El avance de las renovables protege a España frente al alza de precios de la electricidad por la guerra

El avance de las renovables en España en los últimos años, principalmente con el impulso de la solar y la eólica, ha supuesto un escudo protector frente al alza de precios de la electricidad en el inicio de la guerra en Oriente Medio provocada por el ataque de EE UU e Israel a Irán. Así lo concluye un informe de Ember, un think tank radicado en Londres que se centra en las políticas energéticas y la transición de este sector. Sus analistas ponen como ejemplo a España dentro de la Unión Europea como un país que “ha ido realmente más rápido con la energía eólica y solar”, lo que le ha otorgado “protección” frente al alza de los precios del gas.

Los expertos de Ember presentaron este martes un estudio en el que se analizaban los problemas que la dependencia mundial de los combustibles fósiles está suponiendo en forma de alza de los precios por el conflicto en Oriente Medio. “El 27% de la producción mundial de petróleo y gas está directamente en riesgo por la guerra en Irán”, explicó Dan Walter, director de Ember. “Y tres cuartas partes de la humanidad vive en países que son importadores netos de combustibles fósiles”, lo que hace que sean más vulnerables ante las crisis de precios vinculadas a conflictos como el de ahora o como la invasión de Ucrania por parte de Rusia de hace cuatro años.

La Unión Europea es una de esas regiones dependientes de los combustibles fósiles del exterior. Solo en los diez primeros días de guerra, “la UE pagó 2.500 millones adicionales en importaciones de combustibles fósiles” en su sector eléctrico, expuso Beatrice Petrovich, analista principal de Ember para Europa. Esto se debió, principalmente, al incremento de los precios del gas.

Pero Petrovich resaltó que, en todo caso, la UE está mejor preparada que hace cuatro años, cuando Rusia (uno de los principales suministradores de gas entonces a Europa) invadió Ucrania. Y esto se debe, “en gran parte, gracias a un fuerte crecimiento de la capacidad eólica y solar”, que le hace menos dependiente del inestable gas.

Pero no todos los Estados europeos están igual de protegidos, como detalló Petrovich: “En países como Italia hay una influencia muy alta del gas en los precios de la electricidad, mientras que España ha invertido mucho y ha desplegado la eólica y solar de forma muy amplia en los últimos cinco años, con que ha alcanzado mayor independencia y protección”. La visión de Petrovich coincide con la de otros expertos, como la de Simon Stiell, máximo responsable de cambio climático de la ONU, que en una entrevista con EL PAÍS señala a España como un “líder” respecto a “las acciones que está tomando para descarbonizarse y para hacer la transición hacia las renovables”. “Es un ejemplo que otros deberían seguir”, añade Stiell.

“Lo que estamos haciendo en política energética nos está salvando”, ha sostenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Bruselas este jueves. Ha puesto un ejemplo: el sábado, la electricidad en España se pagaba a 14 euros, mientras en Italia, Francia o Alemania estaba por encima de los 100. Seguir apostando por las renovables está en el corazón del plan de choque energético en forma de decreto que este viernes aprobará el Consejo de Ministros.

Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, lleva meses preparando con otros departamentos del Gobierno y con el equipo económico de La Moncloa esta reforma, según fuentes del Ejecutivo. Los que han trabajado en ella son conscientes de que este viernes el protagonismo se lo llevarán las medidas que Sánchez llama “coyunturales”, en especial bajadas de impuestos de la energía, pero el cambio de fondo vendrá con esta reforma que ha tenido hasta el final mucha discusión interna. Sánchez y Aagesen refuerzan su apuesta por las renovables. La idea del decreto es aumentar los incentivos y aplicar cambios regulatorios. En el Gobierno insisten en que hay que profundizar en la electrificación de la economía para no depender de los combustibles fósiles, mucho más inestables y caros.

Hacia ese mismo lugar apunta el análisis de Ember. “Podemos electrificar alrededor del 75% de la economía global con las tecnologías disponibles actualmente”, exponía su director el martes. “No solo son tecnologías disponibles, sino que ya son competitivas”, añadía Walter. Electrificar significa apostar por la movilidad eléctrica, por sistemas de climatización que no dependan de los combustibles y que la industria también se aleje de la energía fósil.

En cualquier caso, el decreto que presentará mañana el Gobierno deberá pasar por el Congreso para recabar el apoyo del resto de partidos, donde las negociaciones sobre energía están siendo muy complicadas esta legislatura.

Dos bloques en Europa

Sánchez ha viajado este jueves a Bruselas para participar en el Consejo Europeo, el órgano en el que se sientan los primeros ministros y presidentes de los Veintisiete. La guerra ocupa el lugar central de la cita, entre otras cosas por el impacto que está teniendo en el sector energético.

Una parte importante del debate está virando hacia el futuro del instrumento más simbólico de la Unión Europea en política climática: el sistema de comercio de derechos de emisiones de dióxido de carbono (conocido por sus siglas en inglés ETS), que penaliza a las industrias que más usan los combustibles fósiles.

Dos claros bloques de países se han conformado. Por un lado, ocho Gobiernos —España, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia, Suecia y Países Bajos— defienden la integridad de este instrumento, que definen como “piedra angular” de la política climática. Enfrente tienen a otros diez miembros de la UE —Austria, Bulgaria, Croacia, República Checa, Grecia, Hungría, Italia, Rumania y Eslovaquia— pidiendo una revisión de este instrumento para suavizarlo.

La clave está en los denominados “derechos de emisión gratuitos” que reciben determinadas industrias. Durante años, el mercado ETS no tuvo unos precios realmente disuasorios debido a la gran cantidad de derechos gratuitos que los países podían repartir a sus fábricas y empresas. Ese precio del dióxido de carbono empezó a crecer precisamente cuando la Comisión aplicó un plan para retirarlos. Hay una ruta fijada para la eliminación total de estas asignaciones en los próximos años. Y los ocho países, encabezados por España, han pedido que se mantenga ese camino. Por contra, los otros diez Gobiernos, entre los que destaca Italia, piden una “revisión exhaustiva” del sistema y que se sigan repartiendo derechos de emisión gratuitos.

En anteriores crisis de precios, el ETS también fue objeto de ataques y de críticas. Pero, como recordaba esta semana Petrovich, el problema no es el mercado de derechos de emisiones, que “solo supone actualmente el 10% del precio final de la electricidad” en Europa. El “verdadero problema” son los altos precios del gas. Es decir, el problema es que Europa siga enganchada a los combustibles fósiles.