La Fiscalía pide cuatro años de prisión para el hermano del expresidente valenciano Ximo Puig

La Fiscalía de Valencia solicita cuatro años y 10 meses de prisión para Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig (PSPV), procesado junto a su socio, el empresario Joan Enrique Adell Bover, por presuntamente emitir facturas falsas para cobrar subvenciones de la Generalitat Valenciana y a la catalana entre los años 2015 y 2019 para el fomento del valenciano en medios de comunicación. El juzgado de Instrucción número 4 de Valencia dictó a principios de año un auto de procesamiento contra ambos, previo a la apertura de juicio oral tras una querella presentada por el PP en 2019.

El ministerio público atribuye a Francis Puig un delito de falsedad documental continuada en concurso con otro de estafa agravada. Para su socio Adell Bover, la Fiscalía pide tres años de prisión, tras imputarle también falsedad y delito de esfafa “por cooperación necesaria”, recoge la resolución de la fiscalía.

El origen de la investigación es una querella presentada por el PP en 2019 contra el entonces director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, y contra Francis Puig por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en las ayudas. A finales de ese año, los populares ampliaron la querella para incluir a Juan Enrique Adell, al considerar que el grupo empresarial familiar contribuyó al supuesto fraude de ayudas al valenciano con facturas duplicadas.

A principios de año, el juez instructor los procesó porque vio indicios de que ambos empresarios, Puig y su socio Adell, cometieron los presuntos delitos de estafa agravada y falsedad documental, y descartó el tercer tipo por el que se les investigaba, el fraude de subvenciones, ya que la cantidad supuestamente detraída de dinero público (67.500 euros) no supera los 120.000, que requería el tipo penal vigente cuando se produjeron los hechos.

Las ayudas bajo sospecha beneficiaron a las firmas Comunicacions dels Ports S. A. y Mas Mut Produccions S. L. (administradas por Francis Puig) y Canal Maestrat S.L. (ligada a Adell Bover). “La resolución detalla que ambas sociedades recurrieron a facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios y desarrollaron actividades no relacionadas con las subvenciones”, recoge la resolución.

El auto de procesamiento apuntaba a que Francis Puig recurrió a “empresas vinculadas, facturas duplicadas y cruzadas” para solicitar las ayudas bajo sospecha. La resolución analiza decenas de estos documentos supuestamente fraudulentos, que emitió su sociedad Comunicació dels Ports, una firma creada en 1998 dedicada a la gestión de televisiones locales y publicidad. “Francis Puig introdujo en la cuenta justificativa los datos de cuatro facturas duplicadas de Electra Energía”, indica el auto a modo de ejemplo de las anomalías investigadas.

La Fiscalía reclama para Puig, imputado desde octubre de 2019 en una querella ampliada en cuatro ocasiones, una indemnización a la Generalitat Valenciana de 58.866 euros y otros 51.825 a la Generalitat de Cataluña, como administrador de la sociedad Masmut Produccions SL.

En el Parlamento valenciano, los grupos políticos del PSPV y Compromís han instado a esperar a la petición del juez sobre la petición de Fiscalía de cuatro de años de prisión para Francis Puig, hermano del expresidente Ximo Puig, por la presunta comisión de delitos de falsedad documental y estafa en la obtención de subvenciones para empresas de comunicación. El portavoz socialista José Muñoz sí ha revindicado que la Administración valenciana durante la época del socialista Ximo Puig como presidente “ha tenido cero casos de corrupción”, algo que “no puede decir en ningún caso el Partido Popular”.

El PP ha insistido en exigir que se asuman “responsabilidades políticas” por parte del anterior gobierno del Botànic y Vox ha criticado que “quienes hablan de la unidad de la lengua recibieran subvenciones por el uso del valenciano y del catalán”.