Civismo informativo en las Cortes

Una vez más, los malos modos de un agitador ultra han vuelto a interrumpir el trabajo de los periodistas en el Congreso de los Diputados. Dotado de una acreditación en vigor, Bertrand Ndongo interrumpió este martes la rueda de prensa de la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, exigiéndole a voces un pronunciamiento sin respetar el turno de palabra e impidiendo el trabajo de los periodistas que esperaban poder hacer sus preguntas. Ante la imposibilidad de seguir la comparecencia con normalidad, los profesionales se retiraron de la sala y no acudieron en persona a más ruedas de prensa ese día, aunque, por supuesto, cubrieron la información.

No es la primera vez que incidentes de este tipo suceden en la sala de prensa del Congreso. Protegidos por la acreditación, varios agitadores ultras se hacen pasar por periodistas y se dedican a crear contenido supuestamente escandaloso para sus plataformas desde las cámaras, donde hacen gala de una agresividad que no solo tiene como objetivo a los diputados, sino también a los informadores que cubren la crónica parlamentaria. En febrero pasado, 80 profesionales de los más diversos medios se concentraron en la Carrera de San Jerónimo para protestar contra esta inaceptable situación, que coarta seriamente el derecho a la información de los ciudadanos.

El próximo martes, la Mesa del Congreso se reúne para iniciar el trámite de la reforma del reglamento, pedida en reiteradas ocasiones por las asociaciones profesionales. Lo hace inspirada por otros países europeos y limitada por una sentencia del Tribunal Supremo que delimita los términos por el que el Parlamento puede otorgar o no acreditaciones de prensa. El ejercicio de la información parlamentaria se sostiene en el respeto mutuo entre políticos e informadores y entre estos últimos. Comportamientos como los de estos agitadores suponen una violación de las normas profesionales, y los reglamentos parlamentarios (no solo el del Congreso) han de sancionarlos en consecuencia.

Sin embargo, ni siquiera esta mínima exigencia de civismo ha servido para convencer a Vox y PP. La respuesta de la formación de Santiago Abascal era de esperar. Su agresividad con los medios que no comparten su línea política es una constante desde su fundación, algo que llegó a su paroxismo en enero cuando incitó a agredir a periodistas “de izquierdas”. Pero que sea esperable no significa que sea aceptable. La actitud del PP es más incomprensible. Su portavoz, Miguel Tellado, ha hecho suyo el argumento de Vox de que lo que molestan de los agitadores ultras son “las preguntas incómodas”. Una declaración que es casi un desprecio profesional teniendo en cuenta que él mismo ha sido objeto de numerosas preguntas incómodas sin faltarle al respeto.

El Parlamento es la sede de la soberanía del pueblo español y símbolo máximo de su democracia. Exigir un comportamiento digno en sus instalaciones es una mínima obligación cívica que nada tiene que ver con la orientación ideológica. Corresponde a todos los grupos parlamentarios dar las herramientas a la Mesa para que la hagan cumplir.