El Congreso impulsa la reforma para expulsar agitadores ultras con el voto en contra de PP y Vox

La mayoría del Congreso ha aprobado este martes — 176 a favor y 170 en contra― una reforma de la ley con la que se regula el funcionamiento en la Cámara para acabar con el creciente número de incidentes provocados por agitadores ultras acreditados como periodistas.

La reforma cuenta con el voto a favor de todos los partidos menos PP y Vox, que acusan a la Mesa de la Cámara y las asociaciones que representan a los periodistas que trabajan en el Congreso de “censurar o coartar” la libertad de expresión. Portavoces del PSOE, Sumar, ERC, PNV, Junts, EH Bildu, Podemos y BNG han asegurado que con la fijación de unas normas básicas de conducta y las respectivas sanciones a los que las incumplan persiguen asentar los valores de la democracia y sus instituciones.

El portavoz del PSOE, Patxi López, enumeró los graves incidentes, provocaciones y acoso que insistió llevan sufriendo desde hace dos años numerosos diputados de partidos de izquierdas y periodistas de prácticamente todos los medios de comunicación acreditados en la Cámara. López contó algunos ejemplos de esas prácticas, que al principio eran aisladas, pero que con el tiempo se han ido generalizando y que esos agitadores ponen en práctica ya todas las semanas que hay sesiones en el Congreso.

Esas acciones van desde increpar a los portavoces y sus jefes de prensa por no darles turno de palabra, abrir entonces por su cuenta los micrófonos, increparlos, insultarlos, editar sus respuestas para señalarlos, perseguirlos con cámaras y móviles por el patio, en las mediaciones del Congreso y hasta cuando pasean con sus hijos. Casos siempre relacionados con partidos o gobiernos de izquierdas.

Las actuaciones de pseudoperiodistas acreditados con webs, en muchos casos, de muy escasa difusión, pero que disfrutan de publicidad institucional de administraciones controladas por los partidos de la derecha y ultraderecha, han degradado el clima parlamentario y el trabajo de los periodistas acreditados, que llevan meses protestando sin ningún éxito. La Asociación de Periodistas Parlamentarios ha intentado desde el inicio de la legislatura reclamar alguna corrección al respecto, incluso a la Presidencia y el departamento de comunicación del Congreso, con poca atención de los partidos ante el temor de que se les acusase de intentar controlar la libertad de prensa. El aumento de los incidentes y la proliferación de esos activistas ha cambiado esa posición.

Hasta siete partidos presentes en el Congreso acordaron en marzo plantear una reforma del artículo 98 del Reglamento para frenar esa deriva y corregir esa situación anómala. Ese texto es el que se debatió y tomó en consideración este martes y el que podría entrar en vigor en apenas dos meses, con el objetivo de que esté en marcha en este periodo de sesiones que acaba en junio.

El texto establece tres categorías de infracciones ―leves, graves y muy graves― y tres de sanciones equivalentes, que van desde una suspensión de la credencial por diez días hasta seis años. Las infracciones pueden ir desde “interrumpir el orden” en las conferencias de prensa, acceder a espacios acotados de la Cámara o grabar imágenes en lugares no permitidos hasta las que tendrían un castigo más elevado, entre ellas “la falta de respeto o a las reglas de cortesía frente a otras personas en el recinto parlamentario”, como “los insultos o atentar contra la dignidad” de otros. Las sanciones las impondría la Mesa, previo informe de un órgano de nueva creación, el Consejo Consultivo de Comunicación, en el que estarán representantes de todos los partidos y de las asociaciones profesionales.

El debate de la reforma legal se redujo así a una confrontación entre los partidos que entienden que esos comportamientos maleducados de activistas ultras socavan la labor de la prensa y, por tanto, la calidad de la democracia y sus instituciones, algo en lo que coincidieron todas las fuerzas de la mayoría parlamentaria de la investidura, y la postura en contra de PP y Vox, que volvieron a achacar el proyecto a otro intento del Gobierno de Pedro Sánchez por controlar a la prensa libre y tapar así sus problemas y acusaciones de corrupción.

El socialista López admitió que llegaban un poco tarde a este intento de “proteger la democracia y la libertad de los periodistas”, algo que le reprobaron algunos socios habituales. Maribel Vaquero, del PNV, subrayó que el respeto a la información veraz y las reglas de juego es algo que debe incumbir a todos y apuntó a tomar nota de otro asunto pendiente, el del comportamiento inaceptable de los propios diputados en muchos debates. Desde Podemos, Javier Sánchez Serna, se quejó de que el PSOE no se haya puesto a tomar cartas en los “hostigamientos de los peleles de la extrema derecha” hasta que no les ha tocado a ellos y arremetió contra sus recurrentes referentes mediáticos de referencia de esos sectores ultras.

Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, a la que uno de esos agitadores llegó a llamar “hija de puta”, apeló a que desde el PP no se normalicen esos acosos. El portavoz de Junts, Josep Maria Cervera, respaldó la iniciativa, pero avisó de que se ponga en marcha con “cirugía fina” para no limitar en ningún caso la libertad de expresión. Gabriel Rufián, de ERC, contrapuso con ejemplos la evidencia de cómo esos pseudomedios y webs obvian a los responsables de gobiernos del PP y Vox cuando tienen que afrontar desde graves tragedias a sus escándalos, o el drama de los asesinatos de miles de niños por Israel en Gaza, y cómo les persiguen a ellos con sus hijos hasta cuando pasean por los parques. Rufián les llamó “canallas y malnacidos”.

Vox y PP no entraron a discutir nada de todo eso. El portavoz de la formación ultra, Andrés Alberto Rodríguez, redujo el objetivo de la medida a una “intolerable censura previa y una extralimitación del Congreso en un intento de restringir la libertad de expresión” consagrada en el artículo 20 de la Constitución del PSOE, “que ha quebrado la democracia del país”.

La portavoz popular, Macarena Montesinos, no se quedó atrás y en esa línea imputó a Sánchez ese intento de controlar a la prensa no afín “por su triple corrupción familiar, de su partido y de su Gobierno”. Fue así como responsabilizó al PSOE, entre otras cosas, de “entrar en una guerra con Prisa” en referencia a la decisión de la empresa editora de EL PAÍS de no optar a la nueva licencia de televisión que prevé convocar el Gobierno. Montesinos intentó modular su rechazo al cambio legal al matizar que el PP “no justifica ningún insulto o comportamiento inadecuado”, pero defendió que estos podrían corregirse si actuase simplemente la presidenta, Francina Armengol, que, sin embargo, con el actual reglamento en la mano no tiene instrumentos para aplicar sanciones o retirar acreditaciones a los agitadores ultras.