Los letrados del Congreso avalan con sus precisiones las sanciones a agitadores ultras

La reforma del Reglamento del Congreso encaminada a frenar y terminar con los comportamientos perturbadores de agitadores ultras contra políticos y periodistas en las instalaciones de la Cámara baja continúa su curso, con el objetivo de salir adelante en el pleno de la semana que viene, y ahora con el aval técnico que han proporcionado las precisiones de los letrados de las Cortes. Los expertos jurídicos del Congreso han elaborado un informe en el que ratifican que la reforma es legal y constitucional pero aportan correcciones para asegurar que sea también proporcionada. El PP intentó meter una serie de enmiendas para controlar más los tiempos sobre sus iniciativas bloqueadas en el Congreso y sobre las que remite desde el Senado, pero fueron rechazadas.

El informe de los letrados de la Cámara baja, suscrito por el secretario general, Fernando Galindo, y otras dos letradas de la comisión respectiva, recuerda que con la reforma del artículo 98 del Reglamento del Congreso lo que se persigue es dar respuesta a una demanda “ampliamente compartida no solo por periodistas parlamentarios sino también por el conjunto de la profesión periodística” que se dedica a la labor parlamentaria y que durante la presente legislatura está “viendo perturbado gravemente el ejercicio de su derecho la información por otras que, pese a estar acreditadas por la Cámara como profesionales de la comunicación, se dedican a intimidar, faltar al respeto y dificultar sistemáticamente la labor de los y las periodistas que defienden que no se obstaculice el trabajo informativo en el Parlamento”.

El trabajo de los letrados reseña así que ante esa situación diferentes colectivos de periodistas han solicitado “que el Congreso adopte las medidas necesarias para evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo, sin que ello conlleve, en absoluto, limitar, restringir o menoscabar el derecho de los medios de comunicación de obtener y difundir información veraz para la ciudadanía”.

En el informe los letrados precisan lo delicado de regular cualquier limitación individual o colectiva del derecho consagrado en la Constitución a la libertad de expresión, y muy específicamente que esas limitaciones sean “proporcionadas”, pero concluyen que en este caso es pertinente que la reforma tenga rango de ley y remarca: “La regulación del ejercicio de la actividad periodística en la sede del Congreso de los Diputados en aras de un desarrollo ordenado de las actividades noticiables puede considerarse un fin constitucionalmente amparado por el art. 20.1 a) y por el art. 23″.

Sobre la proporcionalidad de los castigos y sanciones previstos ahora en la reforma, los letrados sí indican que “requiere de una aplicación restrictiva del procedimiento sancionador, que evite reprender conductas en las que no resulte patente que el representante del medio de comunicación está incumpliendo los cánones de conducta exigibles a las personas acreditadas en la Cámara”. Los letrados recomiendan ahí que la Mesa de la Cámara, que será la que asuma esa potestad sancionadora tras tener en cuenta la posición no vinculante de un órgano consultivo que se creará y en el que estarán representados los periodistas, haga un uso de esas facultades de una manera más concreta de “las actuaciones que son o no admisibles en el recinto parlamentario”.

Una de las consideraciones que prescriben los letrados tiene que ver con un comportamiento habitual en la mayoría de las ruedas de prensa que se organizan en el Congreso y en las que esos agitadores ultras suelen interrumpir a los portavoces políticos, saltarse los turnos de palabra solicitados por los periodistas e intentar provocar debates con los representantes políticos con consignas sobre asuntos polémicos para luego viralizar sus intervenciones, manipuladas, en las redes sociales. Algunos grupos parlamentarios han optado por controlar a través de sus responsables de prensa los micrófonos y facilitar a los periodistas directamente para soslayar esas provocaciones. Muchas veces sin éxito.

Los letrados del Congreso entienden que esas “instrucciones dadas por el personal de los grupos parlamentarios tienen que limitarse a ordenar el funcionamiento de las ruedas de prensa y las atenciones a medios” y que “no podrán tratar de condicionar de ninguna forma la conducta de los representantes de los medios de comunicación, pues semejante condicionamiento podría afectar negativamente al contenido de la libertad de prensa antes expuesto”. Es decir, que solo “deben limitarse a determinar qué periodista puede hacer uso de la palabra y por qué orden”, que es exactamente lo que ya sucede ahora. Y para la fijación de sanciones y hasta exclusiones de la acreditación, los expertos jurídicos del Congreso proponen mayor precisión.

Al PP, en cualquier caso, como a Vox, no le parece adecuada esta reforma y no la apoyó en los primeros debates, tampoco este lunes en la ponencia, ni lo hará el jueves en la comisión ni la semana que viene cuando se apruebe, por mayoría, en el pleno. Los populares registraron un total de 28 enmiendas y la mayoría (24) fueron rechazadas, porque creen que la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, sigue las imposiciones de Pedro Sánchez para amordazarles. En las enmiendas del PP descartadas, y que no tienen nada que ver con las actuaciones en las Cortes de los agitadores ultras, lo que requerían eran medidas para agilizar el calendario de sus propuestas e imponer una serie de límites a las prórrogas y demoras que muchas veces ahora aprueba la mayoría de la Mesa a iniciativas y leyes que los populares propugnan, en el Congreso y el Senado, o a cómo debería organizarse el debate anual de la nación.