China endurece su política hacia las minorías con una nueva ley para impulsar la “unidad étnica”

Telas brillantes, bordados geométricos y tocados monumentales salpicados de pompones, cuentas y plata han brillado estos días bajo las luces del Gran Salón del Pueblo de Pekín. Delegados de minorías étnicas de toda China ataviados con sus trajes tradicionales han ocupado sus escaños en la gran cita política anual de China, un escaparate cuidadosamente coreografiado en el que también se exhibe la diversidad nacional.

Pero el periodo conocido como las Dos Sesiones ―durante el que se reúne el pleno de la Asamblea Nacional Popular (el Legislativo) y de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (un órgano asesor)―, no se caracteriza por el debate parlamentario. Las decisiones ya las ha tomado previamente el Partido Comunista. En medio de esa escenificación, con las cámaras captando ese mosaico de identidades, el Gobierno ha sacado adelante una nueva ley que busca redefinir la política étnica del gigante asiático, en un momento en el que Pekín trata de consolidar un modelo más centralizado de identidad nacional.

El Parlamento chino ha aprobado este jueves el proyecto de la denominada Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos, con la que, según el discurso oficial, se “reforzarán las bases legales para avanzar en el desarrollo de alta calidad y la prosperidad común entre los 56 grupos étnicos” del país.

“Tiene un significado histórico”, calificaba en la víspera Dai Junfeng, miembro del Comité de Asuntos Étnicos y Religiosos de la Conferencia Consultiva. Dai es de etnia hui, grupo mayoritariamente musulmán que, a diferencia de los uigures, comparte lengua y rasgos culturales con la mayoría han.

De los 1.400 millones de habitantes de China, alrededor de 1.280 millones son han. El resto ―algo menos del 9% de la población―, se reparte entre 55 minorías étnicas oficialmente reconocidas, con comunidades que varían de varios miles a varios millones de personas. En la narrativa oficial, todas ellas forman parte de la “gran familia de la nación china”.

Sus vestimentas, danzas, festividades o artesanías aparecen con frecuencia en la propaganda estatal como símbolos de riqueza cultural. Las regiones con una fuerte presencia de minorías étnicas (como las provincias de Yunnan o Guizhou) se han convertido en destinos cada vez más populares para el turismo interno. A aldeas remotas llegan autobuses repletos de visitantes han, que recorren mercados y plazas y se visten con trajes tradicionales para fotografiarse, convertidos por unas horas en parte del decorado folclórico.

Esa imagen festiva convive, sin embargo, con una política que, desde la llegada de Xi Jinping al poder en 2012, está cada vez más orientada a reforzar la unidad nacional bajo una identidad común.

El nuevo texto legal consagra como eje la necesidad de “forjar una fuerte conciencia de la comunidad de la nación china” y establece medidas para, en teoría, mejorar la integración social. Pero, según alertan sus críticos, en la práctica supondrá un aumento de la vigilancia por parte del Estado que podría terminar diluyendo lo que queda de diversidad étnica en China.

“La nueva ley intensifica aún más el control ideológico existente y la asimilación de poblaciones con identidad, cultura, religión y lengua propias”, expone el doctor Yalkun Uluyol, investigador especializado en China de la organización Human Rights Watch (HRW). “También busca movilizar a la burocracia y a la sociedad para unificar a la población bajo el liderazgo del Partido Comunista”, agrega.

Entre las nuevas directrices figura la promoción del idioma nacional común (el putonghua o mandarín), que queda establecido como la lengua principal en la educación, la administración y los espacios públicos. El texto especifica que, cuando se empleen el mandarín y lenguas minoritarias, deberá darse prominencia al primero “en posición y orden”.

También exige que las instituciones educativas y de formación utilicen materiales que refuercen el sentimiento de pertenencia a China y fomenten la identificación con “la gran patria, la cultura china, el Partido Comunista y el socialismo con características chinas”. En el ámbito religioso, insta a “mantener la orientación de la sinización [asimilación de la cultura china] de la religión” y que las prácticas religiosas se adapten “a la sociedad socialista”.

En el entorno familiar, pide que los tutores asuman su responsabilidad de guiar a los menores para que “amen” al “Partido Comunista, la patria, el pueblo y la nación china”, y prohíbe inculcarles ideas consideradas “perjudiciales para la unidad étnica”.

La norma impulsa además la creación de comunidades “integradas” de distintos grupos étnicos, y adoptar medidas en urbanismo, gestión de población, vivienda, empleo y servicios sociales para favorecer la convivencia. Asimismo, prohíbe obstaculizar matrimonios “alegando identidad étnica, costumbres o creencias religiosas”.

También aumenta el control sobre los contenidos que se difunden en internet, y obliga a los operadores de red a conservar los registros e informar cuando detecten mensajes contrarios a la unidad nacional. El documento prevé sanciones penales para conductas “terroristas, separatistas o extremistas religiosas”.

“La nueva ley refleja políticas que ya estaban en marcha en algunas regiones y que se crearon en respuesta a protestas y actividades terroristas en Xinjiang y Tíbet”, señala Barry Sautman, profesor emérito de Ciencias Sociales en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong.

Las zonas habitadas por minorías étnicas han sido escenario de algunos de los episodios más tensos entre el poder central y las comunidades locales. Cinco de ellas (Xinjiang, Tíbet, Mongolia Interior, Guangxi y Ningxia) se organizan en regiones autónomas, un sistema creado en la década de 1950 que concede cierto autogobierno en ámbitos como la cultura, la educación o el uso de lenguas locales.

Sin embargo, el margen de autonomía real es limitado. Para las autoridades comunistas, algunas de estas vastas regiones (muy ricas en recursos naturales) concentran desafíos políticos especialmente sensibles. Por eso, aunque los jefes formales del gobierno suelen pertenecer a la minoría local, el poder real lo ejerce el secretario regional del Partido, de etnia han y nombrado por Pekín.

En las últimas décadas, Xinjiang y Tíbet han registrado episodios de protestas y violencia ligados a tensiones identitarias y religiosas, y en Mongolia Interior se han producido disputas culturales y lingüísticas. Las tres ocupan posiciones estratégicas en las fronteras con Asia Central, el sur de Asia y Rusia, lo que refuerza su importancia para la seguridad nacional y las rutas comerciales.

En 2008, protestas encabezadas por monjes budistas en Lhasa, la capital tibetana, derivaron en disturbios que se extendieron por varias zonas de la región autónoma y provincias vecinas. Las autoridades chinas cifraron en 22 el número de muertos, mientras que organizaciones tibetanas en el exilio elevaron el balance a alrededor de varios centenares. En 2009, estallaron en Urumqi, la capital de Xinjiang, los enfrentamientos interétnicos más graves en décadas entre uigures y han, que dejaron casi 200 fallecidos, según el recuento oficial.

En los años posteriores también se produjeron ataques violentos atribuidos por Pekín a militantes separatistas uigures, como el atentado con un vehículo cargado de explosivos en Tiananmén en 2013 (en el que murieron cinco personas) o el ataque con cuchillos en la estación de tren de Kunming (Yunnan) en 2014, que dejó un saldo de 35 muertos.

Tras esos episodios, y ya con Xi al frente del país, Pekín ha endurecido notablemente su política hacia las minorías. Las autoridades intensificaron las medidas de control en Xinjiang, donde organizaciones de derechos humanos y expertos de Naciones Unidas denuncian la detención masiva de más de un millón de uigures y otros musulmanes en centros que Pekín describe como instalaciones “de formación y reeducación”.

En Tíbet, un territorio al que los periodistas extranjeros solo pueden acceder mediante viajes organizados por el Gobierno chino, las autoridades ejercen una supervisión férrea sobre monasterios e instituciones religiosas, centros tradicionales de influencia social y espiritual en la región.

El cambio con la nueva ley que más preocupa a Sautman es precisamente la exigencia de que la religión se adapte al sistema socialista. “Va más allá de ajustar las prácticas del islam, el budismo o el cristianismo para que tengan características chinas. Puede significar reconocer el papel dirigente del Partido Comunista y apoyar sus políticas”, considera el académico.

Su Haizhen, de etnia jing y miembro de la Conferencia Consultiva, lo ve no obstante con buenos ojos: “Antes hablábamos de reforzar la conciencia de la comunidad de la nación china a nivel discursivo; ahora se ha convertido en voluntad de Estado”. Haizhen abandona el Gran Salón del Pueblo y se encamina hacia Tiananmén, engalanada con un vestido blanco salpicado de pequeñas perlas y bordados morados, y coronada con un sombrero adornado con flores en tonos púrpura. A su alrededor, otros delegados de minorías posan para las cámaras. Una estampa que resume cómo se encuadra la diversidad en la China de la nueva era, la de Xi Jinping.