La UCO ha registrado la casa de Ábalos en Valencia tras hallar indicios del cobro de mordidas por amaño de obra pública

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado este martes durante cerca de nueve horas y media una vivienda y un local situados en el número 102 de la Avenida de la Constitución, de Valencia, propiedad del exministro José Luis Ábalos por orden del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. La entrada en el domicilio se produce después de que el pasado jueves la UCO entregara un informe al magistrado en el que se recogían supuestos indicios de la adjudicación irregular en el Ministerio de Transportes de contratos de obra pública en la etapa de Ábalos así como el presunto cobro por parte de este de comisiones ilegales, según detallan fuentes del caso. Siempre según estas fuentes, en este documento policial se pone el foco en conversaciones encontradas en los dispositivos intervenidos al exasesor del antiguo ministro, Koldo García, cuando fue detenido en febrero de 2024 y entre las que hay algunas en las que el exministro presuntamente admite haber obtenido un beneficio económico en licitaciones.

El registro se enmarca en la denominada Operación Delorme, también conocida como caso Koldo, abierta por la supuesta compra irregular de mascarillas y otro material sanitario en el peor momento de la pandemia, pero que en los últimos meses se ha extendido también a la presunta adjudicación fraudulenta de obra pública por parte del Ministerio de Transportes tras la declaraciones en ese sentido del empresario y comisionista Víctor de Aldama, también imputado en la causa y que entregó diversa documentación cuando acudió al Supremo. En el registro, en el que ha estado presente Ábalos, se han intervenido varias memorias informáticas para volcar posteriormente su contenido. Además, los agentes han clonado en el lugar los teléfonos móviles del exministro, que le han devuelto, como ha confirmado el propio Ábalos en la red social X.

Tras terminar el registro, el exministro ―al que se le imputa delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación― ha insistido a los periodistas que estaban en la puerta de la vivienda la legalidad de su actuación al frente de Transportes durante el Gobierno de Pedro Sánchez: “He defendido mi inocencia y la voy a seguir defendiendo hasta el final. La condena ya la tengo, la reputación destrozada y muchas vidas destrozadas. Espero una reflexión en este país sobre los juicios paralelos y sobre deshumanizar a una persona”, informa Andrés Herrero Gutiérrez.

La entrada en el domicilio de Ábalos se ha producido a propuesta de la UCO y recibió el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, según detallan fuentes del caso. En el informe, según fuentes del caso, la Guardia Civil concluye que el exdirigente socialista podía haber aprovechado su condición de ministro para participar en supuestos amaños para adjudicar determinadas obras a empresas concretas a cambio de una mordida, y detalla cuáles serían esos contratos. El documento policial se incorporó a una pieza secreta ―y, por tanto, a la que aún no han tenido acceso ni las defensas ni las acusaciones personadas, salvo la Fiscalía― abierta por el magistrado Leopoldo Puente, que también ha ordenado registros y requerimientos de información a los largo de este martes a varias empresas de la Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco.

La orden del juez pone el foco principal en el terminal de telefonía del exministro, sobre el que pide que ser realice el volcado tanto de sus cuentas de correo, como de la agenda de contactos, el registro de llamadas y, sobre todo, de los mensajes de texto, voz o vídeo que pudiera haber intercambiado a través de aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp o Telegram. Además incluía la orden de intervenir documentación bancaria de todo tipo (incluido el envío de dinero a terceros países), monederos de criptomonedas, joyas y cualquier otro efecto que pudiera representar una supuesta evidencia de los delitos investigados.

El alto tribunal ya atribuyó a Ábalos un “papel principal” en la trama corrupta supuestamente encabezada por el que fuera su mano derecha, Koldo García, y Aldama. El exdirigente socialista continúa siendo diputado, aunque ahora está encuadrado en el Grupo Mixto desde que el PSOE le suspendió de militancia tras destaparse el caso. Según destacó el Supremo cuando asumió la investigación, Ábalos presuntamente “participaba en beneficios derivados” de la actividad de la red corrupta. En este sentido, el alto tribunal citaba en el auto en el que asumía la investigación que entre esas prebendas estuvo el uso de una casa en la urbanización La Alcaidesa, en el municipio gaditano de La Línea, y el pago, por parte de la red corrupta, de un apartamento en Madrid para una mujer que en aquel momento era pareja de Ábalos. Además, destacaba que esta persona trabajaba por cuenta ajena en empresas públicas dependientes del ministerio y había formado parte del grupo de personas que acompañaron al ministro en viajes oficiales, contabilizándose 16 vuelos nacionales y extranjeros sufragados con cargo al erario público.

El magistrado encargó en abril a la UCO que investigase la adjudicación de las obras públicas y los supuestos rectificados que aparecían destacados en fluorescente en unos documentos aportados a la causa por Aldama y cuya adjudicación, según el empresario, se había pactado con Ábalos a cambio de comisiones ilegales. El juez reclamó a la Guardia Civil que identificase a la empresa que finalmente resultó adjudicataria de cada una de esas licitaciones y fiscalizase el procedimiento de adjudicación. El magistrado adoptó esta decisión después de que el informe pericial realizado en el Supremo con una prueba caligráfica de Koldo García concluyera que era la letra de las anotaciones aportadas por Aldama sobre los contratos de obras públicas supuestamente adjudicados a cambio de mordidas era del asesor de Ábalos.

El juez Puente encargó también hace semanas a la UCO la información que conste, desde enero de 2014, en las bases de datos de Caixabank y la Agencia Tributaria sobre el exdirigente socialista y la Fundación Fiadelso, vinculada a Ábalos y su familia. La intención del magistrado es comprobar si se han producido “ingresos irregulares” que pudieran corresponderse con los cobros ilegales que se le imputan al exministro.

Antes de recibir ese encargo, la UCO ya había entregado al juez un informe preliminar del patrimonio de Ábalos en el que, entre otras propiedades, figura la casa de la Avenida de la Constitución que ahora ha sido registrada. Según ese documento, Ábalos es su único propietario desde 1992, cuando se divorció de la que hasta entonces había sido su mujer y liquidaron la sociedad que compartían. El inmueble, según la UCO, tiene un valor catastral de 47.935,12 euros.