El Gobierno se despide del Congreso por vacaciones con avisos de Podemos y Junts a su mayoría

En el último pleno de este inestable curso político, en el Congreso se registraron ocho votaciones sobre materias muy diversas, y el Gobierno perdió solo una. Pero no fue un varapalo cualquiera. El Ejecutivo aprobó hace algo más de un mes un decreto con una serie de medidas para reforzar el sistema eléctrico que se vio sobrepasado con el gran apagón del 28 de abril y este martes un extraño bloque de oposición optó por no convalidarlo en el Congreso, con lo que quedará ahora varado hasta nueva ocasión, ya tras el verano. PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro, Junts, Podemos, el BNG y un diputado díscolo de Sumar sumaron sus 183 escaños y votaron en contra y lanzaron así otro aviso para esta singular legislatura. Esa peculiar comunión no era hasta ahora una amalgama política normal, ni frecuente, más bien una alianza de malestares variados.

El decreto antiapagón pretendía poner en marcha algunas medidas para evitar un teórico nuevo apagón en todo el país tras lo ocurrido el 28 de abril, reforzar el sistema, darle más transparencia y reafirmar la apuesta por las renovables en un momento crítico donde los grandes capitales están dudando sobre si apostar por las energías verdes en España. Fuentes del sector y consultores expertos habían advertido de que si decaía el decreto se podrían esfumar alrededor de 3.000 millones de euros. No fueron razones suficientes. Había ganas de propinar algo más que un sopapo político al Ejecutivo tras un año de nuevo complejo en una legislatura enmarañada que no acaba de estabilizarse y ahora emponzoñada con acusaciones cruzadas sobre qué miembro del bipartidismo clásico es más corrupto.

El Gobierno de coalición del PSOE y Sumar se dio ahí de bruces contra el decreto antiapagón al recoger solo 165 votos. Luego, después de ocho horas y 40 minutos de sesión, ganó otras seis votaciones, algunas muy trascendentes para el funcionamiento de los servicios públicos, pero en la percepción de la Cámara quedó un sabor a derrota cuando el Ejecutivo se marcha de vacaciones con 42 leyes y decretos en su saca en los dos años que lleva de mandato.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, demandó en su exposición en defensa de la norma “responsabilidad y altura de miras” a todos los grupos y enfatizó que en la misma se habían introducido, con diálogo y consenso, la mayoría de las reformas contenidas en el informe de los expertos encargado tras el 28-A y muchas de las propuestas que le habían hecho llegar los grupos con los que se ha reunido en estas semanas. PP y Podemos se negaron a participar en esa ronda y a aportar ideas.

La formación de Alberto Núñez Feijóo justificó su oposición con que hasta el momento “no ha habido una sola dimisión o cese tras quedar el país sin electricidad durante 24 horas”. Los populares avanzan que presentarán su propia proposición de ley, en coordinación con las comunidades autónomas, “para garantizar las inversiones que nuestro país necesita en materia de energía” esperan ahí contar con el apoyo de la Cámara.

En el Gobierno confiaban en que la presión a su favor de las diferentes patronales, las industrias del sector y grandes grupos ecologistas ayudara a convencer a Junts y PP de que las reformas previstas eran buenas para evitar futuros apagones. No ocurrió así. El PP se reservó el sentido de su voto hasta el suspense final y solo el núcleo duro de Alberto Núñez Feijóo lo conocía, porque no se comunicó ni a otros miembros de la dirección ni por supuesto al resto de diputados, informa Elsa García de Blas. En la reunión del grupo parlamentario de este martes, la cúpula argumentó que todavía no se había decidido el voto para no informarles, y el PP solo hizo pública su decisión después de que se conociera que Junts también se iba al no. Los populares priorizaron ahí propinar una derrota parlamentaria al Gobierno.

El PP no desperdició la ocasión para rememorar que el Gobierno está en precario y que ya tuvo que retirar del pleno la llamada ley Bolaños de modernización y democratización de la justicia y la rebaja de la jornada laboral, que volverán tras el estío. Los populares concluyeron por todo ello y por los desmarques de algunos socios: “Pedro Sánchez no habrá conseguido ni uno solo de sus objetivos. La derrota es total”.

A Junts le fue de nuevo indiferente el asunto en disputa. Confirmó su rechazo a ese punto y a las entregas a cuenta de dinero para las autonomías, también a la catalana, porque su lema es que “no son un cheque en blanco” y se debe negociar en serio con ellos sobre todo: “Si se llega a un acuerdo, se cumple. Si se cumple, nosotros estamos. Cuando no quieren cumplir, ya se buscan los votos en otro lado”, explicó su portavoz, Miriam Nogueras, desde la tribuna. Fuentes de la formación lanzaron otro aviso al Gobierno para que se “ponga las pilas” para lograr que se aplique la ley de amnistía: “Que hagan lo que tengan que hacer”.

Podemos argumentó su negativa en que el Gobierno oculta algunas responsabilidades en el apagón del oligopolio de las grandes compañías energéticas, que cree que mandan más que el propio el Ejecutivo. A esa posición en contra se agregó durante el debate el diputado del BNG, Néstor Rego, al considerar que el decreto entrega más poder a las grandes eléctricas y ahonda en un modelo de transición energética “insostenible y al servicio del oligopolio”. Rego denunció que la reforma permitía a “las empresas decidir libremente dónde instalar parques eólicos, fotovoltaicos o hidroeléctricas reversibles, sin garantías ambientales ni participación social”. Un diputado de Sumar, Jorge Pueyo, de la Chunta Aragonesista, explicó su voto en contra en que el decreto “afianza la constante histórica de un Estado que viene cooptado por los intereses de las grandes eléctricas y porque di mi palabra de que siempre voy a defender Aragón por encima de todo”.

El diputado de EH Bildu, Mikel Otero, se encargó de replicar muchos de esos argumentos más que la propia vicepresidenta al alertar del “gran error de bulto” de tumbar unos cambios en perjuicio de “mucha gente” y defendió que se habían conseguido introducir muchas mejoras “efectivas en la buena dirección” en la negociación para el sector y para las renovables.

Lo que el PP sí refrendó y casi todo el pleno fue la convalidación con 308 votos a favor, 39 en contra y una abstención del real decreto aprobado por el Gobierno el 17 de junio para facilitar las entregas a cuenta a las autonomías para que puedan financiar los servicios públicos. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presumió de las millonarias cifras récord nunca aportadas hasta ahora en España (21.518 millones de euros más que en 2024) en esas entregas con el nuevo sistema de aportaciones que no requiere que las autonomías se endeuden mientras las esperan y lo desvinculó al hecho de no haber sido capaz por falta de apoyos de presentar ningún proyecto de Presupuestos Generales del Estado en toda la legislatura. Hacienda sostiene que está por la labor de tejer el techo de gasto previo e imprescindible para tramitar los Presupuestos de 2026.