El ex director general de Carreteras cobró 25.000 euros de una de las empresas bajo sospecha en el ‘caso Koldo’

Los investigadores del caso Koldo señalan que Javier Herrero, ex director general de Carreteras, percibió 25.440 euros de la compañía Aquaterra Servicios Infraestructuras, una mercantil que formó parte con Acciona de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que ganó en 2019 una obra de 92,4 millones de euros adjudicada por el departamento que encabezaba el alto cargo —dependiente del Ministerio de Transportes, epicentro de la trama y liderado entonces por José Luis Ábalos—. Así consta en una resolución firmada este martes por Ismael Moreno, juez instructor de la Audiencia Nacional, que mantiene imputado a Herrero por su supuesta participación en la presunta red de amaños de contrato a cambio del cobro de comisiones ilegales.

En línea con la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado Moreno apunta que el pasado 23 de febrero se recibió una comunicación del Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales) para advertir de una entrada de dinero “sospechosa” en una cuenta de reciente apertura de Javier Herrero, cesado del cargo en 2022. Según indica el juez, el ex director general de Carreteras recibió una transferencia de 25.440 euros de parte de Aquaterra supuestamente en 2025, en “concepto de abono de la factura ‘fra 1001/25”.

“Una vez recibidos esos fondos, Javier Herrero realizó un traspaso por valor de 12.500 euros a otra cuenta titulada por este. En dicha cuenta se han observado dos recibos de autónomo domiciliados”, destaca el juez instructor, que remacha: “Detectada la operación, la entidad bancaria solicitó el soporte documental del movimiento bancario, consistiendo en una factura que posee un concepto muy genérico, no permitiendo conocer el motivo concreto por el que Herrero habría cobrado el importe reflejado en la misma. Asimismo, cabe destacar que la factura está fechada un mes antes de que se practicase la diligencia de entrada y registro en su domicilio”.

Aquaterra formó parte de la UTE que ganó una obra de la Dirección General de Carreteras para actuar sobre el tramo Arrúbal-Navarrete (La Rioja) de la autovía A-68. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mantiene esta adjudicación entre los proyectos bajo sospecha.

Acciona detecta irregularidades

Por su parte, Acciona ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción una auditoría interna sobre las obras que están bajo sospecha en esta causa. El informe descarta irregularidades sistemáticas, asegura que no se efectuaron pagos en metálico y señala que todas las operaciones se hicieron a través de transferencias bancarias; insistiendo, además, en que existen correos electrónicos.

Sin embargo, en un epígrafe, la compañía sí que advierte de que “ha detectado determinadas situaciones” en las que “no ha sido posible acreditar suficiente evidencia de la prestación efectiva de los servicios facturados y abonados”. Es decir, admite posibles irregularidades, concretamente con la empresa Servinabar, sociedad que está bajo el foco de la investigación por ser propiedad de uno de los principales imputados, Joseba Antxon Alonso, considerado en el sumario como el socio de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.

La Guardia Civil cree que Cerdán tenía el 45% de la sociedad que dirigía Antxon Alonso y que Acciona recurría a ella y formaba UTE para lograr la adjudicación de más obras públicas. Hay bajo el foco varios contratos por un valor de más de 300 millones de euros; de los que un 2%, según creen los investigadores, iba a parar a Servinabar.

Acciona fija su atención, especialmente, en dos obras: una sobre la Integración de Ferrocarril en Sant Feliu (Girona) y otra sobre la variante de La Rioja. En ambos casos, según dice este informe interno, hubo “suficientes formalidades” como para lograr que no fuese “detectado el irregular modo de proceder”. La compañía admite que hubo un modus operandi “indetectable” para sus controles internos, pero que pudo ser irregular.

Acciona asegura que “no ha quedado comprometido dinero público”, sino dinero de la propia compañía de construcción. En todo caso, la mercantil recalca que ha podido investigar con “los medios de los que dispone la compañía”.