Un juez archiva la causa contra dos exconsejeras de Salud de la Junta de Andalucía por los vertidos tóxicos de Coria del Río

El titular de la Plaza número 20 de la sección de Instrucción de Sevilla ha decidido archivar la causa abierta a finales de junio contra las exconsejeras de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández y su predecesora y actual consejera de Medio Ambiente, Catalina García, por su supuesta inacción ante la exposición de los 4.000 vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria del Río (Sevilla) por la inhalación de gases tóxicos que emanan de los suelos donde está instalada una gasolinera. La asociación que representa a los residentes afectados interpuso entonces una querella al entender que la falta de respuesta de los principales responsables de la administración autonómica podía ser constitutiva de delitos de prevaricación omisiva, lesiones, tratos degradantes y contra el medio ambiente. El juez considera que no ha quedado “debidamente justificada la perpetración de delito alguno”.

La decisión del juez, que va a ser recurrida por la Asociación de vecinos afectados por los tóxicos de Coria del Río, se ha producido sin que las dos exconsejeras, así como otros tres ex altos cargos de la Junta investigados, hayan acudido a declarar en sede judicial, tras haber sido suspendida su comparecencia, prevista para el pasado 25 de febrero. El magistrado apoya su decisión en informes de la Consejería de Sanidad sobre la relación de la actividad y medidas adoptadas sobre los hechos denunciados, individualizando la participación de los investigados. “Los informes declaran que no hay riesgo significativo y que en el momento de la emisión de los tóxicos no se puede concluir la exigencia de un riesgo para la salud”. Considera que el hecho de que no accedieran a las peticiones de los vecinos, en tanto en cuanto que adoptaron sus decisiones “basándose en dichos informes”, “no supone automáticamente un delito de prevaricación omisiva puesto que no ha quedado acreditado que ellos “hayan actuado a sabiendas al margen del ordenamiento jurídico ocasionando un resultado injusto”. La inexistencia para el juez de ese delito de prevaricación, anula la relación causal de esa inactividad con el delito de lesiones reclamado.

Rogelia Gómez, la presidenta de la asociación, ha mostrado su sorpresa ante la mención de unos informes elaborados por la Consejería que ellos llevan reclamando desde que en 2017 iniciaron la batalla legal y de los jamás han tenido constancia. “No hay un estudio epidemiológico, que también hemos pedido, no se ha hecho ningún estudio específico, ni siquiera se han entregado ni realizado los informes forenses… ¿Por qué no los han presentado? Si se han redactado, ¿por qué nosotros no sabemos nada?”, se pregunta Rogelia.

Los vecinos de la barriada llevan casi dos décadas luchando para que se esclarezca el origen de los vertidos, sus responsables y los verdaderos efectos sobre la salud de los vecinos para que puedan obtener una reparación. Los residentes de la barriada están expuestos a niveles anormales de hidrocarburos tóxicos como el tolueno, benceno, xileno… y así hasta una decena de gases perniciosos para la salud, que emanan del suelo de una gasolinera vecina. La toxicidad y sus consecuencias de su inhalación: cefaleas, nauseas, mareos, desorientación, depresión respiratoria, irritación respiratoria, leucemia, palpitaciones, mareos… han sido documentadas en distintos informes oficiales, el último el dictamen de la Fiscalía de Medio Ambiente, incorporada a la instrucción penal en enero de 2025. Estas son las enfermedades que sufren buena parte de los residentes de la barriada, a los que Rogelia suma varias muertes por infartos, afecciones respiratorias o cáncer. A falta de un estudio epidemiológico que la Junta se comprometió a realizar, ella lo tiene documentado todo calle por calle.

“Vamos a recurrir. Ante el Supremo y después a la justicia europea y donde haga falta. Hay niños pequeños afectados, vecinos con tumores cancerígenos”, advierte Rogelia, acostumbrada a sobreponerse a todos los reveses que ha recibido por parte de las administraciones responsables de la situación o que deberían velar por su salud, desde la Junta de Andalucía hasta el Ayuntamiento de Coria. En esa lucha, además de que el proceso siga en pie, ha conseguido que el Instituto de Medicina Legal revise los casos de los vecinos afectados, aunque tampoco ha sido un camino de rosas.

El equipo de forenses ha analizado únicamente los historiales médicos de 12 de los 40 vecinos personados en la causa, únicamente los que tenían informes positivos en cuanto a inhalación de sustancias tóxicas superiores a los límites legales. La asociación ha reclamado que los profesionales revisen a todos los afectados y en especial a una decena de menores expuestos a los gases -uno de ellos, un niño de dos años que nació en Canarias, pero cuya gestación se desarrolló en la barriada y que tiene un informe médico que vincula sus afecciones de salud a los tóxicos-. La jueza que instruye la causa en Coria acaba de trasladar su petición al IML y le ha reclamado que le remita los informes de las personas que ya han sido atendidas “a la mayor celeridad”. Este paso es esencial para que se cierre la fase de instrucción. “No vamos a dejar esto de ninguna de las maneras”, avisa Rogelia.