Aluvión de críticas a Zelenski en Ucrania por interferir en la lucha contra la corrupción

Pocos temas suelen superar en relevancia en los medios de comunicación de Ucrania a la información sobre la guerra. Una redada el lunes de los Servicios de Seguridad (SSU) del Ministerio del Interior contra la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y contra la Fiscalía Anticorrupción (SAPO) ha sido una de estas excepciones. La operación ha causado tal revuelo que incluso los embajadores del G-7 para Ucrania se reunieron con la cúpula del NABU y emitieron un comunicado mostrando su “seria preocupación” por el riesgo de que se debilite “la transparencia, la independencia de las instituciones y el buen gobierno”. El descontento, además, comienza a plasmarse en las calles. Al final de la tarde de este martes, miles de personas se han concentrado en Kiev para protestar contra el presidente, Volodímir Zelenski. Es la primera vez que se da esa muestra de descontento en tres años y medio de guerra.

Convocados este mismo martes por conocidos activistas a favor de la democracia, sin una organización estructurada, la multitud se ha concentrado ante la estatua del poeta Ivano Franko para protestar contra las medidas de la mayoría política de Zelenski que vulneran la independencia de la Agencia Nacional Anticorrupción y la fiscalía Anticorrupción.

Las alarmas han saltado al coincidir en el tiempo varias actuaciones por parte del Gobierno ucranio y la oficina del presidente, Volodímir Zelenski. El penúltimo caso, la redada del SSU contra 19 funcionarios del NABU y de la Fiscalía Anticorrupción, organismos sobre el papel independientes del poder político, ha recibido un alud de críticas. “Los registros de los inspectores del NABU y del SAPO por parte del SSU están plenamente en línea con la principal labor de Zelenski en política nacional, eliminar o conseguir la completa subordinación de las instituciones”, dice un editorial del medio Strana.

El SSU, en coordinación con la Fiscalía general, registró más de 80 oficinas y domicilios de personal del NABU buscando pruebas de una presunta red de agentes que colaboran con Rusia. Un alto cargo fue detenido, acusado de tener relaciones comerciales con el invasor. La dirección del NABU niega la veracidad de estas denuncias, y así lo hizo saber a los representantes del G-7.

La ONG Transparencia Internacional emitió un comunicado en el que considera “inadmisible la presión política sobre los organismos anticorrupción”: “La información oficial hecha pública indica que el principal objetivo de estas acciones es influir en el trabajo del NABU y del SAPO”.

Activista detenido

La opinión pública y los medios vinculan este operativo con otro caso que ha copado portadas en las últimas semanas, el proceso judicial abierto contra uno de los activistas prodemocracia más respetados en Ucrania, Vitali Shabunin, fundador del Centro de Acción contra la Corrupción (ANTAC). El ANTAC ha sido una ONG referente en los movimientos para mejorar el funcionamiento del sistema político de Ucrania. Shabunin, que sirve en el ejército, fue detenido como medida cautelar este julio y su domicilio registrado, acusado de beneficiarse de un trato de favor por parte de su unidad: una denuncia de un sargento aportó supuestas pruebas de que a Shabunin se le permitía residir en Kiev y no en su puesto de servicio y de que contaba con un vehículo militar para uso propio, entre otras acusaciones.

Un centenar de organizaciones por los derechos humanos ucranias enviaron el 15 de julio a Zelenski y al fiscal general una carta en la que exigen que se retiren los cargos contra Shabunin. El encabezado del texto dice: “Basta ya de utilizar el poder judicial para llevar a cabo represalias políticas”.

La directora de ANTAC, Daria Kaleniuk, aseguró este martes al diario Kyiv Independent que la “operación especial contra el NABU tiene todas las señales de ser un intento de desmantelar la oficina anticorrupción”. “Estamos presenciando el desmantelamiento de una década de trabajo contra la corrupción en Ucrania”, añadió Kaleniuk, “es un giro de 180 grados en el camino hacia la integración Europa”.

Pravda, el mayor diario de Ucrania, y su periódico hermano, Yevropeiska Pravda, publicaron el 12 de julio un artículo en el que denunciaban que la Comisión Europea está ignorando los supuestos retrocesos en la lucha contra la corrupción sistémica que sufre el país: “Pese a las obvias violaciones de las leyes y los intentos para minar una de las reformas prioritarias para acceder a la UE, pese a que el Gobierno ni siquiera intenta disimular sus acciones, los socios europeos han elegido la táctica de silenciar el problema”.

Estas valoraciones fueron publicadas el 12 de julio, coincidiendo con la Conferencia para la Recuperación de Ucrania celebrada en Roma. La principal razón de esta crítica es la negativa de Zelenski y del Consejo de Ministros de ratificar la elección de Oleksandr Tsivinski como director del BEB, la agencia pública que combate delitos fiscales. Tsivinski superó el proceso para liderar el BEB siguiendo los protocolos del Fondo Monetario Internacional, de la UE y de Estados Unidos, pero la oposición denuncia que Zelenski ha rechazado su nombramiento por ser independiente a su influencia.

Katarina Mathernova, embajadora de la UE en Ucrania, destacó el lunes en sus redes sociales que el país invadido “ha conseguido tremendos progresos en sus reformas, especialmente mientras se defiende la agresión rusa”. Mathernova puntualizó: “Ahora es más importante que nunca preservar los logros en estas reformas para mantener el apoyo [de la UE] para imponerse al enemigo”.

Zelenski alcanzó la presidencia de Ucrania en 2019 con la lucha contra la corrupción como prioridad. El jefe de Estado ha acumulado un poder sin precedentes durante la guerra, gracias a su mayoría absoluta en el Parlamento y, por lo tanto, su control del Gobierno. Tanto la oposición como representantes de primer nivel de la UE como diputados de su partido, Servidor del Pueblo, han lamentado en los más de tres años de invasión que la oficina de Zelenski ha limitado al máximo los contrapoderes políticos del país.

Ley “catastrófica”

La gota que ha colmado el vaso ha caído este martes, según denuncian la oposición y las principales ONG de lucha contra la corrupción y por los derechos humanos en Ucrania: la mayoría absoluta del partido de Zelenski, Servidor del Pueblo, ha aprobado en el Parlamento una ley que da prioridad al fiscal general y poderes a este para decidir sobre los casos investigados por el NABU y la Fiscalía Anticorrupción. Es la primera vez en Ucrania, desde las reformas iniciadas en la revolución proeuropea de 2014, que se reduce la influencia de los organismos independientes anticorrupción. El fiscal general, Ruslan Kravchenko, elegido el pasado junio, es un político del círculo directo de Zelenski.

“Llamamos a los diputados a no aprobar estos cambios legislativos que dan un vuelco a las reformas anticorrupción llevadas a cabo desde 2014″, avisó Transparencia Internacional. Anastasia Radina, diputada de Servidor del Pueblo, ha escrito un texto de protesta en el que denuncia que la votación “es la destrucción virtual de las agencias anticorrupción. Las consecuencias son catastróficas para el Estado”.

“Hoy es un día para la vergüenza en el Parlamento de Ucrania. La reforma legal destruye la Oficina Anticorrupción”, ha dicho Oleksi Goncharenko, diputado de Solidaridad Europea, partido de la oposición: “Lo sucedido es un gran desafío a la democracia, un paso hacia un régimen autoritario”.

Guillaume Mercier, portavoz de la Comisión Europea, ha afirmado este martes que hay preocupación en Bruselas: “La UE está preocupada por las recientes acciones en Ucrania contra sus instituciones anticorrupción. Estas instituciones son clave en las reformas de Ucrania”.

El presidente de Ucrania abordó la semana pasada su segunda gran reforma del Gobierno en menos de un año. Uno de los ministros cesados es Oleksii Chernishov, titular del ahora desaparecido Ministerio para la Unidad Nacional, acusado de corrupción. Olga Stefanishina, hasta ahora viceprimera ministra para Asuntos Europeos, también ha dejado el cargo para ser miembro de la oficina del presidente responsable de relaciones con Estados Unidos. Stefanishina, según investigaciones periodísticas, está implicada en otro presunto caso de corrupción sobre la posible adquisición de activos públicos por parte de su exmarido.