El dueño de la empresa navarra investigada por el supuesto amaño de contratos tuvo vínculos societarios con Koldo García

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto el foco de parte de su investigación sobre el supuesto amaño de contratos públicos en el Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos en una pequeña empresa navarra llamada Servinabar 2000 S.L. Sus agentes, con el teniente coronel Antonio Balas, máximo responsable del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, registraron este martes su sede en Pamplona en busca de documentación sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación en enero de 2024 a esta sociedad ―como parte de una Unidad Temporal de Empresas (UTE) junto a Acciona Construcciones y Excavaciones Fermín Osés ― de las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate en las que se invirtieron 76 millones de euros. En la misma jornada, los agentes también allanaron o hicieron requerimientos de información en las sedes en Bizkaia, Granada, Valencia y Madrid de otras empresas ganadoras de concursos de obra pública, así como el domicilio y un local en Valencia del exministro socialista.

La investigación del instituto armado ha revelado que el único accionista y administrador de Servinabar 2000 (creada en septiembre de 2015), el empresario vasco Joseba Antxon Alonso Egurrola, había tenido vínculos previos a la adjudicación bajo sospecha con Koldo García, exasesor del antiguo ministro socialista y considerado uno de los personajes claves de la supuesta trama de corrupción destapada cuando se investigaba la compra de mascarillas por parte de varios organismos públicos en lo peor de la pandemia. EL PAÍS ha intentado de manera reiterada ponerse en contacto telefónico con algún responsable de Servinabar o el propio Alonso Egurrola para conocer su versión, pero nadie ha respondido a las llamadas.

En la parte del sumario que se instruye en la Audiencia Nacional, figuran dos informes de la UCO sobre el patrimonio y las finanzas de Koldo García ―uno fechado en diciembre de 2022 y otro, en mayo de 2023― en los que se hace referencia a este empresario vasco. En uno de ellos se destaca que Alonso Egurrola (que en el registro mercantil figura como actual administrador o apoderado de una docena de sociedades) fundó en junio de 2015 junto al exasesor de Ábalos Noran Sociedad Cooperativa Pequeña, con sede en San Sebastián y cuyo objeto social declarado era la “gestión y administración de la propiedad inmobiliaria”. La Guardia Civil también destaca que desde aquella fecha y hasta 2020, Koldo García figuró como “titular real” en el Fichero de Titularidades Financieras de una cuenta a nombre de esta cooperativa en la que Alonso Egurrola consta como apoderado.

La siguiente referencia a este empresario en los informes de la UCO es, precisamente, por Servinabar 2000, la sociedad cuya sede fue registrada el martes por la Guardia Civil. Según este documento policial, una cuenta a nombre de esta mercantil transfirió entre 2017 y 2018 un total de 3.000 euros a un depósito bancario en la que figuraban como titulares el exasesor de Ábalos y su esposa de entonces, Patricia Uriz. El informe no concreta en concepto de qué.

No obstante, el registro de su sede no se produce por estos vínculos, sino por el contenido del informe que el pasado 5 de junio la UCO entregó al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en el que analizaba el contenido de las conversaciones que contenían los dispositivos electrónicos intervenidos a Koldo García cuando fue detenido en febrero de 2024. Ese documento policial recogía supuestos indicios de la adjudicación irregular en el Ministerio de Transportes de contratos de obra pública en la etapa de Ábalos así como del presunto cobro por parte de este de comisiones ilegales. Según el auto judicial que ordenaba el registro del domicilio en Valencia del exministro socialista, el informe destaca la existencia de diálogos en los que el exdirigente del PSOE supuestamente admite haber obtenido un beneficio económico con las licitaciones de su departamento.

En el caso de Servinabar, los sospechas apuntan a la obra del túnel de Belate, una obra que arrastra una polémica política desde hace más de un año y que fue adjudicada a comienzos de 2024, dos años y medio después del cese de Ábalos como ministro de Transportes. Unión del Pueblo Navarro (UPN), principal partido de la oposición en la cámara foral al gobierno de la socialista María Chivite, ha planteado en los últimos meses varias iniciativas parlamentarias sobre esta millonaria adjudicación al considerar que se habían producido presuntamente irregularidades en el proceso de licitación. UPN cuestiona que una empresa tan pequeña ―es unipersonal, tiene un capital social de 3.000 euros y su plantilla no supera la decena de personas― pudiera participar en una UTE para una obra de tal calado como es el desdoblamiento de una infraestructura viaria de casi tres kilómetros de largo. El Ejecutivo de Chivite siempre ha defendido la licitud de la adjudicación y argumentado que no es la primera vez que Servinabar 2000 consigue contratos públicos en esta y en anteriores legislaturas.

La obra del túnel de Belate también ha llegado al Congreso de los Diputados, en este caso de las manos de tres diputados del PSOE, entre ellos Santos Cerdán, secretario de organización socialista y que ha reconocido haber cruzado mensajes con Koldo García para interesarse por obras en esa comunidad. Estos parlamentarios plantearon el pasado 9 de mayo una pregunta por escrito para conocer el “importe transferido y acordado a la Comunidad Foral de Navarra para la mejora de la N-121-A y de los túneles de Belate y Almandoz durante los años 2011 a 2018 y 2018 a 2024″, junto a otras cuestiones sobre otras obras en la región.

Cerdán fue señalado en noviembre del año pasado por el empresario y comisionista Víctor de Aldama, pieza clave en la trama desmantelada en el caso Koldo, como supuesto receptor de un sobre con 15.000 euros en un bar por un tema relacionado con una licitación a una constructora. El número tres de los socialistas negó la acusación a los pocos minutos de trascender las palabras de Aldama. No obstante, en febrero, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor de la causa en la que se investiga a Ábalos, pidió a la UCO un informe en el que se detallasen los mensajes que pudiera haber intercambiado el comisionista con Cerdán, el ministro Ángel Víctor Torres (al que también acusó de recibir comisiones) y “cualquier otra persona aforada” para intentar aclarar qué hay de cierto en las denuncias lanzadas por el empresario. Este informe es el que la UCO entregó al juez el pasado 5 de junio y que supuestamente dio este martes pie a los registros en el domicilio de Ábalos y en varias empresas, entre ellas la sociedad con cuyo dueño mantuvo vínculos Koldo García.