en el caso de que los acusados sean menores.

El Ejecutivo promulga este decreto aprovechando el eco de los incidentes registrados el pasado sábado en una protesta convocada en Turín, causados por un grupo aislado, y en los que resultaron heridos 108 policías y también 45 manifestantes por golpes de los agentes. La marcha se convocó para protestar por el desalojo de un histórico centro social de Turín con nombre en euskera, el Askatasuna, y fue pacífica, pero un grupo violento se enfrentó después a la policía. La imagen de los disturbios fue un agente rodeado por agresores que le golpeaban en el suelo, uno de ellos con un martillo. El hecho de que tres de los detenidos ya hayan quedado en libertad este miércoles ha servido al Gobierno para sostener la necesidad de leyes más duras.

El asunto viene de lejos y Meloni buscaba el momento propicio desde hace tiempo, también para enviar señales a su electorado más fiel de extrema derecha. El Gobierno ha ido subiendo el tono de alarma con cada manifestación que registra incidentes, como los destrozos causados en la estación de Milán en septiembre, durante una huelga general contra la ofensiva de Israel en Gaza.

Meloni ha ido alegando que existe un aumento del clima de violencia, sin renunciar al victimismo. Tras el asesinato en Estados Unidos del activista Charlie Kirk, no dudó en atacar a la oposición, que condenó de forma unánime el atentado, como si hubiera justificado la violencia: “Vengo de una comunidad política que a menudo ha sido acusada de difundir odio, justo por los mismos que celebran y justifican el asesinato de un chico culpable de defender con coraje sus ideas”. Luego aseguró que el momento actual es “un tiempo en el que el odio y la violencia política están volviendo a ser una realidad”.

Otro artículo del borrador legislativo, pulido también por Mattarella, establecía el llamado escudo penal para las fuerzas del orden. Es decir, que cuando un agente se vea involucrado en un suceso, el fiscal no le inscriba automáticamente como investigado, sino que tenga un tratamiento aparte al contemplarse de entrada circunstancias de justificación como legítima defensa, cumplimiento del deber o uso legítimo de armas. No obstante, el presidente de la República señaló que esta norma iba contra la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La solución ha sido extender el precepto a cualquier persona.