El despacho de Cristóbal Montoro también cobró “comisiones” de eléctricas y renovables para “influir en las decisiones” del Gobierno del PP

Las empresas gasistas no son las únicas que presuntamente recurrieron a los servicios de Equipo Económico (EE), el antiguo bufete del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, para conseguir reformas legislativas favorables. También lo hicieron numerosas mercantiles del sector eléctrico y de las renovables, con la esperanza de que los pagos sirvieran para aprobar rebajas fiscales. Así consta en los informes de los Mossos d’Esquadra incorporados a las pesquisas, explican fuentes próximas a la investigación. Según sus estimaciones, las empresas en conjunto pagaron alrededor de 7,8 millones entre 2012 y 2015 (periodo en el que el PP estaba en La Moncloa); una cifra que asciende hasta los 11 millones si se amplía el periodo a 2008. Los investigadores concluyen que “Equipo Económico habría cobrado grandes cantidades de dinero en concepto de comisiones por su capacidad de influir en las decisiones de los poderes ejecutivo y legislativo” durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy. El despacho era “un mero vehículo para acceder al Ministerio de Hacienda”.

Los Mossos señalan que EE cobraba en concepto de asesoría para “dar apariencia legal a los ingresos”; subrayan que las gasistas no son las únicas involucradas; y constatan “una cierta habitualidad en la actividad presuntamente ilícita”. “Una pluralidad de sectores de actividad económica habría recurrido a la artimaña de contratar Equipo Económico para conseguir cambios normativos que beneficiasen sus cuentas de resultados”, concluyen sobre un despacho que iba “mucho más allá” de la actividad clásica de un grupo de presión. “Aprovecharon la estrecha colaboración con miembros del Gobierno” que participaban en el impulso de los proyectos de ley en una forma de proceder que califican de “execrable”. Los cargos públicos “se han estado beneficiando de su posición privilegiada para enriquecerse”.

Montoro y otras 27 personas (incluidos ex altos cargos del Ministerio de Hacienda) permanecen investigadas por orden del juez de instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, que acaba de levantar el secreto de sumario. La causa echó a andar en 2018, tras el hallazgo de unos correos electrónicos en el registro de una empresa gasista catalana, Messer Ibérica de Gases, que estaba siendo investigada por un delito contra el territorio. Un directivo de esa empresa había escrito a otro, en 2013: “La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”. El objetivo era, según manifestó en otro correo, “conseguir la reducción impositiva” por la que llevaban tiempo peleando.

Para los agentes, la claridad del correo no dejaba mucho margen de duda. Y su investigación acabó descubriendo que empresas agrupadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) abonaron casi 780.000 euros a EE, un despacho que había fundado tiempo atrás el propio Montoro. Fue el peaje que tuvieron que pagar, según el juez, para lograr la aprobación de al menos dos rebajas fiscales (una en 2013 y 2018, con Montoro como titular de Hacienda) que habían logrado por otras vías. En esos cambios normativos, “no parece que los miembros de los grupos del PP en el Congreso y el Senado argumentasen con coherencia”, apostillan los investigadores.

Los agentes vinculan directamente a la presunta trama con el PP y su vuelta al poder en 2011, cuando Mariano Rajoy aterrizó en La Moncloa tras ganar las elecciones. “Como en la época en que se desarrollaron los hechos el Gobierno de la nación había vuelto a ser ocupado por el PP, la situación parecía ser propicia para que Equipo Económico se hiciera cargo de dirigir las acciones necesarias para la consecución de los objetivos propuestos por las gasísticas”, ejemplifican los agentes.

Esa trama del gas es la que recoge el juez Rus en su auto, en el que imputa a Montoro y al resto de investigados por delitos de corrupción: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad.

Pero la investigación, que aún tiene numerosas piezas separadas y en secreto, va mucho más allá. En la primavera de 2019, a la luz de esos hallazgos, la Fiscalía Anticorrupción pidió que se incorporara a la causa una denuncia anónima que había recibido dos años antes. Allí se informaba de que “importantes empresas” se habían visto “obligadas a contratar” a Equipo Económico para “influir en decisiones gubernamentales”. La denuncia citaba a Ferrovial y a Abengoa. Si había ocurrido con las gasistas, ¿por qué no con empresas de otros sectores?

Puertas giratorias

Abengoa, ha constatado la policía, pagó 3,9 millones al bufete entre 2009 y 2015 en una relación que, según los agentes, iba “mucho más allá de lo contractual”. Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo Económico a la marcha de Montoro y ex secretario de Estado de Presupuestos, entró en el consejo de administración de Abengoa y es, además, hermano de Felipe Martínez, que había sido director de gabinete de Montoro. “Su contratación en Abengoa podría haber tenido como finalidad procurarse una conexión directa con el Ministerio de Hacienda”, sugieren los Mossos, que recuerdan que Abengoa “siempre ha estado cerca del poder político” y que, cuando el PP de Rajoy llegó al Gobierno, “se empezó a negociar la reforma energética”.

Montoro logró que el Gobierno “otorgara un tratamiento más suave del inicialmente previsto para las renovables”. Ello provocó, según los investigadores, que mientras la mayor parte del sector eléctrico “sufría” en bolsa, Abengoa “protagonizaba una subida espectacular” en 2014.

Más puestas giratorias aparecen en el caso de Solaria, que pagó 1,7 millones de euros y tuvo como secretario no consejero a Manuel de Vicente Tutor, que había estado en la Agencia Tributaria con Montoro como ministro y pasó también por las filas de Equipo Económico. De Vicente dejó Solaria en 2014, justo cuando concluyeron las relaciones comerciales entre el bufete y Solaria.

La facturación de Equipo Económico también fue alimentada por otras empresas energéticas: GDF Suez España (pagó 314.409 euros en cuatro años), Gamesa (803.200 euros en tres), Unión Española Fotovoltaica (90.800 euros), Telvent (569.586 euros) y otras dos patronales del sector de las renovables que se dejaron en conjunto otro medio millón de euros. Una quincena de empresas demandaron ayuda al despacho justo cuando España afrontaba una agria reforma energética que dividió al Gobierno popular y de la que salió vencedor el bando de Hacienda.

Otro cliente del despacho fue Red Eléctrica de España, gestora de las autopistas de la electricidad y con un 20% de participación pública. La sociedad, cuyos ingresos dependen de la regulación estatal, pagó facturas por 1,39 millones entre 2010 y 2015 a través de dos sociedades. Los Mossos concluyen en sus informes que la contratación de eléctricas a Equipo Económico cayó drásticamente cuando se redujo la remuneración estatal a las renovables.

Madrid Network, una asociación creada en 2007 por la Comunidad de Madrid para ayudar a empresas, pagó a EE 1,8 millones. En esa línea, la Fiscalía Anticorrupción ya denunció en 2017 a Equipo Económico por vender supuestamente su “posibilidad de interceder” ante “altos cargos públicos del Estado” para conseguir que se legislase en favor del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, pero un Juzgado de Madrid archivó esas pesquisas en 2019.