Reglas para que los periodistas puedan incomodar

¿Qué pasa con los periodistas del Congreso? ¿Qué follones se producen en la sala de prensa, en los pasillos y en el patio? ¿De verdad que los periodistas quieren quitar la credencial a otros periodistas? ¿Cómo es posible que algunas personas tengan tales credenciales y puedan entrar en la Cámara Baja? Estas preguntas se han instalado en la opinión pública, en tono de reproche, estupor o extrañeza. No tienen respuesta fácil.

Hostigados e insultados por individuos con acreditación para entrar a las Cortes, los profesionales que desarrollan su trabajo allí llevan ya cuatro años expresando su malestar. Paradójicamente, y para su consternación, las víctimas —la inmensa mayoría de los periodistas— ven cómo ante parte de la opinión pública se convierten en verdugos y cómo tienen que oír que son ellas las que ponen en peligro la libertad de expresión. Nada más lejos de la realidad.

La petición de amparo a las asociaciones profesionales (APP, APM, FAPE) y los manifiestos de protesta han sido durante mucho tiempo la única opción que tenían a mano. Desde febrero, las autoridades del Congreso de los Diputados (y una mayoría de grupos parlamentarios) tomaron cartas en el asunto. Finalmente, el propósito de establecer “requisitos para garantizar el derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara”, así como la exigencia de respeto y cortesía dentro del Congreso, se reflejará próximamente en una reforma del Reglamento.

Por fin, habrá normas, tan demandadas por los periodistas y tan necesarias. Quien no conozca la realidad del día a día en el Congreso puede legítimamente desconfiar de cualquier norma restrictiva que afecte a la información, pero estas son claramente necesarias. Y lo son porque un grupo minúsculo, alejado de cualquier norma deontológica y sin el menor rasgo de periodismo (comprobable por el producto que vuelcan en sus vídeos) perturba e impide realizar el trabajo a los profesionales.

El modus operandi de los perturbadores es sencillo y eficaz: con sus intervenciones broncas, y con simulacros de preguntas que incluyen juicios de valor de alto voltaje, no esperan una respuesta sino grabar la escena. A continuación, el político puede plantarles cara o marcharse. En todo caso, la rueda de prensa se vuelve imposible y los periodistas no pueden hacer su trabajo. Además, acompañan su acción con insultos a los periodistas del Congreso, coreados en las redes sociales por multitud de adeptos de extrema derecha. Según ellos, solo estos agitadores son periodistas en medio de una banda de “siervos del poder”. No les faltan seguidores —esa es una realidad inquietante— prestos a difundir las hazañas de ese supuesto periodismo “valiente”.

Está claro que las exigencias de respeto, decoro y el rechazo a conductas indeseables no pueden contradecir la libertad de expresión ni el derecho a la información y el de difundirla. Pero lo que ahora ocurre es que los periodistas ven limitada, boicoteada y hasta imposibilitada su obligación de obtener información y ofrecerla a la sociedad.

Las asociaciones han lamentado que una demanda tan sentida como la de que se permita trabajar a los profesionales con normalidad no haya tenido el respaldo de todos los grupos parlamentarios. El PSOE dio el primer paso y entabló conversaciones con todos los grupos. Una mayoría convino en la necesidad de reglas de convivencia. La decepción de los informadores llegó cuando se supo que el PP y VOX iban a oponerse a esta reforma. El rechazo se justifica porque, según ellos, se trata de una tropelía del Gobierno y sus socios para expulsar a quienes hacen preguntas “incómodas”. Esta conclusión, tan errada como injusta, es un duro golpe para los periodistas de medios de la más diversa línea editorial que desarrollan diariamente su tarea en las cámaras. También es ofensivo. Los periodistas parlamentarios cumplen con su obligación e incomodan a los políticos todos los días, sin necesidad de recurrir al acoso, la grosería o la mala educación. La reforma del Reglamento se producirá el próximo 22 de julio y, a partir de ahí, una resolución de la presidencia del Congreso establecerá el procedimiento para el cumplimiento de las normas.

Hace cinco meses todas las asociaciones profesionales suscribieron un manifiesto tras el boicot a una conferencia de prensa, otra más. “Los periodistas que trabajamos en el Congreso sufrimos descalificaciones, insultos y señalamientos por parte de personas acreditadas que trabajan junto a nosotros y no respetan unas elementales normas de convivencia. Incluso nos amenazan con dar a conocer nuestros domicilios”. Este es un pasaje del documento firmado y leído en una concentración de casi 90 periodistas el pasado 21 de febrero en la escalinata del Congreso, sin llamamiento previo: solo los que esa mañana estaban en la Cámara Baja, los muy habituales. Simplemente pedían que se les deje trabajar. Y hacer preguntas incómodas.