Un tribunal federal anula la sentencia por tentativa de homicidio del activista mazateco Miguel Peralta

La sentencia que recaía sobre Miguel Peralta Betanzos, el defensor de la autonomía y el territorio mazateco, por tentativa de homicidio ha sido anulada este viernes por un tribunal federal en Oaxaca. El pronunciamiento judicial en el caso contra el miembro de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón ha sentado el precedente para que el delito de homicidio —que queda pendiente— sea revisado, ante varias inconsistencias en los testimonios recabados y su fiabilidad. El caso contra el defensor ambiental y su comunidad se remonta a más de una década, en la que denuncian haber sido incriminados y perseguidos por oponerse a proyectos que ponían en riesgo los recursos naturales de su zona.

Peralta Betanzos fue encarcelado entre 2015 y 2019 y recibió en 2022 una condena de 50 años que, luego, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó revisar en 2024, señalando supuestos “vicios en el procedimiento” y apuntando que no había fundamentos que la sostuvieran. Este viernes, por unanimidad, los magistrados aseguraron que en el proceso “se violó su derecho fundamental a la presunción de inocencia” y que existieron varias “insuficiencias probatorias” para acreditar su responsabilidad en los hechos en los que involucraron, además, a varios miembros de su comunidad, en Eloxochitlán de Flores Magón en 2014.

La sentencia condenatoria por los 50 años de cárcel fue dictada el pasado 4 de marzo de 2022 por una sala del Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca por la tentativa de homicidio de una mujer, Elisa Zepeda, y el homicidio de Iván Zepeda, miembros de una misma familia. Los magistrados, encargados de revisarla, han dicho este viernes: “Se advierte una vulneración al derecho de acceso a la justicia dada la indebida valoración de las pruebas por parte de la sala responsable, para determinar, primeramente, la tentativa de homicidio y, en segundo término, la responsabilidad penal del quejoso. Se estima que se violó su derecho fundamental a la presunción, pues hubo una insuficiencia probatoria a los efectos de la sentencia condenatoria. Es decir, que la sala responsable hizo una incorrecta valoración de las pruebas recabadas en el procedimiento”.

Aunque todavía queda pendiente el delito por homicidio, lo dicho este viernes por el Tribunal federal sienta un precedente importante en el caso, pues reconoce que los testimonios recabados en el proceso contra Peralta Betanzos carecen de sustento y de fiabilidad. Araceli Olivos, abogada de Peralta, apunta: “Lo que le dice a la Sala [en Oaxaca] es que sean ellos quienes resuelvan el homicidio, y le da lineamientos muy claros de cómo debería valorar los testimonios. Aunque es volver al escenario de Oaxaca, lo que es un poco agridulce, pero la perspectiva es que hay que resaltar las pruebas fabricadas, porque eso podría llevar a que le den la libertad absoluta”.

Las acusaciones y una década de persecución

La historia judicial que involucra a Miguel Ángel Peralta Betanzos y a su comunidad, Eloxochitlán —ubicada en los límites con Puebla— comenzó hace más de 10 años. Allí, donde el río Xangá Ndá Ge agoniza lentamente envuelto por la espesura verde de las montañas y los árboles, la comunidad ha denunciado una persecución en su contra y la criminalización de sus habitantes por la defensa que han hecho de sus recursos naturales, de sus usos y costumbres y de su propia vida.

De acuerdo con miembros de la comunidad, todo apunta a Manuel Zepeda Cortés y su familia, un cacique de orígenes priistas —actualmente vinculado a Morena—, dueño también de una mina, quien en 2012, tras el paso del huracán Ernesto, se presentó ante la comunidad y aseguró que usaría su maquinaria para poder “arreglar” el río y evitar que se desbordara. Ya antes, este funcionario municipal, quien es el padre de la diputada morenista Elisa Zepeda Lagunas, había protagonizado algunos episodios violentos que la comunidad, aseguró, fueron impulsados por él. EL PAÍS solicitó su versión Zepeda Lagunas, sin obtener una respuesta hasta el momento. Los supuestos arreglos del río no han terminado y la maquinaria ha arrasado casi por completo con el ecosistema local. El río, actualmente, agoniza.

Para diciembre de 2014, el punto álgido de una cadena de incidentes que confrontaban a la comunidad con la familia Zepeda Lagunas, una reunión de la Asamblea Comunitaria para la elección de nuevas autoridades fue interrumpida por una balacera que, según testigos, fue ejecutada por gente de Zepeda y que, posteriormente, terminó en un presunto enfrentamiento entre ambas partes y después, con la muerte de Manuel Zepeda, hijo de Zepeda Cortés. Al menos 11 personas de la Asamblea Comunitaria también fueron heridas de bala y hospitalizadas.

En 2015, Peralta fue arrestado y encarcelado de forma irregular en Ciudad de México, y después fue trasladado a Oaxaca, en donde permaneció en prisión hasta que fue absuelto en 2019, cuando las autoridades no encontraron pruebas suficientes para condenarlo a los 50 años de cárcel que las autoridades oaxaqueñas pedían por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

Tras su libertad en 2019, la parte acusatoria, la familia Zepeda Lagunas, a quienes la comunidad de Eloxochitlán acusa como responsables del saqueo del río y de la persecución en su contra, apeló la decisión y dejó nuevamente en la mesa que la condena de 50 años de cárcel fuera puesta de nuevo a discusión. “No hemos estado del lado del poder y por eso no hemos tenido justicia, pero nos asiste la razón, hay pruebas que nos respaldan. Deseamos que nos den nuestra absoluta libertad”, dijo Peralta Betanzos, durante una conferencia en 2025.

Por estos hechos, unos 34 integrantes de la Asamblea fueron acusados de los daños, además de tentativa de homicidio y homicidio doloso que pesaban sobre Peralta Betanzos, quien, pese a comprobar que no estuvo presente durante los incidentes, fue encarcelado durante casi cinco años, junto con otros siete indígenas mazatecos de su comunidad. Elisa Zepeda Lagunas, que pronto llegó a ser diputada del Congreso de Oaxaca, se convirtió en una de las legisladoras más jóvenes y más tarde declararía que aquellos hechos del 2014 fueron por violencia de género porque buscaban truncar su carrera política.