Un informe denuncia el asesinato de 10 defensores de derechos humanos en México en 2025 y señala al Estado como el principal agresor de ambientalistas

A Roberto Chávez Bedolla, el crimen organizado ya le había arrebatado su rancho. Sus compañeros, integrantes de los comités de defensa ambiental en el municipio de Villa de Madero, en Michoacán, recordaron este martes que don Roberto, como le llamaban sus allegados, agradeció en aquel momento que “por lo menos” lo habían dejado con vida. Chávez Bedolla, de 64 años, fue asesinado la noche del domingo 12 de abril cuando iba hacia su casa. Unos desconocidos lo atacaron a tiros. “¿Dónde vamos a quedarnos? ¿Dónde nos vamos a esconder de los delincuentes?“, dijeron sus compañeros en una conferencia de prensa después del crimen. Lo que le sucedió a Chávez Bedolla pasa cada vez más en México. La situación generalizada de los defensores como él ha sido denunciada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) a través de un informe que revela que en 2025, 10 activistas y defensores fueron asesinados en el país, de acuerdo con el documento sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales.

El caso de Chávez Bedolla es otro ejemplo de esa realidad que empuja a las personas a convertirse de la noche a la mañana en activistas, cuando la necesidad de supervivencia las lleva a defender los recursos naturales de los que dependen sus familias, sus comunidades y sus propias vidas. Chávez Bedolla defendía su derecho a la tierra, al bosque y a los manantiales de su región, cooptada por el crimen organizado y por la violencia de grupos delincuenciales que se disputan la zona.

El Cemda ha difundido este jueves los resultados de un informe que elaboran cada año desde hace 12, sobre las personas que defienden recursos y territorio en México. La organización ha presentado el documento, acompañada, entre otros funcionarios y activistas, del ambientalista de Nayarit Erik Saracho, quien sobrevivió a un ataque el pasado 11 de marzo. El balance del último año, 2025, dejó 10 asesinatos, sobre todo en activistas que defendían su derecho al agua, se oponían a megaproyectos como hidroeléctricas o trenes, o protegían playas y bosques.

Las agresiones más comunes se reflejaron en estigmatización, difamación y la criminalización, especialmente en contra de mujeres defensoras, colectivos y organizaciones de la sociedad civil. Son algo más de la mitad de todas las registradas. Entre los principales agentes agresores, el informe señala a gobiernos, personas particulares, empresas privadas y a la delincuencia organizada. El reporte sigue el patrón de años anteriores y de casos recientes como el de Chávez Bedolla, quienes habían denunciado secuestros y amenazas sin que las autoridades respondieran oportunamente.

El informe documenta un total de 135 eventos de agresiones —un lapso en el que ocurren una o más agresiones en contra de una o más víctimas—, además de 314 agresiones específicas —una agresión en particular—, lo que representa un aumento con respecto a 2024. Ese año anotaron 94 eventos de agresión y 236 agresiones específicas, sin que se hayan superado en 2025 las 25 muertes que se registraron durante el año anterior. Los datos sitúan a 2025 como el segundo año con más eventos de agresión contra personas y comunidades defensoras ambientales en la última década, solo después del 2022, cuando ocurrieron 197.

En cuanto a las víctimas, las más expuestas fueron miembros de las comunidades, con un 11,3% del total registrado, seguidos de defensores independientes (3,3%), abogados (2,6%) y académicos (2%). Entre los agentes identificados como principales agresores o perpetradores de estos ataques, la mayoría no fue identificada: el 51,6% del total. Pero le siguen, con un 37,1%, gobiernos de todos los niveles, así como empresas privadas, con un 6,3%, y personas de la comunidad, un 4,4%.

El texto añade que en este 2025 aumentaron las agresiones en contra de quienes integran organizaciones de la sociedad civil en forma alarmante, con un crecimiento del 171,4% respecto a 2024.

El Cemda precisa que, por falta de datos necesarios durante 2025, no registraron ejecuciones extrajudiciales, es decir, asesinatos perpetrados directamente o por orden de algún agente del Estado. Sin embargo, apuntan que la falta de información no necesariamente implica que este tipo de agresiones no hayan ocurrido. De acuerdo con su estudio, el Gobierno participó en 76 eventos de agresión y “fue, una vez más, el principal agente agresor en contra de las personas y comunidades que defienden los derechos humanos medioambientales”. “Agentes gubernamentales, de todos los niveles, participaron en 56,2% de los eventos registrados”, señalaron en una de sus conclusiones.

Los Estados con el mayor número de agresiones fueron Ciudad de México, con 39, Puebla con 20 y Oaxaca con 17. Sobre el resto del país, el informe menciona que la falta de información y la vulnerabilidad de quienes reportan los casos, dificulta el registro de este tipo de agresiones correctamente. No obstante, Jalisco mereció una mención especial y sus registros “llamaron la atención durante el 2025″, donde apuntaron ocho eventos de agresión con 17 agresiones específicas. Tres de los 10 asesinatos ocurrieron en ese Estado, así como una de las tres desapariciones, lo que coloca a Jalisco como uno de los territorios “más peligrosos para ejercer la labor de defensa de los derechos humanos medioambientales”, recalcan.

En 2025, defender el acceso al agua fue lo más riesgoso, seguido del sector biodiversidad, vías de comunicación y de energía.

Los 10 activistas asesinados

Arnoldo Nicolás Romero (San Juan Guchicovi, Oaxaca) era integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI). Su cuerpo fue localizado con heridas de bala y quemaduras en enero de 2025, tras ser reportado como desaparecido por su familia. La UCIZONI ya había recibido agresiones anteriormente, por su defensa del territorio particularmente relacionada con el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), el megaproyecto ferroviario que impulsa el Gobierno.

Cristino Castro Perea (Barra de la Cruz, Santiago Astata, Oaxaca), fundador del colectivo Defensores Ambientalistas de Barra de la Cruz para la protección de las playas y contra la tala ilegal, fue asesinado a tiros por dos personas el 28 de febrero de 2025.

Marco Antonio Suástegui Muñoz (Cacahuatepec, Guerrero) era defensor del río Papagayo, que fluye en el centro de Guerrero, y las tierras comunales en contra de las actividades extractivas y en contra de La Parota, un proyecto que pretendía instalar una hidroeléctrica de la CFE. Fue perseguido y encarcelado tres veces. El 18 de abril fue atacado a balazos. En 2021, su hermano, también defensor, desapareció a manos de grupos delictivos.

Karina Ruiz Ocampo (El Arenal, Jalisco), era defensora del derecho al agua en el municipio de El Arenal, integrante y representante legal de la asociación vecinal La Cima Nuestra Prioridad, denunció en varias ocasiones los adeudos millonarios de la constructora de la CFE. El 14 de abril, personas entraron a su casa, la secuestraron y estuvo desaparecida hasta el 3 de mayo. Su cuerpo fue encontrado en la vía pública sin vida.

Francisco Macías Sánchez (Cherán, Michoacán) fue asesinado mientras patrullaba en una ronda comunitaria en su zona, asediada por el narcotráfico.

Sergio Hugo Ureiro Catañeda (Tlapa, Guerrero) era uno de los líderes del Movimiento en Defensa de la Plazuela de los Cántaros. En junio incendiaron su casa y el 20 de julio fue asesinado en su vehículo.

Cándido Esaú Román Pérez (Cihuatlán, Jalisco) era líder de la defensoría de las tierras ejidales en la zona. Representante legal del ejido Nuevo Centro de Población Agrícola General Emiliano Zapata, de Cihuatlán. Fue asesinado el 3 de noviembre afuera de su casa. Ya había denunciado amenazas.

Silvia Hernández Meza (Huitzilac, Morelos) era una activista y defensora del medio ambiente, reconocida por su trabajo de reforestación y denuncia ante la tala ilegal que amenaza al Parque Nacional Lagunas de Zempoala de Huitzilac, en Morelos, y de Ocuilan, en el Estado de México. El 13 de enero de 2025, Hernández y cuatro de sus acompañantes, Álvaro Horacio Rojas Mancilla, Juan Manuel Dávila Lagunas, Juan Carlos Cuevas y Juan García Jurado, fueron asesinados.

Marcos Aguilar Rojas (Azqueltán, Jalisco) era el representante agrario de la comunidad indígena tepehuana–wixárika, que ha habitado su territorio de forma ancestral; defendía la tierra y el territorio, el agua, la cultura y la memoria de su comunidad frente a invasiones, desplazamientos y la actividad minera. Fue asesinado el 26 de noviembre.

José Luis Lucas Quirino (Acuaco, Puebla) era profesor, ejidatario y líder social conocido por defender los derechos de los campesinos, del agua y de los bosques en la región de la Sierra Nororiental de Puebla. En febrero, un grupo de personas lo interceptó y asesinó afuera de la escuela de la que era director.