Vox entra en el Gobierno de Extremadura con una vicepresidencia y las carteras de Familia y de Agricultura

Fumata blanca. A punto de cumplir cuatro meses después de las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre, el Partido Popular y Vox han alcanzado este jueves un acuerdo para gobernar en coalición Extremadura e investir a María Guardiola como presidenta. Tras una larga y ardua negociación, que incluyó una investidura fallida de la candidata del PP y una capitulación posterior de Guardiola, que llegó a afirmar que su feminismo es como el de Vox, ambos partidos han acordado que la extrema derecha entre en el Ejecutivo autonómico con una vicepresidencia y dos consejerías, y que lo haga sobre la base de un pacto programático de clara inspiración del partido de derecha radical. El candidato de Vox, Óscar Fernández Calle, asumirá la vicepresidencia y dos consejerías elegidas por Vox para hacer su guerra cultural: la de Familia, Desregulación y Servicios sociales, que también dirigirá Fernández Calle; y la de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

Guardiola será investida por segunda vez como presidenta extremeña con el apoyo del partido de Santiago Abascal, aunque esta vez estuvo cerca de no lograrlo. El líder de Vox llegó a amenazar en este tiempo con una repetición electoral. Al final, tras un intenso tira y afloja que obligó a entrar en la negociación a la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo, Guardiola ha logrado el plácet de la extrema derecha y está previsto que reciba su apoyo en una sesión de investidura que se celebrará el martes y miércoles de la semana que viene, seis meses después de la disolución de las cortes extremeñas para el adelanto electoral. El pacto prevé también la aprobación de cuatro Presupuestos.

Para lograr el Gobierno de Extremadura, el PP ha firmado un acuerdo programático con Vox de 23 páginas en el que dominan las políticas de la extrema derecha, dedicadas sobre todo a la restricción de derechos a los inmigrantes. El acuerdo contempla “la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”, lo que sugiere que acaba con la sanidad pública universal y restringe a los extranjeros la posibilidad de tener asistencia sanitaria salvo para urgencias vitales. El pacto habla también de mejorar el sistema sanitario de Extremadura, para “optimizar los recursos disponibles y garantizar una atención accesible y de calidad para los españoles”, o lo que es lo mismo, dejando fuera a los ciudadanos de origen extranjero, aunque tengan el permiso de residencia.

Los inmigrantes tendrán también mayores dificultades para acceder a la vivienda y el alquiler públicos. “Se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, dice el texto.

El PP asume las demandas más extremas de Vox en materia de lucha contra la inmigración, la gran bandera de la formación de Abascal, con medidas que van desde el retorno de los menores inmigrantes no acompañados a la supresión de ayudas económicas para las ONGs que asistan a extranjeros, el compromiso de no habilitar más plazas en centros de acogida o la prohibición del uso del burka y nicab en espacios públicos.

Como punto de partida, el nuevo Ejecutivo se “opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”. Tampoco destinarán un solo euro destinado a facilitar su entrada o acogida en Extremadura. Pero el pacto no se queda ahí, e incorpora además el compromiso de trabajar “activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen” a través de “acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres”.

La extrema derecha coloca también su agenda contra las políticas climáticas de la Unión Europea. El acuerdo declara “mantener Extremadura libre de cargas y tasas autonómicas derivadas del Pacto Verde” europeo, blinda la energía nuclear con la central de Almaraz y sentencia también el “rechazo explícito al acuerdo UE-Mercosur, en tanto en cuanto no garantice la igualdad de condiciones frente a los productores extremeños”. El acuerdo comercial de Mercosur, otro de los principales caballos de batalla de Vox, ha sido promovido en Bruselas por el Partido Popular Europeo, pero los de Abascal fuerzan al PP ahora a rechazarlo.

“Por fin hemos llegado a un acuerdo. Un acuerdo que está esperando la sociedad extremeña. Estamos muy satisfechos con él”, ha celebrado Guardiola en una comparecencia en Mérida esta tarde pasadas las ocho, que ha hecho acompañada de su próximo vicepresidente, el candidato de Vox, Óscar Fernández Calle, además del secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, y del dirigente de Vox Ángel Pelayo Gordillo. “Después de muchísimo trabajo, teníamos un único objetivo: conseguir este acuerdo entre quienes representamos al 60 % del arco parlamentario. Es un acuerdo que contempla 74 medidas y que va a permitir que Extremadura pueda seguir avanzando. Hoy se demuestra que gana la democracia frente a la crispación, y el diálogo frente al ruido”, ha enfatizado la presidenta en funciones.

Prácticamente a la misma hora, desde Granada, en un acto de precampaña andaluza, Santiago Abascal ha celebrado la entente. “Quiero daros una muy buena noticia. Y la buena noticia es que en Extremadura va a haber un Gobierno, que esta misma tarde se ha llegado a un acuerdo”, ha arrancado el líder de Vox. “Y yo quiero felicitar a nuestro candidato, en primero lugar, a Óscar Fernández, pero también quiero felicitar a la señora María Guardiola, del Partido Popular, porque a pesar de la confrontación política y de las diferencias, que son muchas, hemos conseguido llegar a un acuerdo”, ha añadido Abascal. Gracias al pacto garantizarán que Extremadura, ha señalado el presidente de la extrema derecha, “no se va a arrancar un solo olivo”; “va a haber prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda social”; “los primeros tramos” de tributación tendrán “con los impuestos más bajos” y habrá un Ejecutivo que “va a defender el campo y la industria frente a pactos absolutamente suicidas y de traidores, como es el de Mercosur”.

El jefe de Vox ha desarrollado de qué se trata la vicepresidencia de Desregulación que ostentará Fernández: “Se va encargar de empezar a deshacer leyes, normativas y exigencias, que han convertido a ganaderos, agricultores y autónomos en oficinistas que tienen que estar todo el día haciendo papeleos en vez de dedicarse a lo suyo”. Tanto Abascal como los suyos están “contentos”, pero no “completamente satisfechos”. “Tenemos una ambición mucho mayor”, ha sentenciado.

En cambio, el PSOE de Extremadura ha cuestionado que el pacto “nace muerto”, porque, señalan fuentes socialistas en la comunidad, carece de bases sólidas y está marcado por la desconfianza entre sus socios. Desde su perspectiva, el proceso ha supuesto una dilación innecesaria que ha mantenido paralizada la acción política en Extremadura, donde el principal escollo, dicen, ha estado en el reparto de cargos. Ferraz considera que el nuevo gobierno de Extremadura se ha “decidido desde Madrid” y aventura que continuará el bloqueo político de la región aunque haya gobierno: “El bloqueo al avance, a los derechos sociales y a los servicios públicos”, informa José Emiliano Barrena. Mientras, desde Unidas por Extremadura consideran que el nuevo Ejecutivo que va a traer “mucho sufrimiento”, y que la región se enfrenta a un Gobierno que dará la espalda a las verdaderas necesidades del pueblo.

El acuerdo llega después de una complicada negociación en la que también han participado las dos ejecutivas nacionales. Y pese a los feroces y recientes ataques del partido de Abascal contra Génova, a quienes llegaron a acusar de “contrabandistas de ría”. Aun con las pugnas en público sobre la mesa, el pacto ha terminado fraguándose en Extremadura, pero todavía sigue pendiente en Aragón y en Castilla y León. Génova ha celebrado también el acuerdo en un breve comunicado difundido esta tarde en el que remarca que “la presidenta Guardiola ha contado con total autonomía para negociar la configuración de su Ejecutivo”. “El número de cargos y el nombre de las personas que habrán de ocuparlos nunca fue motivo de negociación por parte de los negociadores de la Dirección nacional del Partido Popular. Tampoco participarán en estas cuestiones en el resto de negociaciones abiertas en Aragón y Castilla y León”, afirman fuentes de la cúpula. La dirección de Alberto Núñez Feijóo dice estar “muy satisfecha de haber ayudado a desbloquear una situación que hace dos meses apuntaba hacia unas nuevas elecciones y que ahora ha cristalizado en un acuerdo de Gobierno para cuatro años”. Y anticipa que el pacto de Aragón está al caer. “En los últimos días hemos avanzado de manera significativa en las negociaciones en Aragón, donde somos optimistas y donde esperamos alcanzar un acuerdo igual de satisfactorio en los próximos días”, remacha el comunicado del PP.

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El cierre del pacto llega además más de un mes después de que los ultras tumbaran por dos veces la investidura de la candidata del Partido Popular. Guardiola incluso salió del debate entre lágrimas y recibió los abrazos de los cargos regionales que acudieron a la Asamblea de Extremadura para arroparla. Días antes de ese pleno, Feijóo dio un viraje en la estrategia que había seguido hasta entonces con sus barones y decidió que Génova se personase directamente en las negociaciones. De ahí que el secretario general del PP, Miguel Tellado, y la jefa de gabinete del PP, Marta Varela, hayan participado den las últimas reuniones entre ambas formaciones.

La dirección nacional decidió tomar parte en las conversaciones después de los obstáculos que Guardiola había tenido para tratar con los de Abascal, con quien hasta entonces no mantenía una relación cordial. Pero ni con Génova de por medio pudieron evitar el fracaso del primer y segundo intento de investidura de la candidata del PP. La ejecutiva del Partido Popular elaboró en paralelo un documento marco que sirviese para que sus presidentes autonómicos tengan una guía nacional sobre la que diseñar sus propios pactos, relegando eso sí las cuestiones de ámbito territorial al arbitrio de sus barones. Y dejándoles también la potestad para aceptar o no coaliciones con Vox, así como el eventual reparto de carteras.

En todas estas semana de negociaciones sobre los Gobiernos autonómicos, Feijóo y Abascal han mantenido dos conversaciones. La segunda y última, tras las elecciones de Castilla y León del pasado 15 de marzo. Ambos líderes hablaron para encarrilar la situación una vez tumbada la investidura de Guardiola y después de las urnas castellano y leonenses, donde los ultras no alcanzaron sus expectativas de llegar al 20% aunque continuaron su ascenso. En Extremadura, el primer paso lo dio Guardiola a principios de enero, cuando lanzó un órdago a los ultras y les invitó a entrar en su gobierno. Y los de Abascal respondieron doblando la apuesta pidiendo una vicepresidencia y varios asientos en el Ejecutivo. Desde entonces, los tira y afloja se han sucedido. Hasta hoy.