Los vecinos de Coria piden protección tras 20 años de padecimientos ante los tóxicos: “Nadie hace nada por nosotros”

Viernes 20 de febrero. En la calle Griego, en la barriada Guadalquivir de Coria del Río (Sevilla), el aroma dulzón a gasolina se cuelga de la garganta y hace imposible respirar. Aunque Rogelia Gómez lleva dos décadas inhalando ese olor asfixiante, no se acostumbra. Pero, entre carraspeo y toses, hace el esfuerzo. Tres días antes había fallecido en esa vía un vecino de unos 50 años de infarto; edad similar y la misma causa por la que murió ese mismo día otra residente de una calle vecina, Brazo de la Torre. Un mes antes, lo hizo otro habitante de la calle Itálica, de edad parecida, del mismo barrio y también por el mismo motivo, que se suman a otros cuatro desde que comenzó el año, por parada cardiaca o por cáncer. Lo que parecería, en un principio, una anomalía preocupante, para los 4.000 vecinos del barrio del municipio sevillano se ha convertido en una lacerante rutina, que está siendo investigada tanto en la vía penal como en la administrativa, desde que en 2019 la Asociación de vecinos afectados por los tóxicos de Coria del Río, denunció en los tribunales la exposición continuada a la inhalación de agentes químicos proveniente de una gasolinera cercana, que sigue abierta. Han pasado 20 años y los padecimientos de los vecinos no conocen fin. Ni siquiera está concluido un informe epidemiológico. La Administración no acaba de resolver un problema que se eterniza.

“Caemos como chinches”, se lamenta Rogelia, de 72 años, que es la presidenta de la asociación. A las muertes, que son un goteo constante y que la asociación tiene recogidas calle por calle, se suman las enfermedades constantes de las que pocos se libran y que también están recogidas, a falta de un estudio epidemiológico que vincule las afecciones con la inhalación: cefaleas, náuseas, mareos, desorientación, depresión respiratoria, irritación respiratoria, leucemia mielógena aguda, palpitaciones mareos… Son “efectos negativos para la salud, como los agudos y crónicos en el sistema nervioso central”, consecuencia de su exposición a “niveles de contaminación inaceptables, muy por encima de los límites fijados”, de acuerdo con el dictamen de la Fiscalía de Medio Ambiente, incorporada a la instrucción penal en enero de hace un año. Ese alto grado de contaminación proviene de niveles anormales de hidrocarburos como el tolueno, benceno y xileno, que emanan del suelo de la vecina gasolinera, tal y como ha constatado la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta.

Pese a que estos informes, a los que se suman otros del Seprona, corroboran la vinculación entre las enfermedades que acorralan a la barriada y su exposición continuada a estos gases, los pasos que han dado las distintas administraciones para atender a las demandas de estos vecinos son tan lentas y poco efectivas que lo único que hacen es acentuar la sensación de abandono contra la que luchan en la barriada desde hace 20 años. “Todo es una parafernalia para taparnos la boca. Seguimos sin poder respirar y aunque las autoridades reconocen el olor, nadie está haciendo nada por nosotros ni lo van a hacer”, sostiene Rogelia.

La consejera de Medio Ambiente, Catalina García, confirmó en sede parlamentaria el pasado 16 de febrero que la barriada “seguía con presencia de olores” y explicó que las mediciones de las unidades móviles, instaladas en la zona desde el pasado mes de mayo habían registrado “episodios puntuales de picos de sulfhídrico”, un gas, precisó, “que da un olor intenso incluso en bajas concentraciones”. En todo caso, señaló, debía esperarse a que pase un año -hasta el próximo mes de mayo- para tener los resultados referentes a la presencia de los límites legales de benceno, pese a que los vecinos de la barriada se les prometió en una reunión con responsables de Sanidad y Medio Ambiente de la Junta el pasado 27 de octubre, que se les informaría de los resultados en diciembre. La consejera también sostuvo que esa unidad móvil se estaba desplazando a diferentes ubicaciones de la barriada, pero desde que se instaló entre las calles Brazo de la Torre y Esquina Retuerta, los vecinos no la han visto moverse jamás.

Ecologistas en Acción, que también está personado en la causa, acaba de denunciar la falta de transparencia de las autoridades sanitarias. Se apoyan, precisamente, en las declaraciones de la consejera, en las que reconocía picos de ácido sulfhídrico y censuran, como Rogelia, que no se haya informado a la población ni se hayan activado protocolos de protección. “Resulta incomprensible que no se hayan adoptado medidas cautelares como evaluaciones exhaustivas, controles independientes, restricciones temporales o planes de protección para la población más vulnerable”, señalan en un comunicado, en el que llaman la atención sobre una guardería ubicada cerca de las zonas de la barriada más expuestas a la contaminación. La ONG reclama mediciones urgentes dentro del propio centro educativo.

Precisamente García, en su calidad de exconsejera de Salud, y su sucesora en el cargo, Rocío Hernández, habían sido llamadas a declarar este miércoles 25 en los juzgados de Coria en calidad de investigadas en la causa por su “inacción prolongada ante la exposición de la población a agentes químicos potencialmente tóxicos”, pero el pasado 10 de febrero, el titular se veía obligado a suspender la comparecencia por “no haber recibido la documentación solicitada a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía”. “Qué falta de humanidad”, se lamenta Rogelia que recuerda que la consejera García en esa comparecencia en parlamentaria aseguró que estaban “colaborando en todo lo que nos pide la vía judicial”.

Lo que parecía otro logro, que después de nueve años de iniciado el proceso judicial, los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML), fueran a revisar su historial clínico, también se ha tornado en otro chasco para los vecinos. De los más de 40 residentes personados en la causa y a los que se les hizo un seguimiento médico en los primeros meses, solo han sido atendidos presencialmente 12 de ellos, los que tenían informes positivos en cuanto a inhalación de sustancias tóxicas superiores a los límites legales. Todos los demandantes fueron citados por grupos de unas 10 personas a mediados de noviembre, pero las únicas citas que se han efectuado se realizaron el pasado el 20 y 21 de enero. Rogelia se ha pateado los pasillos del IML preguntando y advirtiendo de que hay vecinos cuyos análisis tampoco dejaron lugar a dudas sobre su exposición a niveles tóxicos por encima de lo permitido, que ni siquiera estaban en los listados de convocados. Rogelia también advierte de altas médicas que se están otorgando recientemente a pacientes cuyos síntomas derivados de la inhalación de gases tóxicos no han remitido y a los que siguen expuestos, por vivir en la barriada.

Los vecinos siguen respirando veneno porque el suelo contaminado por la gasolinera no ha sido limpiado convenientemente, tal y como certificó la Consejería de Medio Ambiente y el propio Ayuntamiento de Coria, que el pasado mes de octubre ordenó a la titular del surtidor, Zamarrilla Inversiones, que presentara en el plazo de tres meses un nuevo proyecto de descontaminación de los suelos. Hasta el momento, no se tiene constancia de que haya entregado ningún documento, indican fuentes municipales.