Ferrovial pagó casi 600.000 euros a la asesoría de Montoro para acelerar el pago a proveedores

El 15 de marzo de 2012, Cristóbal Montoro, entonces ministro de Hacienda, participó en un foro organizado por la consultora Deloitte y la multinacional Ferrovial para explicar las reformas estructurales que, en plena crisis económica, planeaba el Gobierno del PP. Montoro dijo que el “primer objetivo” era que las administraciones públicas se pusieran al día en el pago a sus proveedores. “No es admisible que haya facturas sin pagar en los cajones”, dijo el dirigente del PP, que defendió una inyección de liquidez de 35.000 millones de euros para dinamizar la economía.

Para entonces, Equipo Económico —la asesoría que Montoro había creado en 2006 y de la que se desmarcó, al menos sobre el papel, dos años después— ya era una máquina de facturar a empresas de distintos sectores (gas, electricidad, renovables, juego...), que mediante esos pagos supuestamente buscaron reformas legislativas favorables, según ha acreditado la investigación del caso Montoro. Cuando el ministro habló en el foro de Ferrovial, la multinacional había contratado los servicios de Equipo Económico presuntamente para garantizarse un cambio en el modelo de contratación que adelantase los pagos de los ayuntamientos, según recalca un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario en abril de 2021.

Las sospechas sobre Ferrovial estaban encima de la mesa de la Fiscalía Anticorrupción desde cuatro años antes de este documento policial, en marzo de 2017, cuando un denunciante anónimo aportó datos sobre los negocios presuntamente ilícitos de Equipo Económico. La denuncia, según se ha comprobado después, bebía de buenas fuentes. Señalaba que, en diciembre de 2011, representantes de la empresa mantuvieron un encuentro con Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas. La empresa planteó su interés en un marco regulador más favorable y Beteta, según la denuncia, les sugirió que, si querían que la idea saliera adelante, “sería bueno contratar” a Equipo Económico.

La denuncia quedó ahí, varada, hasta que la investigación del titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, Rubén Rus, sobre los pagos de empresas gasistas al bufete de Montoro hizo que se analizara bajo una nueva luz. En el informe, al que ha accedido EL PAÍS, la Guardia Civil analiza los pagos de dos empresas del Grupo Ferrovial para, supuestamente, para “influir en el Gobierno”.

Entre 2012 y 2014, Ferrovial Servicios abonó 293.424 euros a Equipo Económico por supuestos informes de asesoramiento. Los investigadores señalan que, en realidad, se trataría del pago encubierto de comisiones para lograr las reformas deseadas por la multinacional. Y recuerdan que, ya en 2012, el Ministerio de Hacienda “aprobó con celeridad el plan de pago a proveedores”, que implicaba entre otras cosas que el Estado pagaría a cuenta las deudas de los ayuntamientos. En 2013, el Gobierno incidió en esas medidas: primero, con un decreto que ampliaba los ámbitos de aplicación (febrero) y, más tarde, con un conjunto de “medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas” (junio).

Los cambios y adaptaciones legislativas “en cuyo impulso podría haber participado Equipo Económico”, recuerdan los investigadores, “tuvieron un gran impacto y trascendencia”. La UCO señala también los pagos de otra empresa del Grupo Ferrovial, Cintra Servicios de Infraestructuras, por un total de 290.400 euros entre 2013 y 2014. “Se desconoce qué relación comercial podría deberse el abono de tales importes”, dice el informe, que señala que, en todo caso, empresas del Grupo Ferrovial pagaron un total de 583.824 euros a Equipo Económico.

La investigación del caso Montoro comenzó por la trama de las empresas gasistas, que abonaron grandes sumas a Equipo Económico con las que, supuestamente, lograron que se desatascaran dos reformas legislativas favorables a sus intereses: una bonificación del 85% en el impuesto eléctrico (2014) y una rebaja fiscal en el impuesto de actividades económicas. Los investigadores constatan que, lo que no lograron por los cauces legales (enmiendas, grupos de presión) lo consiguieron, en poco tiempo, una vez que contrataron a la asesoría. Hacienda aprobó aquellas rebajas, como explicó este diario, contra el criterio de los técnicos.

Montoro y otras 27 personas están imputadas, formalmente, por esa trama del gas por una ristra de delitos de corrupción. El sumario del caso, sin embargo, revela que empresas de otros muchos sectores (electricidad, renovables, juego, etcétera) recurrieron a la asesoría con idéntica finalidad. Según los cálculos de este diario a partir del desglose de cifras que aparece en el sumario, el total de empresas pagaron 11 millones al bufete de Montoro entre 2008 y 2015.

Ferrovial ha estado en el epicentro de otras investigaciones judiciales vinculadas a delitos de corrupción. La sentencia del caso Palau concluyó que la constructora Ferrovial-Agromán pagó a la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 6,6 millones de euros en comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública. Fèlix Millet y Jordi Montull, máximos responsables del Palau de la Música, institución emblemática de la cultura catalana, cobraron una comisión como intermediarios. La sentencia dio por probados esos pagos, pero absolvió a los dos directivos de Ferrovial encausados porque el delito de tráfico de influencias, en su caso, había prescrito.