Cristóbal Montoro se da de baja como afiliado del PP tras ser imputado

El exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro se ha dado de baja de militancia del PP esta mañana, después de que ayer se conociera que ha sido imputado por supuestamente beneficiar a empresas gasistas mientras ocupaba esa responsabilidad bajo los Gobiernos de Mariano Rajoy, entre 2011 y 2018. El PP ha informado a última hora de esta mañana, además, de que el Comité de Derechos y Garantías había decidido anoche la apertura de un procedimiento de información relacionado con este caso, que ahora “queda en suspenso”, pese a que el partido no confirmaba antes, esta misma mañana, ese procedimiento interno que después sí ha revelado. La dirección popular se desvincula de este caso de corrupción que ha irrumpido de forma inoportuna para su estrategia de desgaste al PSOE por el caso Cerdán, mientras trata de restar importancia a la causa en la que han quedado bajo investigación, de un plumazo, dos cúpulas de Hacienda de Gobiernos del PP. “Aquí no hay mordidas o prostitutas”, ha argumentado en cambio el vicesecretario de Economía, Juan Bravo.

El PP afirma que “Montoro era el único afiliado” en el partido “de los cargos investigados” en la causa. Se trata de un total de 28 personas, entre las que la mayoría son altos cargos de la segunda etapa del exministro en Hacienda, entre secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, el director de gabinete del ministro y el director general de la Agencia Tributaria.

Fuentes de Génova sí admiten que uno de los imputados, Miguel Ferre, exsecretario de Estado de Hacienda, “ha podido asesorar a título individual” al PP de Alberto Núñez Feijóo, pero argumentan que lo ha hecho sin un cargo público o relación contractual con el partido. Ferre trabaja como responsable de Asuntos Públicos de la consultora Kreab desde octubre de 2020.

El PP trata de encapsular en el pasado la causa y de relativizarla, pese al volumen de las personas imputadas y su relevancia. El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha defendido en una entrevista en Antena 3 su “respeto a la justicia”, pero a renglón seguido ha atribuido la investigación judicial a una “causa que ya fue archivada”, aunque después su equipo ha matizado que lo ha hecho por error. Bravo también ha argumentado que “muchas de las normas” que el juez define como redactadas a la carta por las empresas presuntamente corruptoras a través del antiguo despacho de Montoro “siguen vigentes”, por lo tanto, según ha razonado, no deberían ser tan problemáticas.

El juez cree que las empresas se valían de las influencias de Montoro en el Gobierno para lograr reformas legislativas que les beneficiaban, pasando siempre antes por el despacho de abogados Equipo Económico (EE), ahora llamado Global Afteli, fundado por el exministro popular en 2006. Así habrían logrado la aprobación de al menos dos rebajas fiscales, en 2013 y 2018.

El actual referente de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha remachado: “Si hacemos un análisis amplio, yo creo que ustedes aquí no están oyendo hablar de mordidas, de prostitutas, de colocación de amigas, de cátedras que no existen”. Según el auto del juez, las compañías y la patronal AFGIM pagaron entre 2011 y 2019 un total de 779.705 euros a Equipo Económico para lograr las normas a la carta.

La dirección del PP ha utilizado además los casos que investiga la justicia en el PSOE o el entorno familiar de Pedro Sánchez para sostener que los socialistas no pueden pedirles explicaciones por este caso de corrupción. “El partido del marido de Begoña Gómez, del yerno de Sabiniano Gómez, del hermano de David Azagra, del jefe en el Gobierno de Ábalos y en el PSOE de Santos Cerdán se muestra preocupadísimo por la imputación de un ministro de hace siete años y que no tiene ninguna vinculación laboral con el PP”, ha defendido el vicesecretario popular Elías Bendodo. “No culparemos a Sánchez con el caso Filesa, sería bueno que el PSOE tuviera esa prudencia. El PP respetará las decisiones judiciales y veremos cómo evoluciona”. El escándalo Filesa explotó en los años 90, cuando la causa por la que se ha imputado a Cristóbal Montoro se prolonga presuntamente hasta 2018.