El Congreso aprueba la reforma del reglamento que sanciona a agitadores ultra

El debate sobre la reforma del Reglamento del Congreso para terminar con determinados comportamientos de agitadores ultra que interrumpen en las ruedas de prensa, acosan a diputados y señalan a periodistas ha vuelto a evidenciar este martes el clima de enfrentamiento entre el bloque de investidura y las derechas de PP, Vox y UPN, con los incidentes racistas en Torre Pacheco muy presentes en cada intervención. El texto, que establece un catálogo de infracciones y sanciones, ha salido adelante este martes con 177 votos a favor y 170 en contra después de meses de polémica por las reiteradas trifulcas vividas en las instalaciones de la Cámara provocadas por pseudoperiodistas.

“Sánchez y sus socios extremistas tienen secuestrada la vida parlamentaria”, ha acusado la diputada popular Carmen Navarro, que ha calificado la reforma de ejercicio de “puro escapismo, una nueva huida hacia delante” de un “Gobierno autoritario que no permite la crítica”. “Esta reforma va de blindar a un Gobierno corrupto”, ha apostillado. “Les debería avergonzar pactar con todo lo peor de la política española”, ha echado en cara la parlamentaria en una línea similar a la del representante de Vox Jacobo González-Robatto Perote, que ha acusado al partido mayoritario del Ejecutivo de querer “expulsar a los periodistas que no se pliegan a los sobornos del PSOE”.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha sido el más contundente a la hora de interpelarlos. “¿Usted le habría retirado la credencial a un periodista que llamase a su portavoz ‘hija de puta’, como pasó hace dos años con Mertxe Aizpurua?“, ha contestado a Navarro. “Llaman brazo político de ETA a un partido democrático y que ganará seguramente las elecciones en Euskadi”, ha afeado al diputado de Vox en una defensa cerrada de EH Bildu.

“La derechita cobarde ampara la violencia, en Torre Pacheco y a diario en esta Cámara (...) la relación de PP y Vox con el escuadrismo mediático ha quedado evidente con esta reforma”, ha criticado también el parlamentario de Sumar Francisco Sierra. “Los que hoy claman la libertad de prensa son los que vetan a medios, prohíben preguntas… lo hace Vox sin esconderse y el PP con más cuidado. No están para dar lecciones", ha sentenciado el socialista Joaquín Martínez Salmerón, que se ha referido también a los discursos que han alentado los enfrentamientos en el pueblo murciano.

La más dura contra los agitadores ultra ha sido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, al calificarlos de “sicarios mediáticos” y señalar que deberían ser juzgados en la Audiencia Nacional. “Son los pringados de los fascistas, pero hacen el trabajo sucio y eso es muy peligroso”, ha dicho antes de defender que Torre Pacheco es un pueblo “acosado por el periodismo racista de extrema derecha”. “Dentro de esta Cámara, se les acabó la fiesta”, ha concluido también Jon Iñarritu, de EH Bildu, en un juego de palabras que alude al partido de extrema derecha de Alvise Pérez.

La reforma del Reglamento establece tres categorías de infracciones ―leves, graves y muy graves― con sus correspondientes sanciones, que abarcan desde un simple apercibimiento e incluso una suspensión de la credencial de diez días, hasta la revocación definitiva de la misma.

Entre los supuestos recogidos en las infracciones leves se encuentran la omisión de información requerida en la solicitud de la credencial y el acceso a espacios de uso común del recinto parlamentario ajenos a los acotados para los representantes de los medios sin autorización previa. Entre las graves, están la “grabación de imágenes o audios sin permiso de la Cámara” o fuera de los espacios habilitados para ello; “el acceso a espacios reservados” como despachos o la “interrupción del orden” de las ruedas de prensa. Como muy graves se consideran, por ejemplo, la “falta de respeto” o a “las reglas de cortesía frente a otras personas”, “proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad” de otros; la grabación de imágenes o audios mediante el uso de dispositivos ocultos o en los despachos de los miembros de la Cámara y en las zonas reservadas a los grupos; e interrumpir el orden de las sesiones parlamentarias.

Los expertos jurídicos del Congreso ratificaron en su informe hace unas semanas que la reforma es legal y constitucional, pero aportaban correcciones para asegurar que fuese también proporcionada. Estas modificaciones se introdujeron en Comisión la semana pasada. Una de las enmiendas aprobadas busca restar arbitrariedad a la reforma al suprimir de las infracciones graves y muy graves un punto que penalizaba “cualesquiera comportamientos que perjudiquen gravemente la actividad de la Cámara o el trabajo de otros representantes de los medios de comunicación”.

Además, el texto final ha incorporado la prescripción de las infracciones y de las sanciones, en línea con lo solicitado por los letrados del Congreso. El reglamento establece que las infracciones muy graves prescribirán a los seis meses, las graves a los tres y las leves al mes.

Las sanciones las impondrá la Mesa, previo informe de un órgano que se crea con la reforma: el Consejo Consultivo de Comunicación. En él estarán representantes de todos los partidos y de las asociaciones profesionales.

El cambio también incluye una ampliación de los supuestos para conceder el voto telemático a los diputados, como la necesidad de cuidar al cónyuge o pareja de hecho y familiares hasta segundo grado.

La Cámara pierde su apellido

Con el respaldo de la mayoría de investidura, el Congreso también ha aprobado este martes otra reforma del Reglamento que propone su reescritura para adaptarlo a un lenguaje inclusivo. En esta nueva versión, el texto se refiere a la Cámara baja solamente como “Congreso” y no como “Congreso de los Diputados”. La modificación, sin embargo, no supone un cambio de la denominación oficial, para lo que sería necesario enmendar la Constitución española, donde aparece recogido el nombre completo.

El texto que se aprueba este martes desdobla el masculino y el femenino para referirse a “presidente o presidenta” y “diputado o diputada”. En su exposición de motivos, los proponentes argumentan que la reforma busca “eliminar expresiones o estructuras lingüísticas que excluyan o invisibilicen a ciertos grupos, como son en este caso las mujeres”. “Las mujeres representan más de la mitad de la población y el uso del masculino genérico en cualquier tipo de texto, incluidos los de tipo legal, las coloca en una posición de insignificancia”, argumenta.