La tensa relación entre Quirón y la Comunidad de Madrid por cada euro que se factura

Los múltiples pleitos judiciales y administrativos que separan a la Comunidad de Madrid y a Quirón, compañía que gestiona cuatro hospitales de la red pública regional, son solo la punta del iceberg en una tensa relación donde cada decisión tiene consecuencias millonarias. Entre 2019 y 2024 la administración regional pagó más de 5.000 millones a la empresa que articula el día a día de los hospitales concesionados de Villalba, Valdemoro y Móstoles, además de la Fundación Jiménez Díaz. Esa cifra incluye un desvío de 1.300 millones sobre lo presupuestado inicialmente entre 2019 y 2023, y justificado principalmente con la dificultad de prever el uso que harán los pacientes de su derecho a elegir el hospital en el que quieren ser atendidos. En paralelo, las dos partes han echado un pulso sobre la facturación de pacientes, medicinas, obras o sensores que EL PAÍS reproduce ahora basándose en documentación oficial.

Extranjeros con residencia no registrada ni autorizada. Este conflicto se oculta bajo una denominación administrativa (S85) empleada para un tipo concreto de pacientes. ¿Cuál? “S85 son extranjeros que no tienen NIE y solicitan asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos”, contesta un representante de Comisiones Obreras, informa Daniela Gutiérrez.

“Durante el tiempo que transcurre desde que solicitan el DASE [Documento de Asistencia Sanitaria para Ciudadanos Extranjeros sin residencia legal en España], se les cataloga con S85 y la atención no se factura”, amplía el responsable de admisión de un gran hospital. “Si consiguen el DASE, tampoco se facturan. Si no lo consiguen, contraen una deuda de la atención sanitaria que han consumido siendo S85″, añade, evocando un caso revelado esta semana por EL PAÍS en el que un hospital público madrileño envió una factura por la atención a una víctima de violencia sexual por encontrarse en situación irregular.

La necesidad de cobrar con agilidad esas deudas es lo que los hospitales de Quirón sacan a relucir en distintas ocasiones al menos desde 2021 ante la Consejería de Sanidad, según refleja la documentación pública consultada por este diario.

“Las Concesionarias [de los hospitales de Villalba, Valdemoro y Móstoles] desean tratar el tema sobre los ciudadanos S85″, reza el acta de uno de esos encuentros, en este caso de 2022, en la que se detalla que estos solicitantes de cobertura médica esperan tres meses hasta que se resuelva su caso, y que cualquier atención médica recibida en ese tiempo se les debe facturar a ellos directamente si la respuesta es finalmente denegatoria. “Las Concesionarias manifiestan que se verían perjudicadas porque han observado que la baja de Cibeles [una base de datos que refleja quién tiene derecho a ser atendido] puede no ser realizada a los tres meses y que el paciente siga de alta en Cibeles. Solicitan que sea un proceso automatizado para que no pueda alargarse más allá de ese tiempo”, cita el texto.

Consultado por este diario, un portavoz de Quirón declinó aclarar cuántos casos de S85 denegados ha tenido, cuánto ha costado esa atención y qué coste ha logrado facturar. En todo caso, de la documentación oficial se desprende que la queja de la empresa también afectó a la Fundación Jiménez Díaz, y no se circunscribió únicamente a los hospitales concesionados.

“Desde la Subdirección General de Aseguramiento se señala que en los registros de Cibeles se contempla si el ciudadano está asegurado o no y si es facturable o no, no existiendo duda si está en Cibeles”, se lee. “El problema se puede plantear si no está registrado”, sigue. “La FJD hace hincapié en aquellos que son traídos al Servicio de Urgencia por SUMMA o Policía y que son los que plantean problemas a la hora de la facturación”.

Una afirmación que llevó a los representantes del gobierno a hacer una precisión taxativa: “Desde el SERMAS se hace la consideración de que la atención urgente del ciudadano es obligatoria y posteriormente entra la consideración de si es facturable o no”.

Más dinero por la saturación de Atención Primaria. En 2023, los representantes de Quirón intentan justificar el reequilibrio de las concesiones (es decir, que se les dé más dinero para compensar gastos supuestamente inesperados) con el argumento de que la saturación de la Atención Primaria ha elevado la afluencia de pacientes a sus urgencias.

“Se manifiesta que hay otras circunstancias que también motivarían un reequilibrio y que se están estudiando, como es el incremento de frecuentación en atención especializada motivado por la falta de médicos en Atención Primaria, sobre todo en pediatría”, se dice. “El Director General de Operaciones Quirón Salud y Gerente Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz informa de que no se están cubriendo todos los puestos de pediatras y médicos de familia en los centros de salud y que ello produce saturación en los hospitales”, se argumenta. “(...) Cada vez se acentúa más la situación”, se recalca. Y se ejemplifica: “La frecuentación en urgencias ha crecido de forma exponencial sobre todo en el Hospital Universitario Infanta Elena [en Valdemoro], muy por encima de lo que era previsible cuando se adjudicaron las concesiones, y eso se debe a la insuficiencia de personal en atención primaria”.

Aumentar los precios que cobra la empresa. En varias ocasiones, los representantes de Quirón piden actualizar la orden de precios públicos de 2017 que regula parte de lo que factura. En 2021, por ejemplo, por “la aparición de nuevas técnicas y variación de la actividad”. Y en 2023, por “el trabajo realizado para la reducción de la lista de espera quirúrgica sin que se hayan actualizado los precios públicos de 2017, lo que está suponiendo un esfuerzo importante”.

Financiación de los sensores de glucosa. Estos aparatos permiten controlar a los diabéticos su enfermedad, al darles información en tiempo real. “Desde las concesionarias se señala que para ellas supone un gran desembolso”, señala una de las actas de las reuniones de los representantes de Quirón con la Comunidad, que defendió la prestación. “Desde la Viceconsejería se hace constar el bajo número de pacientes a los que se les ha facilitado el sistema de monitorización de glucosa en los hospitales de la Concesionaria, 15 dispositivos frente a 200 en otros hospitales de la red publica”, argumentó. E insistió: “Desde la Viceconsejería se aboga en favor del principio de equidad para los pacientes del Servicio Madrileño de Salud y el compromiso de facilitar a los pacientes la prestación más adecuada para su cuidado”.

Quirón no aclara cómo se solucionó el asunto.

Obras sin pagar. En distintas reuniones, los representantes de Quirón se quejan de que la Comunidad no les haya pagado las obras realizadas en dos centros de atención especializada que gestiona la empresa en Pontones y Quintana, y que realizó en 2017. La Administración siempre les da la razón. Pero nunca paga. Hasta que le obliga la justicia, que condena a la Comunidad a pagar 771.930,24 euros por las obras y 214.363,97 por intereses de demora y costas.

“El viceconsejero de gestión económica indica que estas circunstancias hay que evitar que se vuelvan a repetir y que sirva de ejemplo”, señala el acta, correspondiente a 2023. Desde entonces, la Comunidad no ha publicado ningún acta más. De ellas, una cosa queda clara: se discute cada euro.