La jueza que investiga los tóxicos de Coria del Río reclama unos informes médicos que aún no se han hecho

Rogelia Gómez, la presidenta de la asociación de vecinos afectados por los tóxicos de Coria del Río (Sevilla), se ha desplazado a primera hora de este jueves a la Dirección del Instituto de Medicina Legal (IML) en Sevilla para que le confirmen si se les ha asignado a un forense que pueda valorar las enfermedades de los residentes de la barriada Guadalquivir que llevan dos décadas expuestos a altos niveles de gases contaminantes. “Nos han dicho que no han nombrado a ninguno todavía”, explica. Esta constatación resulta sorprendente, ya que el pasado 29 de octubre la jueza que instruye la causa dictó una providencia en la que instaba a este organismo dependiente de la Junta a que le informara sobre “el estado de los informes relativos a la valoración de las posibles lesiones sufridas” y le pedía que se finalizaran y se remitieran “a la mayor brevedad posible”, tal y como ha podido saber EL PAÍS. “¿Cómo se pueden pedir unos informes cuando aún no tenemos médico? Habrá que pedir el médico primero, ¿no?”, se pregunta Gómez, desesperada.

La fase de instrucción que investiga el origen de los tóxicos, circunscritos a los suelos de una gasolinera, según el informe de la Fiscalía de Medio Ambiente incorporado a la causa a principios de este año, está a punto de finalizar, después de siete años. A la titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Coria le falta por incorporar a la causa los informes médicos, unas revisiones que los vecinos llevan al menos un año reclamando en sede judicial, tal y como recuerda la abogada de los vecinos, Sara Domínguez. Es ahora cuando la jueza está presionando al IML, pero el caso es que desde que se presentó la denuncia en 2018, ningún forense ha analizado a ningún vecino.

“No quieren saber nada de nosotros”, se lamenta Gómez, no solo por este último “sinsentido”, sino por la desidia de las administraciones -desde el Ayuntamiento de Coria a las consejerías de Salud y Medio Ambiente y el Parlamento- para poner remedio al problema de contaminación de su barriada, que ya ha sido documentado por el Seprona, el Instituto Nacional de Toxicología, la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y la Fiscalía de Medio Ambiente. En todos ellos se constata que sus 4.000 vecinos han estado expuestos a altos niveles -que en algunos casos superan hasta 100 veces los límites normativos de referencia- de hidrocarburos como el tolueno, los bencenos y xilenos, tanto en suelos como en aguas subterráneas. Pueden provocar “cefaleas, náuseas, mareo, desorientación, confusión e inquietud, leucemia, pérdida de consciencia, depresión respiratoria, irritación respiratoria, palpitaciones, mareos…”, de acuerdo con un escrito de la Fiscalía de Medio Ambiente, enfermedades que están padeciendo los residentes.

La petición de que el IML valore el estado de salud es una reclamación recurrente de los vecinos. Precisamente el pasado 27 de octubre, la asociación mantuvo una reunión con los responsables de los departamentos de Sanidad y Medio Ambiente de Sevilla en la que se acordó desarrollar un protocolo que permita a los profesionales sanitarios atribuir el desarrollo de las dolencias que sufren los residentes, la mayoría crónicas, con el contacto con esos hidrocarburos tóxicos. En España no existe una guía que permita a los médicos realizar esa vinculación y la Junta de Andalucía se comprometió a redactar ese protocolo en Hospital del Virgen del Rocío, esencial para que los afectados puedan solicitar las indemnizaciones correspondientes.

En esa reunión se determinó también la necesidad de coordinar las actuaciones del centro hospitalario con el médico forense designado para la elaboración de los informes periciales y, por eso, la asociación ha remitido un escrito a la jueza para que interese al IML a que se coordine con el Virgen del Rocío “para que sus facultativos participen en la elaboración de los informes médico forenses, habida cuenta de la especial complejidad técnica y científica de los mismos y de la necesidad de garantizar una valoración rigurosa y multidisciplinar de los posibles efectos derivados de la exposición a sustancias tóxicas”, según se estipula en el texto al que ha tenido acceso a este diario. Una petición complicada de llevar a cabo dado que, como advierte Gómez, no hay todavía ningún médico asignado para evaluarlos: “Estamos atados de pies y manos”.

No es la única petición que han realizado a la jueza. Los vecinos pidieron que se investigara si el origen de los tóxicos, además de en la gasolinera, se podía encontrar en otros pozos de las naves industriales cercanas. Una vez que la Fiscalía de Medio Ambiente circunscribió el foco al surtidor, para los demandantes cobra más sentido poder incorporar como investigada a la empresa provincial de gestión de agua, Aljarafesa, que reconoció que uno de sus colectores presentaba grietas. “Al descartar otros focos de contaminación, cobra más fuerza que Aljarafesa sea considerada como responsable, puesto que esas fisuras permitieron la entrada de los hidrocarburos a la red de saneamiento”, indica la abogada, que también lleva toda la instrucción reclamando la implicación de esta entidad.

La instrucción avanza, pero las trabas para que los vecinos de la barriada puedan hacer justicia y respirar tranquilos, en toda la extensión que implica esa frase: tanto dejar de inhalar gases tóxicos, que 20 años después siguen soportando, porque las tareas de limpieza de la empresa propietaria de la gasolinera no se han realizado correctamente -de hecho el Ayuntamiento les acaba de requerir para que presenten un nuevo proyecto de descontaminación-; como cerrar dos décadas de embates judiciales y administrativos.