La fiscal general activa la maquinaria para recurrir ante el Constitucional la condena contra García Ortiz
Peramato anuncia que la Fiscalía también pedirá el amparo para el ex fiscal general

La Fiscalía peleará hasta el final la inocencia de Álvaro García Ortiz. Su sucesora en el cargo, Teresa Peramato, ha anunciado que la Fiscalía presentará un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional contra la sentencia que condenó al ex fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación y al pago de 17.200 euros ―entre multa e indemnización― por revelar que Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, estaba dispuesto a reconocer el fraude fiscal por el que se le investigaba y por el que finalmente irá a juicio.
En una entrevista concedida a La noche en 24 horas, de TVE, Peramato explicó que la iniciativa partió de la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que fue quien llevó el caso ante el alto tribunal, desde el inicio de las pesquisas hasta el juicio, defendiendo en todo momento la inocencia de García Ortiz. A la fiscal general le pareció bien y firmó un decreto autorizando a Sánchez Conde a presentar este recurso.
Formalmente, esta tarea debía haber recaído en el jefe de la Fiscalía en el Constitucional, Pedro Crespo, pero se abstuvo por ser el marido de Almudena Lastra, jefa de la Fiscalía Superior de Madrid que resultó ser un testigo clave contra García Ortiz al declarar que desde el principio sospechó que la investigación contra González Amador acabaría filtrándose y que incluso preguntó al entonces fiscal general si fue él. Fuentes fiscales consultadas por EL PAÍS indican que esta circunstancia —sumada al profundo conocimiento de la causa que tiene Sánchez Conde y a que también ocupó el puesto de Crespo, por lo que es “experta” en derecho constitucional— hacen de ella la persona idónea para ocuparse de este recurso. Las mismas fuentes precisan que la número dos del ministerio público lo está ultimando y que se presentará en los próximos días.
“Los hechos no eran delito”
Peramato recordó que este paso se enmarca en la línea de actuación mantenida por la Fiscalía en esta causa, donde “siempre mantuvo una posición absolutoria” porque “los hechos no eran constitutivos de delito”. Se “sigue trabajando en la misma línea porque es la ”correcta", afirmó.
Asimismo, aprovechó para volver a reivindicar la figura de García Ortiz, de quien aseguró que es “fiscal hasta la médula”. Peramato, a su llegada al cargo, ya expresó su “admiración” hacia su predecesor inmediato, que desde el pasado 20 de noviembre, cuando fue condenado por un delito de revelación de secretos, ha recibido numerosas muestras de apoyo dentro y fuera de la institución.
No obstante, en ese mismo discurso Peramato se mostró consciente de que su principal reto al asumir las riendas de la Fiscalía era “sanar heridas” ante la profunda división que dejó en la institución la condena a García Ortiz, a quien no pocas voces pidieron desde el arranque de la causa que renunciara al cargo para no someter al ministerio público a tensiones innecesarias.
La fiscal general se sometió a su primera prueba de fuego en el pleno del Consejo Fiscal celebrado el 27 de febrero para realizar 17 nombramientos discrecionales en la cúpula fiscal. Aunque Peramato trató de guardar el equilibrio entre los miembros de la Asociación de Fiscales (la mayoritaria), la Unión Progresista de Fiscales (la segunda en número de miembros) y los no asociados, el resultado no contentó a los críticos porque supuso el ascenso de antiguos miembros del equipo de García Ortiz, como Ana García León o Diego Villafañe, frente a abiertos detractores como la fiscal del procés Consuelo Madrigal o Lastra.
El recurso firmado por la Fiscalía no será el único amparo que se pida al Constitucional para García Ortiz. Su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, también recurrirá la condena impuesta por el Supremo. Desde que se conoció el fallo, la defensa y la Fiscalía pusieron la mira en el Constitucional, pero técnicamente no podían llamar a sus puertas hasta solventar un último trámite en la vía jurisdiccional: una petición de nulidad ante el propio Supremo que, como es habitual, fue rechazada. Además, el Gobierno tramita ya los dos indultos solicitados a favor del ex fiscal general que han presentado dos fiscales, por un lado, y una particular, por otro.
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